En su cruzada contra el déficit, el Gobierno busca una ley que castigue con cárcel el gasto sin respaldo

El Gobierno avanzó con la "Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", un proyecto surgido del Consejo de Mayo y orientado a establecer un marco estricto que asegure el equilibrio de las cuentas públicas en todos los niveles del Estado. La iniciativa plantea que la Nación, las provincias y los municipios deberán mantenerse dentro del sendero de equilibrio financiero para evitar cualquier desvío del resultado fiscal.

El texto señala que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar siempre un resultado equilibrado o con superávit. Además, especifica que "queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario", una definición que busca impedir que el Congreso apruebe previsiones con números en rojo.

Mecanismos de ajuste ante desvíos fiscales

En caso de que la ejecución presupuestaria muestre caídas en los ingresos o incrementos en los gastos que comprometan el cumplimiento de la regla fiscal, el proyecto prevé un mecanismo de ajuste. En ese contexto, el Jefe de Gabinete podrá aplicar recortes y modificaciones para restablecer el equilibrio, siempre después de presentar un Informe de Sustentabilidad Fiscal.

Las reducciones deberán dirigirse primero a aquellas partidas que no cuenten con una ejecución mínima establecida por ley. A la vez, se endurecen las limitaciones para los funcionarios, ya que se determina que "ningún funcionario de la Administración Pública Nacional podrá asumir compromisos de pago ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos" que no estén aprobados en el presupuesto vigente. También se ordena que el Poder Ejecutivo se abstenga de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gastos primarios.

Cambios en los requisitos legislativos

En el plano legislativo, la norma incorpora el Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, obligatorio para cualquier iniciativa que genere gastos, altere recursos o modifique el funcionamiento financiero del sector público. Ese informe deberá detallar los efectos de la medida y precisar qué fuente de financiamiento permitirá mantener la consistencia con la regla fiscal.

Asimismo, el proyecto incorpora la figura de "Vigencia Diferida" para las leyes que determinen gastos no contemplados en el presupuesto. Según el texto, esas disposiciones solo tendrán efecto cuando sus partidas sean incluidas expresamente en la próxima ley presupuestaria, salvo que la propuesta provea "recursos concretos, específicos, actuales y suficientes" para sostener su aplicación.

Nulidades y sanciones penales

La iniciativa también incluye un capítulo dedicado a nulidades y sanciones penales. Por un lado, define que cualquier norma que infrinja las reglas fiscales será considerada nula "de nulidad absoluta e insanable". Por otro lado, suma dos figuras al Código Penal destinadas a penalizar a los funcionarios que incumplan estas disposiciones.

La primera es la Sanción Penal por Gasto Irregular, que establece penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para quien modifique o incremente gastos sin contar con los recursos previstos y acreditados en el presupuesto. La segunda es la Sanción Penal por Emisión Irregular, que fija tres a diez años de prisión, también con inhabilitación absoluta, para cualquier integrante del Banco Central que ordene, autorice o ejecute emisión monetaria en violación de su Carta Orgánica.

En ambos casos, el objetivo del texto es evitar la ruptura de la regla fiscal y de la regla monetaria, consideradas pilares para sostener un esquema de equilibrio en las cuentas públicas.