Escándalo en la Justicia de Santa Cruz: piden frenar un aumento que llevaría sueldos judiciales hasta $24 millones
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El Poder Judicial de Santa Cruz atraviesa una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años luego de que un sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobara un esquema de aumentos salariales que podría llevar los ingresos de algunos magistrados a cifras cercanas a los $24 millones mensuales hacia octubre de 2026. La decisión, tomada en medio de la feria judicial y sin consenso pleno del cuerpo, generó un fuerte rechazo del Gobierno provincial, de los sindicatos y del propio presidente del tribunal.
Este miércoles, a primera hora de la mañana, el presidente del TSJ, Daniel Mariani, ordenó formalmente que el Poder Judicial se abstenga de liquidar el incremento salarial dispuesto por el sector del tribunal encabezado por la vocal Renée Fernández. La instrucción ingresó al sistema informático del organismo y fue dirigida al área de Administración General, con el objetivo de impedir la aplicación inmediata del aumento.
Mariani sostuvo que la resolución es "inexistente y carente de toda validez", ya que —según explicó— fue adoptada sin contar con la mayoría mínima requerida del cuerpo. En ese sentido, advirtió que el incremento salarial se aprobó sin el aval del pleno del tribunal y en un contexto institucional altamente irregular.
La resolución que aprobaba el aumento, firmada el 30 de diciembre de 2025, establece incrementos salariales escalonados que acumulan subas de entre el 38% y el 42% hasta octubre de este año. Según estimaciones oficiales y gremiales, el esquema implicaría aumentos de hasta 7 millones de pesos por magistrado en menos de un año.
Un Tribunal dividido y con doble comando
La controversia dejó expuesta la profunda fractura interna que atraviesa el Poder Judicial santacruceño. La crisis se remonta a agosto del año pasado, cuando la Legislatura provincial aprobó una ley para ampliar el TSJ de cinco a nueve miembros. Esa decisión fue desconocida por cuatro de los vocales originales del tribunal, cercanos al kirchnerismo, que se negaron a reconocer a los nuevos jueces designados por el gobernador Claudio Vidal.
Actualmente, el tribunal funciona con un doble comando: por un lado, el sector encabezado por Mariani, que reconoce la ampliación del cuerpo, y por el otro, los jueces que declararon inconstitucional esa ley y continúan actuando como si el TSJ tuviera solo cinco integrantes. Esa declaración de inconstitucionalidad ahora deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Quiénes firmaron la resolución cuestionada
El aumento salarial fue aprobado y firmado por los jueces Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. La resolución no fue avalada por Mariani ni contó con la participación de los cuatro nuevos vocales designados por el Ejecutivo y la Legislatura.
Durante meses, ese mismo sector del tribunal se había negado a pagar los sueldos de los jueces incorporados tras la ampliación, lo que agravó aún más el conflicto institucional y profundizó la parálisis interna del máximo órgano judicial de la provincia.
En los fundamentos de la resolución, los magistrados sostuvieron que el incremento salarial responde a criterios de "equidad" y "razonabilidad", y señalaron que los salarios judiciales no pueden alejarse de forma "grosera" de los que perciben jueces de otras provincias o del ámbito federal.
Para respaldar su postura, citaron fallos de la Corte Suprema vinculados a la intangibilidad salarial y a la independencia del Poder Judicial, y aseguraron que el aumento estaba contemplado en el anteproyecto del Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.
El duro rechazo de ATE al "salariazo"
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió con dureza la medida y la calificó como un "salariazo auto otorgado" por la cúpula judicial. Según el gremio, el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual, con salarios que superarían los 21 millones de pesos mensuales.
"Los jueces se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia", denunció el sindicato en un comunicado. Además, cuestionó que los magistrados no tributen Impuesto a las Ganancias y habló de una "casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo".
El pedido para frenar los fondos para el aumento de sueldo
ATE exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar el aumento salarial. "Los recursos públicos deben priorizar la recomposición salarial de las y los trabajadores estatales y atender las urgencias sociales", sostuvo el gremio.
La polémica por los sueldos judiciales suma así un nuevo capítulo al enfrentamiento entre los poderes del Estado en Santa Cruz, en un escenario de alta tensión política e institucional y con la definición final de la ampliación del Tribunal Superior aún pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.