AFA Gate: la embestida judicial de "Chiqui" Tapia, una fecha clave y dos testigos con identidad reservada

La revelación de los casos de corrupción vinculados con la AFA, que estallaron desde el escándalo de Sur Finazas, que se relacionarían con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, generó un fuerte impacto interno entre los clubes y la sociedad, pero la mayoría de los clubes por ahora optó por el silencio.

Pero por lo que pudo saber iProfesional, ambos -en una especie de demostración de fuerzas contra la justicia y el Gobierno, preparan un gran acto para el 7 de marzo en el predio de Ezeiza-, al que invitarían a unos 5.000 representantes del Consejo Federal del Fútbol Argentino, que nuclea 254 ligas del interior y cuya presidencia está a cargo de Tovigino.

Pero Tapia no se frena. Este martes denunció a los dirigentes de la Coalición Cívica que hicieron la denuncia por la compra de la mansión de Villa Rosa.

Claudio "Chiqui" Tapia denunció extorsiones ligadas al millonario negocio de las fotomultas

Según sostiene Tapia en su denuncia, "se trató de una operación mediática judicial montada como represalia luego de que se negara a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas".

El escrito fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro y la UFI N° 3 del mismo departamento judicial, en el marco de la causa "Yofe, Matías s/Extorsión". Allí, Tapia, patrocinado por el abogado Gregorio Dalbón, aseguró que la denuncia por la vivienda de Pilar no fue el origen del conflicto, sino la consecuencia de una secuencia previa de presiones, amenazas y advertencias que, siempre según su versión, comenzaron cuando ejercía funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

De acuerdo con la declaración de Tapia, el punto de partida fue un pedido concreto formulado por el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

El requerimiento consistía en autorizar la instalación de nuevas cámaras de fotomultas y el recambio de equipos existentes en rutas, accesos y predios bajo la órbita del CEAMSE.

Este es un tipo de habilitación que, según Tapia, implicaba un negocio de alto impacto económico por el volumen de recaudación involucrado y que, a partir de esa negativa, el vínculo con el empresario se tornó conflictivo.

"El pedido fue sustituido por un esquema claro y sostenido de presión", sostiene Tapia en la denuncia y, de acuerdo a su relato, a través de intermediarios recibió un mensaje intimidatorio y, si no habilitaba el negocio de las fotomultas, se activarían denuncias penales en su contra.

Dos testigos claves, bajo reserva

El titular de la AFA indicó que existen dos testigos directos dispuestos a declarar (bajo reserva de identidad) que pueden dar cuenta del pedido inicial, la negativa, la amenaza y la posterior concreción de la denuncia.

En ese marco, Tapia describió una cronología precisa que va desde el requerimiento económico hasta la presentación efectiva de la denuncia por la compra de la casa de Pilar, con una cercanía temporal que, a su criterio, refuerza el nexo causal entre ambos hechos.

En su denuncia, Tapia señaló como denunciantes formales en la causa de la compra del terreno de Villa Rosa a Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, a quienes calificó como "ejecutores instrumentales" de una maniobra orquestada por Camani. En esa línea, sostuvo que, "tras la denuncia judicial, se desplegó una operación mediática destinada a amplificar el impacto de la acusación, con publicaciones reiteradas en distintos medios y plataformas que, según afirmó, presentaron imputaciones graves como hechos comprobados, sin respaldo probatorio ni contectualizacion".

El presidente de la AFA también cuestionó la difusión de información que consideró reservada, tanto de bases de datos públicas como de actuaciones judiciales en trámite, y advirtió sobre una secuencia de "acceso, filtración y difusión" que, a su entender, no fue casual. Además, denunció prácticas invasivas, como la grabación de domicilios particulares mediante drones y su exhibición televisiva, lo que, según sostuvo, expuso indebidamente a familias у excedió los límites del ejercicio periodístico legítimo.

En las consideraciones finales, Tapia vinculó este episodio con antecedentes que atribuye a Camani en otras causas relacionadas con el negocio de las fotomultas, entre ellas la que involucró al exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio.

Allí Tapia explica que el empresario se presentó como denunciante y que, en ese contexto, se le atribuyeron expresiones de carácter amenazante, citando una frase que D'Onofrio habría hecho trascender.

Tapia solicitó también una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso, así como la citación de los testigos bajo identidad reservada.

AFA Gate: tres causas judiciales que involucran mucho a Tapia

Hasta ahora, hay tres causas judiciales que involucran mucho a Tapia. Una en el fuero penal económico a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA por retención indebida de tributos por unos 19.000 millones de pesos, en la que está imputado junto a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. El fiscal Claudio Navas Rial también imputó al secretario general de la entidad, Cristian Malaspina, y al director general, Gustavo Lorenzo. El juez Diego Amarante, que habilitó la feria judicial para investigar la causa iniciada aceptando al Gobierno como querellante por la apropiación indebida de tributos, ya comenzó a recibir copiosa información solicitada a bancos, organismos y entidades.

La causa más compleja tiene tres actores centrales: la AFA, varios clubes de la entidad y Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo que creció exponencialmente en los últimos años gracias a su vínculo con Tapia y a cesiones de derechos de los clubes con dudoso destino.

Luego se sumó la causa relacionada con Tour ProdEnter LLC, presidida por Érica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, que administraba fondos de la AFA en el exterior, calculados en 260 millones de dólares, de los cuales más de 40 millones habrían ido a empresas fantasmas.

La tercera es la causa sobre la lujosa mansión de Pilar, una propiedad de más de diez hectáreas a nombre de dos personas sin capacidad económica, que acaba de cambiar de juez.

Al respecto hay que señalar decisión del miércoles de la semana pasada de la Cámara Federal de San Martín de resolver que la investigación por la compra de la mansión de Villa Rosa en Pilar valuada en unos 20 millones de dólares quede a cargo del juez de Campana Adrián González Charvay, un funcionario muy cercano al kircnerismo y en particular al intendente de Pilar Federico Achaval es sólo una muestra de los turbios manejos que se llevan a cabo en dentro de la justicia federal de la Argentina y que impactarán en los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de alguno de sus dirigentes como su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero de la institución Pablo Tovigino quienes están seriamente comprometidos en la investigación que hasta ayer llevaba a cabo el juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky y el fiscal Franco Picardi.

Lo primero que hay que explicar es que la causa cambia de jurisdicción por el pedido de Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, quienes son los socios dueños de la empresa Real Central SRL que le compró en el 2023 al exfutbolista Carlos Tévez el lote donde se construyó la propiedad en el barrio de Villa Rosa en Pilar.

Real Central SRL es la empresa que recibió un pago de 500.000 dólares por parte de la AFA para poner en práctica el mecanismo del VAR. Lo curioso es que la empresa tiene como objetivo la actividad agropecuaria.

El fallo de la Cámara Federal de San Martín fue firmado por el juez Alberto Lugones, muy cercano al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof. Lugones pertenece a la lista Celeste, de la Asociación de Magistrados y es consejero de la Magistratura de la Nación, que presidió durante el gobierno de Alberto Fernández.