Récord de juicios laborales en Argentina: en 2025 hubo 2.200% más demandas que en Chile
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La Argentina cerró 2025 con 134.000 demandas judiciales por riesgos del trabajo, una cifra inédita que marcó un récord histórico y ubicó al país muy por encima de los estándares observados tanto en la región como en Europa.
En la comparación internacional, el desvío es contundente. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cantidad de juicios iniciados en la Argentina fue un 2200% mayor que en Chile y un 1500% superior a la de España, dos países con sistemas laborales y niveles de cobertura comparables.
Menos accidentes y más juicios laborales, la paradoja que destaca el sector
El salto de la litigiosidad laboral se produjo en un contexto que el propio sector califica como paradójico. Mientras los indicadores de prevención y seguridad en el trabajo muestran mejoras sostenidas desde la creación del sistema de riesgos del trabajo, la cantidad de demandas judiciales siguió una trayectoria inversa y alcanzó en 2025 el nivel más alto desde que existen registros.
Los datos oficiales refuerzan esa contradicción. De acuerdo con la UART, los accidentes laborales se redujeron un 55% y las muertes vinculadas al trabajo cayeron un 80% en las últimas décadas. En términos concretos, estos avances permitieron salvar cerca de 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de accidentes. Sin embargo, el comportamiento de los juicios fue el opuesto: desde 2020, las demandas crecieron un 200% y solo en el último año se incorporaron 134.141 nuevos casos.
La dimensión del fenómeno se entiende mejor al mirar los indicadores por trabajador. En Chile se registran 5,8 juicios cada 10.000 empleados y en España 8,5, mientras que en la Argentina ese número trepa a 132,8. En la práctica, la litigiosidad local resulta 16 veces mayor que la chilena y 23 veces superior a la española, aun cuando el país cuenta con una cobertura más amplia del sistema y niveles de siniestralidad similares.
A ese volumen de reclamos se suman otros conflictos propios del derecho laboral, como juicios por despidos o reclamos salariales. En ese marco, el stock total de litigios por riesgos del trabajo alcanzó los 317.848 casos, pese a que las ART lograron cerrar cerca de 70.000 expedientes judiciales durante el último año.
Por qué crecen los juicios aunque bajan los accidentes
El informe también detecta comportamientos atípicos en la dinámica judicial. En diciembre ingresaron más demandas que en noviembre, un patrón que solo se había observado en la antesala de la reforma del sistema de riesgos del trabajo aprobada en 2017. Además, durante el último cuatrimestre del año, la litigiosidad mostró un aumento interanual del 12%, consolidando la tendencia ascendente.
Desde la UART señalan que el problema tiene un origen principalmente judicial. En particular, apuntan al incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017, que estableció la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción para unificar criterios y reducir los juicios. La falta de aplicación efectiva de ese esquema habilitó la proliferación de peritos externos, sin control ni supervisión, que fijan incapacidades por fuera de los parámetros oficiales.
Según el reporte, estas pericias suelen ser convalidadas por los jueces laborales, lo que termina multiplicando la cantidad de demandas. A ese incentivo se suma el esquema de honorarios periciales, que se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia y empujan a elevar los porcentajes de incapacidad reclamados.
El impacto también se refleja con fuerza en los costos del sistema. El 45% de lo que pagan las ART en juicios se destina a intermediación, es decir, honorarios de abogados, peritos y gastos del sistema judicial. En términos prácticos, por cada $1 millón abonado en demandas, alrededor de $450.000 queda dentro de ese circuito.
"Corregir esta distorsión es clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy está siendo desbordado por una judicialidad que no responde a la realidad de la gestión en materia de prevención ni cobertura de accidentes del trabajo ni a ningún parámetro internacional", concluyó el informe.