El Gobierno pidió a la CIDH que Milagro Sala cumpla su condena en una cárcel común

El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que se deje sin efecto la prisión domiciliaria que cumple Milagro Sala desde 2017 y solicitó que la dirigente social jujeña sea trasladada a un establecimiento penitenciario, en cumplimiento de la condena firme dictada por la Justicia argentina.

La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y se enmarca en el seguimiento de la medida dispuesta oportunamente por el tribunal internacional.

La postura oficial ante la CIDH

Según el comunicado difundido por la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, el Estado argentino volvió a plantear ante la CIDH que la condena impuesta a Sala debe cumplirse "tras las rejas", al considerar que la prisión domiciliaria dejó de ser una medida excepcional y se transformó en un beneficio injustificado.

Desde el Ministerio se sostuvo que la sentencia contra Sala se encuentra firme, con una pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta, por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, en causas tramitadas ante la Justicia de Jujuy y luego ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, el Gobierno afirmó que la dirigente social debería cumplir su condena en una cárcel común, "sin privilegios", como ocurre con el resto de las personas condenadas.

Rechazo a las denuncias de "hostigamiento judicial"

En la presentación elevada al tribunal internacional, el Estado argentino también rechazó las denuncias de "hostigamiento judicial" formuladas por la defensa de Sala. Según el Ministerio de Justicia, esas acusaciones buscan "instalar un relato" destinado a sostener un beneficio que no correspondería en el actual escenario judicial.

La documentación enviada a la CIDH incluyó registros que, de acuerdo con la versión oficial, demostrarían que Sala incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria, al cambiar de ubicación sin contar con la autorización judicial correspondiente. Ese movimiento habría activado alertas del sistema de monitoreo electrónico, lo que derivó en la aplicación de medidas de control previstas en el régimen de ejecución penal.

Desde el Ministerio señalaron que esas acciones de supervisión no constituyen hostigamiento, sino mecanismos habituales de control ante un incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

El cumplimiento de las obligaciones internacionales

El Gobierno remarcó que la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero sostuvo que la medida dispuesta en su momento por la CIDH -que habilitó el arresto domiciliario- perdió su carácter excepcional al existir una condena firme.

En el comunicado oficial se afirmó que dicha resolución del tribunal internacional "se transformó en un beneficio" que, a criterio del Ejecutivo, debería cesar para permitir la ejecución plena de la pena en un establecimiento penitenciario.

Además, el Ministerio de Justicia enfatizó que los derechos humanos "no deben ser utilizados para garantizar impunidad", sino para proteger a las personas dentro del marco de la ley y las decisiones judiciales vigentes.

Definiciones políticas del Ejecutivo

En un tono enfático, el comunicado oficial incluyó definiciones políticas al señalar que "en la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios", y que los derechos humanos "no están para blindar a condenados".

"El Estado entiende que hay un solo lugar para quienes tienen una condena firme: la cárcel", expresó el Ministerio, al justificar el pedido presentado ante la CIDH.

Estas declaraciones forman parte de la estrategia del Gobierno para sostener ante el organismo internacional que la situación judicial de Sala no amerita la continuidad del arresto domiciliario, dado el estado de las causas y la firmeza de la condena.

La situación procesal de Milagro Sala

Milagro Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, al completar 10 de los 15 años de prisión impuestos por la Justicia jujeña. De acuerdo con el Código Penal, este requisito la habilita a tramitar el beneficio de la libertad condicional, aunque dicha posibilidad depende de evaluaciones judiciales y del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Mientras tanto, el planteo realizado por el Estado argentino quedó bajo análisis de la CIDH, que deberá expedirse sobre el pedido oficial y definir si mantiene, modifica o deja sin efecto la medida que dispuso el arresto domiciliario en 2017.

Hasta que el tribunal internacional se pronuncie, la situación de Milagro Sala continuará bajo el régimen vigente, en un contexto marcado por la tensión entre las decisiones judiciales locales y las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos.