La Justicia rechazó el pedido de Claudio "Chiqui" Tapia para viajar a Venezuela

El Juzgado Penal Económico N°5 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este sábado 28 de febrero de 2026 la solicitud presentada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para viajar a Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo con el propósito de participar del acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol.

El magistrado evaluó que la petición no cumplía con las condiciones establecidas en una autorización previa y que presentaba inconsistencias. Según el fallo, Tapia ya había intentado modificar sin autorización el itinerario de un viaje anterior –que incluía Colombia y Brasil– extendiéndolo más allá de los límites aprobados. Además, se señalaron cambios en las fechas de las invitaciones recibidas que generaban dudas sobre la solicitud.

En la resolución se indicó también la existencia de "situación de inestabilidad política" en el país de destino y se mencionó que las fechas del evento planteado no coincidían con el itinerario aprobado por la justicia el 23 de febrero de 2026.

Tapia había regresado a la Argentina el viernes 27 de febrero, luego de un viaje autorizado por el mismo juez a Colombia y Brasil, pese a estar imputado en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a retenciones de aportes previsionales e impuestos.

En esta causa, tanto Tapia como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tienen audiencias previstas para presentarse en indagatoria el 5 de marzo de 2026. En el mismo fallo del 19 de febrero se impuso la prohibición de salida del país para ambas personas.

Chiqui Tapia cuestiona la Justicia por medida contra la AFA: "No es control técnico, sino operación política"

Hace unos días, la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para supervisar la contabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

De acuerdo con la IGJ, la entidad no entregó información requerida y se detectaron "graves irregularidades", según la resolución firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo.

Desde la entidad emitieron un comunicado firmado por su presidente, rechazando el pedido. "La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley", sostiene el texto.

La entidad aclaró que la medida "no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad" y la definió como "preparatoria", destinada a evaluar si se tomarán acciones futuras. Sin embargo, la AFA cuestiona la contradicción: "Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’?", señaló el comunicado.

El organismo de control alegó falta de presentación de balances y sede "falsa" en Pilar. Tapia respondió que los balances de 2017 a 2024 se presentaron correctamente y que el balance 2025 no corresponde a la IGJ, sino a la inscripción válida en la Provincia de Buenos Aires.

Sobre la sede, agregaron: "La IGJ omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente".

La AFA sostiene que el pedido de veeduría de la IGJ no busca un control técnico, sino un objetivo político: "No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales".

En su comunicado, la AFA envía un mensaje a la comunidad futbolística y a la sociedad: el deporte "no será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía".

El organismo presidido por Tapia cuestiona la metodología de la IGJ: "Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial".