Refacciones bajo sospecha: la fiscalía investiga las obras en la casa del country de Adorni y suma un testigo clave
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa acumulando pruebas. El fiscal Gerardo Pollicita puso el foco en las remodelaciones realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.
En ese contexto, el fiscal dispuso la citación como testigo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA, quien deberá concurrir el 24 de abril a los tribunales de Comodoro Py.
Pedido de documentación y trazabilidad de pagos
El fiscal requirió al empresario que aporte información completa sobre su vínculo con la obra. Entre los elementos solicitados figuran presupuestos, contratos, facturación, comprobantes de pago y comunicaciones mantenidas con Adorni o su esposa, Bettina Julieta Angeletti, titular del inmueble.
Tabar tendrá que aportar ante la Justicia "toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad".
Asimismo, deberá incluir datos precisos sobre medios de cobro:
- Cuentas bancarias
- Billeteras virtuales
- CBU/CVU
Así como "cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores".
Información sobre la propiedad y gastos asociados
La vivienda fue adquirida por Angeletti en noviembre de 2024, incluyendo el pago de una tasa (5.000 dólares) de ingreso al barrio. Ante la falta de respuestas previas, la fiscalía volvió a solicitar a la administración del country detalles sobre ese pago y las expensas.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa vinculada a su entorno, con el fin de examinar movimientos económicos entre 2022 y 2025.
Nuevas citaciones y el foco en operaciones inmobiliarias
La fiscalía también convocó a otras personas vinculadas a operaciones inmobiliarias recientes para que declaren bajo juramento. Entre ellos figuran las vendedoras Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, además de Pablo Martín Feijoo y Juan Consentino.
Todos tendrá que aportar material que permita reconstruir las transacciones, incluyendo "chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia".
Uno de los ejes del expediente es la compra de un departamento en Caballito realizada en 2025 mediante un esquema de financiamiento poco habitual: las vendedoras actuaron también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con plazo de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo establece la devolución del inmueble, un punto que despertó dudas en la fiscalía.
La declaración de la escribana
La escribana que intervino en la operación, Adriana Mónica Nechevenko, defendió la legalidad del procedimiento. En su testimonio aseguró que "no hubo préstamos de dinero en efectivo" y aseveró que se trató de "una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio". Además, sostuvo que "no hubo irregularidades" y que se trató de "una operación normal".
El caso tuvo su punto de partida en una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que puso en duda la consistencia de las declaraciones juradas de Adorni. De acuerdo con su planteo, su patrimonio habría experimentado un fuerte incremento en poco tiempo y podría haber información omitida.
A partir de esa denuncia, la fiscalía avanza en reconstruir el recorrido del dinero y verificar la coherencia entre ingresos, bienes y operaciones realizadas.