El Gobierno mandó al Senado dos reformas que cambian todo el sistema de salud mental y discapacidad

El Gobierno nacional envió al Senado dos proyectos de reforma vinculados a la Ley de Salud Mental y a la normativa sobre discapacidad, en una iniciativa que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas. Las iniciativas ingresaron por la Cámara alta, donde el oficialismo cuenta con mayor margen de negociación, y forman parte de una estrategia definida por la mesa política del Ejecutivo.

Fuentes legislativas confirmaron que la decisión se tomó tras una reunión en Casa Rosada en la que participaron, entre otros, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. La elección del Senado como cámara de origen responde a la intención de facilitar el tratamiento inicial y gestionar eventuales modificaciones cuando los proyectos pasen a Diputados.

La presentación de estas reformas se enmarca en un intento del Gobierno por retomar la iniciativa parlamentaria, en paralelo con otras prioridades legislativas. Entre ellas se encuentran la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto denominado "Hojarasca", que propone la eliminación de unas 70 normas consideradas obsoletas. Según fuentes oficiales, la intención es avanzar con este último en comisión y llevarlo al recinto en el corto plazo, mientras que el debate sobre propiedad privada continúa sin fecha definida para dictamen.

Los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Salud Mental

Uno de los proyectos enviados al Senado introduce modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010. La iniciativa propone cambios en definiciones, criterios de intervención y organización del sistema de atención.

Entre los puntos centrales, se plantea reemplazar el término "padecimiento mental" por el de "trastornos mentales o del comportamiento", en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades. El objetivo es dotar de mayor precisión diagnóstica a la práctica clínica.

El proyecto también modifica los criterios para las internaciones involuntarias: sustituye el concepto de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física", e incorpora un enfoque que contempla antecedentes y contexto del paciente. En situaciones de urgencia, se habilita que un médico psiquiatra disponga la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

Asimismo, se mantiene el principio de que las internaciones deben ser un recurso excepcional, aunque se propone agilizar su aplicación en casos críticos. El texto también redefine el rol del sistema de salud, incorporando la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión comunitaria como parte del objeto de la ley.

En cuanto al modelo de atención, la iniciativa plantea los siguientes cambios:

• Fortalecer una red organizada por niveles de complejidad
• Habilitar la participación de hospitales especializados en psiquiatría y establecimientos privados dentro del sistema
• Establecer que rechazar pacientes por motivos de salud mental será considerado un acto discriminatorio

El proyecto introduce además cambios en el Código Civil y Comercial para adecuar los criterios de internación y consentimiento informado, y modifica la Ley 26.827 para establecer que las inspecciones en establecimientos de salud mental deberán contar con equipos interdisciplinarios que incluyan médicos psiquiatras.

Qué plantea el oficialismo sobre discapacidad y pensiones

En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma vinculada a la normativa sobre discapacidad, en particular en relación con el régimen de pensiones no contributivas y las condiciones de acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La iniciativa se da en un contexto marcado por el debate legislativo previo sobre la Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Congreso con mayorías especiales. En este escenario, el oficialismo busca introducir modificaciones al sistema vigente.

Según trascendió, el proyecto apunta a redefinir aspectos del esquema de pensiones por invalidez y a flexibilizar determinados criterios de acceso al CUD. Aunque el texto aún no había sido formalmente presentado al momento de su anuncio, se prevé que su tratamiento se inicie en la Cámara de Diputados.

La agenda legislativa que viene y la prueba de fuego en Diputados

La estrategia legislativa contempla que ambas reformas —salud mental y discapacidad— avancen de manera paralela en el Congreso, como parte de una agenda más amplia que el Gobierno intenta impulsar en el inicio del período parlamentario.

En este marco, el oficialismo también prevé una sesión en Diputados que funcionará como antesala del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para reunir apoyos y avanzar con sus iniciativas, en un escenario legislativo que continúa en proceso de negociación.