Bloqueo de celulares en cárceles federales: Gobierno autorizó inhibidores de IMEI e IMSI

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una nueva medida para reforzar el control en cárceles federales: autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares dentro de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir la comisión de delitos desde el interior de las unidades.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva. La normativa habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos capaces de identificar y anular equipos móviles mediante el bloqueo de códigos IMEI e IMSI.

Control de comunicaciones en las cárceles

La resolución se enmarca en lo dispuesto por la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención y establece el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y organismos. Sin embargo, la misma normativa prohíbe expresamente el uso de teléfonos móviles dentro de los penales.

En ese contexto, el Gobierno argumentó que resulta "imprescindible" reforzar los controles para evitar que organizaciones criminales utilicen celulares para coordinar maniobras ilícitas desde prisión.

Cómo funcionará el sistema

El anexo de la resolución aprueba un manual de procedimiento que detalla el funcionamiento del sistema. Allí se establece que se utilizarán equipos fijos de detección para identificar dispositivos activos en zonas restringidas de los penales.

Una vez detectados, los códigos IMEI (identificador del equipo) e IMSI (identificador de la tarjeta SIM) serán reportados a las empresas de telecomunicaciones, que deberán proceder a su bloqueo en un plazo máximo de 48 horas.

El proceso incluye varias etapas:

• Detección de dispositivos activos
• Solicitud formal de bloqueo
• Ejecución por parte de las compañías telefónicas
• Confirmación del procedimiento ante las autoridades penitenciarias

Alcance y responsabilidades

La medida será aplicada en todos los establecimientos del sistema federal y abarcará tanto áreas de detención como sectores de acceso restringido. La implementación estará a cargo del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, en coordinación con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.

Además, el Servicio Penitenciario Federal tendrá la responsabilidad de monitorear los equipos desde centros de control y reportar cualquier incidente. También se prevé la creación de espacios específicos para el resguardo de dispositivos móviles de funcionarios, abogados y otras personas autorizadas que ingresen a las unidades.

Seguridad y prevención del delito

El Gobierno señaló que la medida apunta a prevenir, disuadir y neutralizar actividades delictivas vinculadas al uso de tecnología dentro de las cárceles. En particular, se busca evitar la planificación de delitos desde el interior de los penales, una problemática señalada en reiteradas ocasiones por las autoridades.

Asimismo, la resolución establece que los sistemas deberán configurarse de manera tal que no afecten las comunicaciones fuera de los establecimientos, limitando su alcance exclusivamente al interior de las unidades.

Vigencia de la medida

La normativa entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ese momento, el Ministerio de Seguridad quedó facultado para avanzar con la adquisición, instalación y mantenimiento de la tecnología necesaria.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en el fortalecimiento de los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario federal, incorporando herramientas tecnológicas para limitar el uso indebido de celulares en contextos de encierro.