Reforma laboral: la CGT recusó a los jueces que reactivaron la ley y pidió la nulidad del fallo
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La CGT presentó este lunes una recusación contra los dos magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reactivaron la reforma laboral del Gobierno. La central obrera apunta directamente contra Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes revocaron la cautelar que mantenía suspendidos más de 80 artículos de la ley.
Además de la recusación, la organización sindical pidió la nulidad "absoluta" del fallo. Busca frenar los efectos de una resolución que devolvió vigencia provisoria a los cambios laborales mientras continúa el debate de fondo sobre su constitucionalidad.
La decisión de los camaristas tuvo como efecto inmediato la reactivación de más de 80 artículos de la reforma, al menos de forma provisoria, lo que reavivó la tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales.
Por qué la CGT recusa a los magistrados
La central sindical recusó "con causa" a ambos jueces. Los acusa de prejuzgamiento, es decir, de haber adelantado opinión sobre cuestiones que todavía deben resolverse en la sentencia definitiva.
Según la CGT, Pesino y González ya emitieron valoraciones sobre el alcance de los derechos laborales en discusión. Eso, argumentan, compromete su imparcialidad para seguir interviniendo en el caso.
Uno de los puntos más cuestionados fue una afirmación específica de los camaristas. Sostuvieron que la reforma no afecta a sectores "socialmente vulnerables" ni compromete el derecho a una vida digna según la Convención Americana de Derechos Humanos.
Para la organización sindical, esas consideraciones implican desconocer el carácter alimentario del salario. También ignoran, según su postura, la situación de vulnerabilidad estructural de los trabajadores en relación de dependencia.
La CGT expresó que resulta "llamativo" que jueces especializados en materia laboral sostengan, aunque sea de manera preliminar, que los trabajadores no constituyen un sector vulnerable.
Según la central, los magistrados adelantaron opinión sobre el fondo del conflicto al afirmar que los derechos en juego no impactan en condiciones básicas de subsistencia, lo que compromete su imparcialidad futura.
El cuestionamiento específico contra Pesino
Además del planteo general contra ambos magistrados, la CGT dirigió objeciones particulares contra Pesino. El argumento tiene que ver con su edad y un trámite administrativo en curso.
Pesino tiene un pedido en trámite ante el Consejo de la Magistratura para continuar en su cargo más allá de los 75 años. Esa es la edad límite establecida por la reforma constitucional de 1994.
Según el escrito de la CGT, la coincidencia temporal entre ese trámite y el fallo favorable a la posición del Estado nacional genera sospechas. La central considera que podría configurarse una "causa objetiva de apartamiento".
La lógica del planteo es la siguiente: un magistrado que busca permanecer en su cargo podría tener incentivos para resolver a favor del Estado que interviene en ese trámite.
La CGT calificó esa situación como incompatible con los estándares éticos exigidos al Poder Judicial. En términos más duros, la presentación cuestiona al Estado por promover la continuidad del magistrado en ese contexto.
Para la central obrera, esa superposición de intereses afecta la confianza pública en la independencia judicial y vulnera el principio de división de poderes.
Un conflicto judicial que se profundiza
El planteo de la CGT se inscribe en un conflicto más amplio en torno a la reforma laboral. La normativa ya había sido parcialmente suspendida por decisiones judiciales anteriores.
La reciente resolución de la Cámara del Trabajo revirtió ese escenario. Volvió a habilitar la aplicación de numerosos artículos de la ley, lo que generó una rápida reacción sindical.
Con la recusación y el pedido de nulidad, la central busca frenar los efectos del fallo. También quiere reabrir la discusión sobre la validez de la medida cautelar original que había suspendido la reforma.
El caso podría escalar a instancias superiores si se mantienen las divergencias entre las partes. Mientras tanto, la vigencia de la reforma laboral continúa sujeta a definiciones judiciales, en un escenario de alta tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales.
La CGT apuesta a que la recusación prospere y obligue a apartar a los magistrados del caso. De ocurrir, nuevos jueces deberían revisar todo el expediente desde cero.