Etiquetado frontal: cómo será la nueva góndola tras el fin de la "dictadura" de los sellos negros

La era "dorada" de los sellos negros en las góndolas argentinas, iniciada en el 2021 por el exgobierno kirchnerista, podría tener ahora fecha de vencimiento.

Con el objetivo de profundizar la desregulación económica y reducir la carga burocrática sobre la industria, el Gobierno envió al Congreso un proyecto que busca derogar la actual Ley de Etiquetado Frontal (27.642).

La iniciativa promete un cambio estético profundo en los envases de alimentos y bebidas, devolviendo a las marcas la libertad publicitaria hoy restringida.

Pero también apunta a resolver uno de los reclamos más persistentes del sector alimenticio: la unificación de criterios para la exportación y la eliminación de los costos operativos derivados de un sistema que, según el oficialismo, ha saturado al consumidor sin garantizar una mejor elección nutricional.

La norma plantea una premisa técnica que busca captar la atención de un consumidor que, tras años de convivir con los sellos negros, muestra señales de "fatiga de advertencias".

Por qué el oficialismo quiere eliminar los octógonos negros

Según los fundamentos presentados por los legisladores, la saturación de octógonos —que en 2023 alcanzaba al 85% de los productos del supermercado— ha vaciado de significado la advertencia original.

"Si todo tiene un sello, el sello deja de cumplir su función informativa", argumentan desde el entorno libertario, donde ya se habla de una necesaria "armonización de criterios" con los estándares del Mercosur, buscando mayor competitividad para las PyMES exportadoras que hoy deben lidiar con etiquetas que, según los impulsores del cambio, son restrictivas y no homologables.

"La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley mencionada ha permitido identificar diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas derivadas del esquema implementado, las cuales justifican la revisión integral del referido instrumento normativo", se asegura en el texto enviado al Congreso Nacional.

Se explica que no existe un mecanismo uniforme a nivel internacional para los sistemas de etiquetado nutricional frontal, sino que coexisten distintos enfoques metodológicos, criterios de perfil de nutrientes, esquemas gráficos y alcances regulatorios.

De hecho, muchos de estos esquemas se encuentran en permanente revisión y actualización a partir de nuevos consensos científicos, evaluaciones de impacto regulatorio y modificaciones en las políticas alimentarias y nutricionales.

Ya las empresas del sector alimenticio venían criticando la norma impuesta por el anterior gobierno del expresidente Alberto Fernández por entender que evidencia una serie de dificultades relevantes derivadas del modelo de perfil de nutrientes adoptado.

Particularmente, en relación con el uso de parámetros generales aplicados de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes.

La industria alimentaria prepara su respaldo al proyecto libertario

Para las autoridades, la normativa actual no contempla aspectos como:

• La densidad nutricional
• El grado de procesamiento
• El rol del alimento dentro del patrón alimentario
• Las porciones consumidas
• Las particularidades tecnológicas de cada categoría

En este sentido, se espera que con el correr de la semana que comienza con el feriado del 25 de mayo, la industria alimentaria salga a respaldar fuertemente la iniciativa del gobierno libertario.

Por estas horas, existen muchas consultas entre las grandes compañías del sector y los representantes de las cámaras empresariales, en especial de la Copal, para unificar un documento de respaldo al proyecto que sería dado a conocer en los próximos días.

Los ejecutivos coinciden con la mirada oficial sobre que el esquema vigente puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos.

También advierten que la aplicación de la norma genera confusión en los consumidores y termina por no cumplir con los objetivos en materia de información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables.

Hay además, evidencias sobre errores de la metodología de cálculo utilizada, basada en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto, lo que en algunos casos produce resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global del alimento.

Del mismo modo, se observaron limitaciones en los incentivos regulatorios orientados a promover la reformulación nutricional de productos.

Además, se sostiene que la estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos.

Esto reduce los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría.

Las restricciones publicitarias que quiere eliminar el Gobierno

Otro aspecto identificado por el proyecto oficial y respaldado por la industria se vincula a la existencia de un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el ámbito del Mercosur que ya exige la declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas, proteínas, sodio y otros componentes nutricionales relevantes.

"Dicho esquema, complementado por las normas vigentes en materia de protección del consumidor, lealtad comercial y rotulado alimentario, garantiza el acceso del consumidor a información nutricional objetiva, estandarizada, verificable y suficiente para la evaluación y comparación de productos alimenticios", señala el proyecto en sus considerandos.

Se critican también ciertas restricciones en materia de publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en envases, al sostenerse que "implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria".

Para los funcionarios del gobierno nacional, la norma actual demostró dificultades por su excesiva rigidez y por limitar la capacidad de adaptación del sistema frente a nuevos consensos científicos, procesos de armonización regional y evolución de los modelos regulatorios internacionales.

Por otra parte, la ausencia de armonización regional genera asimetrías regulatorias y dificultades operativas dentro del Mercosur, obligando a desarrollar esquemas diferenciados de rotulado e incrementando costos de adecuación, rediseño e implementación para el sector alimentario.

"La medida que se propicia no implica la eliminación de las obligaciones de información nutricional aplicables a los alimentos envasados, las cuales continuarán plenamente vigentes en el marco del Código Alimentario Argentino y de la normativa complementaria actualmente aplicable", argumenta el proyecto.

Se aclara además que "continuarán vigentes las disposiciones relativas a protección del consumidor, publicidad engañosa, lealtad comercial e información alimentaria, garantizando el acceso a información veraz, objetiva y suficiente para que los consumidores puedan adoptar decisiones informadas respecto de su alimentación y hábitos de consumo".

Qué pasará con las góndolas si se deroga la ley de sellos

En ese marco, se procura avanzar hacia un esquema de información nutricional más precisa, basada en parámetros adaptables a la evolución de la evidencia científica.

También se intenta reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos.

Al respecto, la iniciativa sostiene que "la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional".

En este sentido, la industria alimenticia, que desde la sanción de la ley en 2021 ha tenido que reconfigurar packaging y estrategias de publicidad, también ve con buenos ojos una flexibilización que permitiría mayor libertad en el marketing de productos.

Concretamente, en la desaparición de los octógonos negros, lo cual transformaría visualmente la góndola, que hoy se ve saturada de advertencias (en 2023, cerca del 85% de los productos los portaban).

Las empresas podrían recuperar el control del diseño de sus packagings y podrían volver a utilizar personajes infantiles, mascotas de marca o promociones visuales que estaban prohibidas en productos con sellos.

En el caso de la góndola, dejaría de parecer un "tablero de advertencias" para recuperar la estética publicitaria previa a 2021.

También se elimina la barrera de "estigmatización" del producto, si se tiene en cuenta que un alimento sin sellos negros hoy tiene una ventaja competitiva percibida por el consumidor.

Al desaparecer todos los sellos, las marcas vuelven a competir en igualdad de condiciones visuales ante consumidores fatigados por tantas advertencias a las cuales, además, se les dejó de prestar atención.

La derogación se presenta, bajo esta lógica, como una forma de evitar la "banalización" de la advertencia.

El debate en las comisiones de Diputados promete ser, por lo menos, tan intenso como el que dio origen a la norma hace cinco años.