Un juicio histórico en Pergamino pone contra las cuerdas al modelo del agronegocio por contaminar barrios enteros

Un juicio histórico que arrancó el 4 de febrero pasado en Rosario pone contra las cuerdas al modelo del agronegocio argentino. Sabrina Ortiz, vecina de Pergamino —epicentro del cultivo sojero—, denunció a siete productores y dos ex funcionarios municipales por contaminar el ambiente fumigando con agroquímicos sobre viviendas y una escuela.

Según publicó la periodista Laura Berisso en el sitio EconomiaSustentable.com, el proceso judicial acumuló más de cien testimonios. Incluyó pruebas contundentes de contaminación en suelos y aguas subterráneas. Hasta obligó al tribunal a recorrer el territorio afectado para ver con sus propios ojos la cercanía entre los campos fumigados y las casas.

Los alegatos finales comenzarán el 27 de mayo y la sentencia se espera para mediados de junio, en un fallo que podría sentar precedente para casos similares en toda la provincia de Buenos Aires.

"En el juicio se probó la presencia de agrotóxicos y el tremendo daño que hacen en el ambiente y en la salud de la gente", afirmó Ortiz en diálogo con Economía Sustentable.

Qué delitos se les imputan a los productores de Pergamino

Los siete productores enfrentan cargos por contaminación bajo la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051). Los dos ex funcionarios están acusados de incumplimiento de deberes de control como autoridades públicas.

Habrían pulverizado al costado del núcleo urbano con sustancias cuya toxicidad generó controversias y restricciones en distintos países. El glifosato encabeza la lista de agroquímicos cuestionados.

En 2015, la IARC —agencia internacional especializada en cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud— lo categorizó como "probablemente carcinógeno humano".

Fernando Cabaleiro, abogado querellante y titular de la ONG Naturaleza de Derechos, explicó que los análisis detectaron otras sustancias igual de peligrosas:

• Herbicidas: 2,4-D, atrazina y metolaclor
• Insecticidas: imidacloprid
• Fungicidas: del grupo de los triazoles

Estas sustancias traen riesgos asociados al cáncer y alteraciones genéticas, advirtió Cabaleiro. El peligro se magnifica en contextos de exposición crónica, cuando las personas consumen agua contaminada todos los días, según indicó EconomíaSustentable.com.

Cómo el veneno cambió la vida de Sabrina Ortiz

La exposición crónica al veneno marcó el rumbo de vida de Ortiz. Hace más de 15 años que denuncia graves problemas de salud vinculados a las fumigaciones realizadas frente a su casa en la periferia de Pergamino.

La principal alarma se encendió en 2011. Perdió un embarazo de manera repentina y sin explicación médica clara.

En ese momento empezó a identificar un patrón demoledor: cada vez que pasaban los "mosquitos" —las máquinas fumigadoras— aparecían nuevos síntomas en su salud y en la de su familia.

Sus hijos comenzaron a presentar problemas respiratorios recurrentes. También erupciones en la piel que no cedían con tratamientos convencionales.

Los estudios médicos comprobaron lo que ella sospechaba. Tenían glifosato en el cuerpo. El análisis reveló daño genético.

"Los testimonios de las vecinas que también son madres como yo y que viven en los barrios fumigados dejan claro que no es un tema mío particular", sostuvo Ortiz. "Ellas y sus hijos, como toda la comunidad, fueron víctimas."

Lo que sí resultó particular fue el modo en que los agrotóxicos marcaron su rumbo profesional: Ortiz decidió estudiar derecho para poder enjuiciar personalmente a los responsables de envenenar a su familia.

Tras años de lucha, en 2014 consiguió que el Consejo Deliberante de Pergamino regulara la aplicación de agroquímicos. Pero la Ordenanza 8126/14 la dejó profundamente insatisfecha, según indicó EconomíaSustentable.com.

Ortiz la califica como "hecha al molde de los intereses del agronegocio". La norma estipulaba una zona de exclusión de apenas 100 metros respecto del límite urbano, muy por debajo de lo recomendado por especialistas.

Sin conformarse, y recién recibida de abogada, llevó la denuncia a la Justicia Federal en 2018. Allí comenzó "una investigación como nunca antes se había hecho", según sus palabras.

Qué encontraron los estudios científicos en el agua de Pergamino

Un relevamiento del Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del INTA y del CONICET realizado en 2011 reveló cifras alarmantes. Ocho de cada diez peces de la cuenca del río Pergamino tenían veneno en su cuerpo y presentaban impactos negativos en su salud.

La investigación, publicada en la revista científica Chemosphere, detectó una elevada concentración de plaguicidas. Varios de ellos no deberían estar presentes en el agua bajo ninguna circunstancia por su alta toxicidad.

En abril de 2019, un informe solicitado por la Corte Suprema de Justicia confirmó la presencia de 18 tipos de agroquímicos en el agua de Pergamino.

En septiembre del mismo año, el panorama se volvió más sombrío. Los índices de genotoxicidad determinaron potenciales daños genéticos en las personas expuestas al agua contaminada.

El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó suspender la aplicación de agroquímicos. También fijó distancias mínimas estrictas:

• 1.095 metros para aplicaciones terrestres
• 3.000 metros para fumigaciones aéreas

"1.095 metros no es un número arbitrario", explicó el abogado Cabaleiro. "Está basado en un trabajo científico que indica que por debajo de esa distancia aumenta el riesgo de daño genético."

En el marco de la causa judicial se realizaron nuevos análisis. Los resultados fueron devastadores: se detectó glifosato y otros agentes genotóxicos en aguas subterráneas e incluso en los suelos de las viviendas de los propios imputados.

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que el agua analizada en barrios de Pergamino "no resulta apta para consumo humano".

Por qué este juicio marca un antes y un después en el agronegocio

Vecinos de los barrios fumigados y organizaciones sociales consideran que el juicio constituye un hecho histórico. Por primera vez la justicia penal avanza sobre denuncias por fumigaciones con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, según indicó EconomíaSustentable.com.

"Todas las denuncias que se realizaron en la provincia sobre este tipo de casos por lo general son cajoneadas", sostuvo Cabaleiro. "O se considera que se trata de meras faltas administrativas, cuando claramente es un delito."

Otro hecho que lo torna histórico: el tribunal aceptó por unanimidad recorrer el territorio fumigado para hacer una inspección ocular el pasado 3 de mayo, algo inédito en este tipo de causas.

Los jueces caminaron por las calles del barrio. Fueron hasta la casa de Ortiz y de otros testigos. Pasaron por donde estaba el establecimiento educativo.

Pudieron observar la proximidad de los lugares con los campos fumigados y dimensionar la gravedad de la situación sobre el terreno.

Esa experiencia fue fundamental, sostiene el abogado. El tribunal "pudo sentir el territorio". Pudo sentir, aunque sea por unas horas, lo que Sabrina Ortiz y los vecinos sienten todos los días en sus cuerpos, en sus casas, en sus suelos y en sus aguas.