Minería de litio en Catamarca desata conflicto por el agua entre comunidades originarias y gigantes globales
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La minería de litio en Catamarca desató un conflicto ambiental que pone en el centro de la escena un recurso escaso: el agua. En una de las regiones más áridas del país, comunidades originarias denuncian que la extracción del "oro blanco" está secando ríos y afectando cuencas hídricas vitales para la supervivencia en el desierto.
El epicentro de la disputa es el Salar del Hombre Muerto, ubicado en Antofagasta de la Sierra. Esta zona forma parte del denominado Triángulo del Litio, un área compartida por Argentina, Bolivia y Chile que concentra más del 60% de las reservas mundiales del mineral, indica una nota del periodista Sebastián Premici publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Mientras las empresas mineras destacan el potencial exportador y las oportunidades económicas, organizaciones ambientales y pueblos originarios cuestionan la falta de controles integrales. El problema central: cada proyecto se evalúa por separado, sin medir el impacto acumulativo de múltiples explotaciones sobre una misma reserva de agua subterránea.
Qué denuncian las comunidades originarias sobre el secamiento del río
Todo comenzó en 2021, cuando Román Guitián, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, presentó una acción judicial para frenar nuevas autorizaciones mineras en la zona.
La denuncia apuntó inicialmente contra Livent, empresa que operaba el histórico Proyecto Fénix en el salar. Con el paso de los años, la estructura empresaria cambió: Livent se fusionó con Allkem para formar Arcadium Lithium y posteriormente fue adquirida por la multinacional Río Tinto.
Según la presentación judicial, la extracción sostenida de agua superficial y subterránea durante años habría generado impactos irreversibles sobre el ecosistema. El caso más emblemático: el presunto secamiento del río Los Patos.
La comunidad también denunció la afectación de vegas y humedales vinculados a la cuenca. Estos ecosistemas funcionan como reservorios naturales en pleno desierto y resultan esenciales para el pastoreo, la agricultura de subsistencia y el abastecimiento de agua potable, agrega el artículo de EconomiaSustentable.com.
El reclamo no se limitó a frenar proyectos. Las comunidades exigieron la realización de estudios ambientales integrales y garantías de participación efectiva en los procesos de evaluación. Hasta ese momento, ninguna autoridad había evaluado el impacto conjunto de todas las operaciones mineras sobre una misma cuenca hidrogeológica.
Cómo la justicia frenó nuevos proyectos y luego dio marcha atrás
En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca dictó una medida cautelar que suspendió temporalmente nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto.
La decisión fue considerada un antecedente relevante. Por primera vez, un tribunal reconocía la necesidad de analizar los efectos acumulativos de las distintas explotaciones que operan sobre una misma cuenca.
La comunidad indígena sostenía que los estudios ambientales realizados hasta el momento evaluaban cada proyecto por separado. Esta metodología, según argumentaron al sitio EconomiaSustentable.com, ignoraba el impacto conjunto que producen múltiples emprendimientos extrayendo agua de una misma reserva subterránea.
La cautelar también ordenó avanzar en estudios ambientales más amplios y en mecanismos de consulta a las comunidades afectadas. Durante meses, el freno judicial paralizó nuevas inversiones en la zona.
Sin embargo, en marzo de este año, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió dejar sin efecto la cautelar. La decisión se tomó por mayoría luego de que el gobierno provincial presentara un estudio de impacto ambiental elaborado por una consultora privada.
Según informó la administración provincial ante el tribunal, el informe concluyó que los sistemas ambientales, productivos y socioculturales se encontraban en condiciones adecuadas. El estudio sostuvo que la explotación minera no afectaría la cuenca del río Los Patos.
No obstante, el contenido completo del informe no fue difundido públicamente. Dos jueces votaron en disidencia y consideraron que aún no se habían cumplido todos los requisitos exigidos por la sentencia original.
Los magistrados disidentes señalaron que el análisis presentado no reemplazaba la necesidad de contar con planes integrales de monitoreo ambiental, control hidrológico, seguimiento de biodiversidad y mecanismos efectivos de participación comunitaria.
Tras el fallo, la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano decidió apelar la resolución. El conflicto judicial sigue abierto.
Por qué el debate del agua en el salar es más complejo de lo que parece
Uno de los puntos centrales del conflicto es la cantidad de agua utilizada por los proyectos de extracción de litio. Pero la discusión va mucho más allá de los litros consumidos.
Durante presentaciones públicas realizadas este año, representantes de Río Tinto defendieron la sustentabilidad de las operaciones. Señalaron que parte del agua utilizada regresa al sistema natural mediante procesos de evaporación y precipitaciones.
Sin embargo, especialistas en temas ambientales cuestionan esa interpretación. La abogada ambientalista Verónica Gostissa sostuvo que el Salar del Hombre Muerto funciona como una única cuenca y que no puede analizarse proyecto por proyecto.
Según explicó Gostissa, actualmente existen múltiples emprendimientos extrayendo recursos de una misma base hidrogeológica. Por lo tanto, resulta necesario evaluar la capacidad total del sistema para sostener esas actividades sin colapsar.
La especialista también advirtió que todavía no existe información pública consolidada sobre la cantidad total de agua y salmuera extraída desde el inicio de las operaciones mineras en la región. Esta falta de datos acumulativos impide conocer la verdadera huella hídrica de la industria del litio.
La situación se complejiza porque el Salar del Hombre Muerto ya no alberga un único emprendimiento minero. Además del Proyecto Fénix, actualmente existen varios proyectos en distintas etapas de desarrollo y exploración.
Según datos citados en la causa, en la cuenca conviven al menos ocho iniciativas vinculadas al litio. Las comunidades y especialistas sostienen que el problema ya no pasa únicamente por el consumo de agua de una empresa determinada, sino por el impacto combinado de todas las operaciones sobre una misma reserva hídrica.
En una provincia que se encuentra bajo emergencia hídrica desde 2022, el debate adquiere una dimensión aún mayor. Diversas localidades catamarqueñas enfrentan restricciones de agua para consumo humano y para actividades productivas.
En las zonas rurales, el recurso resulta esencial para el pastoreo, la agricultura y la subsistencia de las comunidades. Un salar que funciona como reservorio natural en pleno desierto no puede evaluarse con los mismos parámetros que una cuenca en una región húmeda.
Quiénes son los grandes jugadores detrás del litio argentino
La disputa ambiental ocurre en paralelo con una creciente concentración empresarial dentro del negocio mundial del litio. Río Tinto se convirtió en uno de los principales actores de la actividad en Argentina luego de la adquisición de Arcadium Lithium.
A nivel global, la compañía cuenta entre sus accionistas a grandes fondos de inversión internacionales como BlackRock y Vanguard, además de otros inversores institucionales.
La relevancia estratégica del litio se vincula al crecimiento de la industria de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Los salares argentinos se transformaron en un objetivo prioritario para empresas mineras y fabricantes vinculados a la transición energética.
El conflicto también se relaciona con la discusión sobre el acceso y control de los recursos naturales. Organizaciones sociales y especialistas advierten que las modificaciones impulsadas en distintas normativas podrían facilitar una mayor concentración de tierras vinculadas a proyectos extractivos.
En particular, existe preocupación por los cambios propuestos en la legislación sobre tierras rurales y por el tratamiento de los cuerpos de agua dentro de esos marcos regulatorios.
Según diversos expertos, el acceso al agua se encuentra cada vez más ligado al control de los territorios donde se ubican las cuencas y los salares. En este contexto, sostienen que la discusión excede a una empresa o a un proyecto puntual.
El debate se transforma en una cuestión más amplia sobre el modelo de desarrollo, la protección ambiental y el uso de recursos estratégicos en zonas donde el agua no es un recurso renovable a la velocidad que demanda la extracción industrial.
La controversia por el litio en Catamarca refleja uno de los principales desafíos de la transición energética global: cómo compatibilizar la creciente demanda de minerales críticos con la preservación de los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales.
Mientras las empresas destacan las inversiones, el empleo y las exportaciones que genera la actividad, las comunidades originarias reclaman mayores controles, estudios ambientales acumulativos y garantías sobre la disponibilidad futura de agua.
La apelación presentada por la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano mantiene abierto un conflicto que continúa enfrentando dos visiones sobre el futuro del Salar del Hombre Muerto y de los recursos naturales de la región.