Adopciones ilegales: condenan a una jueza que vendía bebés a familias de alto poder adquisitivo

Una jueza de familia de Pilar fue condenada esta semana a tres años de prisión por montar un esquema de adopciones ilegales que funcionó durante años. Alejandra Velázquez buscaba mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para vender sus bebés a familias de alto poder adquisitivo.

El modus operandi era directo y brutal. La magistrada enviaba trabajadores sociales a barrios humildes con una orden específica: "Vayan a buscar panzas". Así lo declararon dos asistentes que estuvieron en su despacho y escucharon la instrucción de primera mano.

El objetivo era encontrar jóvenes embarazadas dispuestas a entregar a sus bebés recién nacidos a cambio de dinero, para luego conectarlas con familias que pagaran por adoptar fuera de los canales legales establecidos.

Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante seis años. En ese período, el tribunal que debía proteger los derechos de menores se convirtió en la base de operaciones de un negocio criminal.

La Justicia la encontró culpable de "cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública". Además de la pena de prisión, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante seis años.

Cómo se descubrió el esquema de adopciones ilegales

Aunque la condena se conoció esta semana, el caso se remonta a 2011. Pero el escándalo no salió a la luz por una denuncia directa sobre las adopciones ilegales.

Lo que destapó las irregularidades fue, curiosamente, la ausencia reiterada de Velázquez en su jornada laboral. La investigación que comenzó por ese motivo terminó revelando un entramado mucho más grave.

Fuentes judiciales confirmaron que las testigos clave fueron asistentes sociales que trabajaban en el juzgado. Ellas relataron haber estado presentes cuando la jueza impartió la orden de ir a barrios vulnerables.

"Las testigos coincidieron en que la sospechosa afirmó que, seguramente, había familias dispuestas a pagar para poder adoptar a los recién nacidos", explicaron las fuentes consultadas.

Las otras irregularidades que cometió durante su gestión

La venta de bebés no fue la única acusación que pesó sobre Velázquez. La investigación reveló un patrón sistemático de violación a las normas judiciales.

Mientras viajaba al exterior, muchas veces sin autorización de la Corte, permitía que sus colaboradores firmaran expedientes en su nombre. En total, se detectaron más de 600 casos durante los años que estuvo en el cargo.

También se le imputó datar falsamente sentencias e interlocutorios, actos de parcialidad manifiesta y acoso laboral. El Colegio de Abogados de San Isidro detalló: "Entre los cargos se encuentran irregularidades en el procedimiento, intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer e incumplimientos reiterados en materia de adopción".

En abril de 2017 fue suspendida. Meses después, en septiembre de ese año, el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad destituirla.

De Valencia a Tigre: la detención y el juicio

Después de su destitución, Velázquez se instaló en España. Pero la Justicia argentina no abandonó el caso.

En julio de 2024, fue detenida en Valencia por pedido del juez de Garantías N°6 de San Isidro, Nicolás Ceballos. La orden respondió a la imputación del fiscal José Amallo por los delitos de cohecho y falsedad ideológica.

Tras ser extraditada, permaneció en prisión domiciliaria en un domicilio de Tigre hasta que esta semana recibió la condena que, paradójicamente, le otorgó libertad condicional por el tiempo ya cumplido.

Según informó el diario El Resumen de Pilar, la exmagistrada no volverá a una unidad penitenciaria. Sin embargo, la condena quedó firme: tres años de prisión y seis de inhabilitación.

La configuración del delito se basó en el ofrecimiento de dinero. Aunque las trabajadoras sociales no aceptaron la propuesta de "buscar panzas", el solo hecho de que una jueza lo propusiera alcanzó para la condena por cohecho agravado.

El caso Velázquez expuso cómo un cargo destinado a proteger a menores en situación de vulnerabilidad puede convertirse en una herramienta de explotación cuando quien lo ejerce traiciona su función pública.