Golpe judicial para el extitular de la UIA: la Corte confirmó una pena de cuatro años de prisión
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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de cuatro años de prisión contra el empresario Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y contra el exasesor Juan Marcelo Vargas, en una causa vinculada al uso irregular de fondos públicos destinados a obras en Río Turbio.
Con la decisión del máximo tribunal, la fiscal Fabiana León solicitó al Tribunal Oral Federal N°7 que avance con las detenciones de los condenados. Entre ellos figura también el exintendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, cuya condena ya había quedado firme años atrás y actualmente permanece detenido.
El fallo de la Corte y la situación de los acusados
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos extraordinarios presentados por las defensas de Lascurain y Vargas.
Al mismo tiempo, el máximo tribunal mantuvo la absolución de Miguel Ángel Larregina, excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), al desestimar el recurso impulsado por la fiscalía para revertir esa decisión.
De esta manera, quedó cerrado uno de los expedientes judiciales más relevantes vinculados con las obras públicas en la cuenca carbonífera santacruceña.
Una obra vial que nunca se concretó
La investigación se centró en fondos destinados a la construcción de un tramo de aproximadamente siete kilómetros de la denominada Avenida de los Mineros, que debía conectar Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre.
Según determinó la Justicia durante el juicio oral, el dinero asignado para esa obra fue transferido a la empresa encargada del proyecto, aunque los trabajos nunca llegaron a ejecutarse.
La firma contratista era Fainser S.A., compañía vinculada a Lascurain y que en aquel momento tenía como presidenta a Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e hija de Alicia Kirchner.
Cómo operó el presunto desvío de fondos
Durante el debate oral se concluyó que recursos pertenecientes a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y a los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos fueron canalizados hacia la empresa constructora mediante tres pagos efectuados a fines de 2015.
La suma involucrada rondó los 50 millones de pesos de la época. De acuerdo con la sentencia, esos desembolsos se realizaron pocos días antes del cambio de gobierno nacional.
En su defensa, Lascurain reconoció haber recibido el adelanto económico y sostuvo que fue utilizado para contratar personal y preparar el inicio de la obra. Por su parte, Pérez Osuna argumentó que "hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra".
Un caso que anticipó otras investigaciones sobre Río Turbio
El expediente fue el primer juicio oral vinculado a presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados a Río Turbio.
Los magistrados Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero consideraron acreditado el delito de peculado y dispusieron penas de cuatro años de prisión para los acusados, además de ordenar la devolución de los fondos junto con los intereses correspondientes.
Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la mayor parte de las condenas, aunque revocó la de Larregina, decisión que ahora quedó definitivamente firme tras la intervención de la Corte Suprema.
Qué puede ocurrir ahora
Con los recursos agotados y la sentencia confirmada, el proceso ingresó en su etapa de ejecución. El tribunal oral deberá resolver los pedidos formulados por la fiscalía para que los condenados comiencen a cumplir efectivamente las penas impuestas.
La causa forma parte de una serie de investigaciones sobre el manejo de recursos públicos en Río Turbio, entre ellas otro expediente de mayor magnitud que involucra obras por al menos 264 millones de pesos y que tiene entre los acusados al exministro de Planificación Federal Julio, De Vido.