La funcionaria que le prestó la tarjeta a Adorni reveló más compras rechazadas y complicó su situación judicial
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Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la Vocería, declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita. Su testimonio forma parte de la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el ex jefe de Gabinete.
La funcionaria confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Adorni le habría pedido prestada su tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000, cuando su sueldo como vocero no superaba los $3.500.000.
Pero la compra del monitor no fue el único gasto detectado. Schiuma también encontró en su resumen compras rechazadas por el banco que ella nunca autorizó.
La hipótesis en Tribunales es clara: Adorni habría agotado el límite de crédito de la tarjeta prestada.
Los investigadores buscan determinar si este comportamiento era sistemático. Quieren saber si el entonces vocero del presidente Javier Milei tenía un modus operandi para ocultar gastos incompatibles con sus ingresos declarados.
Otros dos funcionarios prestaron sus tarjetas para comprar tecnología y blanquería
La fiscalía ya identificó dos episodios similares que ocurrieron entre junio y agosto de 2025. Ambos involucran a empleados de la Vocería que habrían prestado sus plásticos para adquisiciones de alto valor.
Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno, habría facilitado dos tarjetas. Con ellas se compraron un par de proyectores marca Epson, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV.
Cada proyector costó $1.831.795. Las dos transacciones se hicieron con apenas una semana de diferencia respecto a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.
El tercer caso involucra a Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería. Ella facturó a su nombre una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, realizada el 2 de junio de 2025 en la tienda Rosen The Store.
La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su residencia de fin de semana.
La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, es el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del exjefe de Gabinete.
El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni.
El fiscal Pollicita tiene confirmado que esos productos fueron entregados en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. El destinatario final habría sido Manuel Adorni, según consta en la documentación que recopiló la fiscalía.
La funcionaria negó conocer el patrimonio real de Adorni
Durante su declaración, Schiuma habría asegurado que esta fue la única vez que le prestó una tarjeta al exvocero. No pudo precisar si le entregó el plástico físico para que saque una foto, o si Adorni anotó los números en algún lado.
También afirmó no tener conversaciones sobre el tema. Explicó que elimina habitualmente sus chats de WhatsApp y no usa copias de seguridad.
La testigo dijo desconocer las supuestas inversiones de Adorni en criptomonedas. Tampoco sabía del dinero heredado de su padre ni de otras propiedades más allá del departamento de la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco.
Recordó que la sucesión de su padre había sido un trámite prolongado, pero aclaró que nunca hablaron sobre bienes o dinero recibidos por herencia. Tampoco lo vio manejar sumas relevantes de dólares o pesos en efectivo, más allá de gastos cotidianos.
En los papeles que tiene la fiscalía hay otros intentos de compra asociados a la tarjeta de Schiuma. Entre ellos figura un Smart TV que la directora de Asuntos Presidenciales desconoció por completo.
Schiuma no supo precisar si esos consumos rechazados fueron intentos fallidos de Adorni. La sospecha es que el ex jefe de Gabinete habría intentado seguir comprando hasta agotar el límite de crédito disponible.
Qué viene ahora en la causa judicial contra Adorni
La investigación por enriquecimiento ilícito se acerca a una etapa decisiva. El fiscal Pollicita espera un informe clave de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Ese documento promete revelar la magnitud de las inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de gastos, según anticiparon fuentes judiciales.
Con esa información en mano, el Ministerio Público Fiscal le pedirá al juez Ariel Lijo que ordene un requerimiento de justificación patrimonial. Se trata de un mecanismo legal que obligará al exfuncionario a explicar el origen lícito de su fortuna.
Si las explicaciones de Adorni no disipan las sospechas, la Justicia dará un paso más contundente. Lo citará a indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py.
Allí, el ex jefe de Gabinete deberá defenderse de una acusación formal por corrupción. Será el momento en que Adorni tendrá que justificar cómo financió compras millonarias con un sueldo de $3,5 millones.