La Justicia ordenó al Gobierno arreglar tres rutas clave de Santa Fe

Una resolución de la Justicia federal exige al Poder Ejecutivo Nacional la ejecución inmediata de obras de reparación integral en tramos estratégicos de las rutas del departamento General López, Santa Fe. El pronunciamiento responde a la acción presentada contra la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de contrarrestar el riesgo permanente que afrontan a diario miles de automovilistas y choferes de carga.

El fallo judicial pone al descubierto una problemática extendida en materia de infraestructura vial, en la que se constataron severos baches, hendiduras pronunciadas y ondulaciones sobre la calzada. Las evaluaciones de las autoridades técnicas locales confirmaron que las labores parciales de asfaltado no lograron resolver las deformaciones estructurales, dejando al descubierto una omisión continua en el deber de conservación y custodia del espacio público.

Frente a este escenario de abandono vial, la medida interpuesta busca asegurar una solución de fondo que garantice el libre tránsito sin exponer la integridad física ni la seguridad patrimonial de las personas. La orden alcanza sectores neurálgicos por donde circula gran parte de la producción agropecuaria regional hacia los puertos de exportación.

El alcance de la resolución y las calzadas afectadas

La determinación dictada en el fuero de Venado Tuerto responde a la demanda presentada por la legisladora santafesina Leticia Di Gregorio, quien advirtió sobre el incremento sostenido de siniestros y roturas de vehículos en la zona. La sentencia remarca que los bienes de carácter público exigen una tutela activa por parte de las reparticiones del Estado, las cuales no pueden desentenderse de sus responsabilidades contractuales ni delegar el cuidado sin ejercer la supervisión correspondiente.

Durante la etapa de prueba se incorporaron informes técnicos que evidenciaron la precariedad de las arterias viales involucradas. Entre los puntos analizados sobresale la situación técnica descrita en las inspecciones del organismo nacional:

• Ruta Nacional 33: presenta huellas profundas, grietas de consideración y baches extendidos en gran parte del trazado. Si bien existió un proceso de licitación adjudicado a la firma Rovial S.A. para tareas de reconstrucción, la ejecución quedó completamente paralizada debido a la falta de liberación de partidas presupuestarias.

• Ruta Nacional 8: registra más de cincuenta actas labradas por incumplimientos en las tareas de mantenimiento y conservación que estaban a cargo de la empresa concesionaria Corredores Viales S.A., sin que las fallas hayan sido subsanadas.

• Ruta Nacional 7: muestra intervenciones de bacheo que resultaron insuficientes frente al nivel de deterioro acumulado, sin pruebas de un plan de tareas sostenido en el tiempo.

Responsabilidad estatal e interés colectivo

El magistrado Aurelio Antonio Cuello Murúa remarcó en el texto formal que el estado de conservación de la red caminera reviste un interés de incidencia colectiva, dado que las falencias estructurales impactan de forma directa e indiscriminada en toda la comunidad de usuarios. Asimismo, el dictamen dejó asentado que las modificaciones en las concesiones o las transiciones administrativas entre empresas no eximen a las autoridades centrales de sostener las condiciones mínimas de habitabilidad en las rutas.

Desde el ámbito provincial y municipal manifestaron la expectativa de que el fallo active de inmediato el envío de maquinaria y materiales a la región. El reclamo histórico de los pobladores locales apunta a transformar los compromisos institucionales en trabajos efectivos sobre el terreno para prevenir nuevos incidentes y recuperar la conectividad segura en el sur santafesino.