Caso YPF: Burford recurrió a la Corte Suprema de EE.UU. por u$s16.100 millones

El fondo de inversión Burford Capital, que financia las demandas de las sociedades Petersen y Eton Park contra la Argentina por la expropiación de YPF, presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos un pedido para que revise el fallo que anuló una condena contra el Estado argentino por u$s16.100 millones, más intereses.

La presentación del recurso de certiorari se realizó el 30 de septiembre, último día del plazo para recurrir la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El planteo había sido anticipado por Burford luego del fallo de marzo y era esperado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que durante los últimos meses preparó la estrategia de defensa argentina.

La decisión que ahora se intenta llevar ante la Corte Suprema había dejado sin efecto la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que había condenado a la Argentina por considerar que incumplió las disposiciones del estatuto de YPF al momento de la expropiación de 2012.

Cómo comenzó el juicio por la expropiación de YPF

El origen del conflicto se remonta a la privatización de YPF en 1993. El estatuto de la compañía estableció mecanismos de protección para los accionistas minoritarios y contempló una oferta pública de adquisición cuando un accionista o grupo alcanzara el control de la empresa.

En 2012, el Congreso argentino sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. Las sociedades Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, eran accionistas minoritarios de la petrolera.

El argumento central de los demandantes es que, al tomar el control de YPF, el Estado argentino debía haber realizado también una oferta pública para adquirir las acciones de los restantes accionistas, tal como establecía el estatuto de la compañía.

Las sociedades Petersen posteriormente entraron en quiebra en España y los derechos vinculados al litigio fueron adquiridos o financiados por actores especializados en litigios, entre ellos Burford Capital. Eton Park, por su parte, presentó una demanda separada en 2016. Ambos procesos terminaron tramitando de manera conjunta ante los tribunales federales de Nueva York.

La Corte Suprema de Estados Unidos ya había intervenido en 2019

Uno de los antecedentes relevantes del caso se produjo antes de que se discutiera el fondo de la demanda.

La Argentina y YPF habían sostenido que el litigio debía tramitar ante los tribunales argentinos y plantearon la doctrina de forum non conveniens. El Segundo Circuito rechazó ese argumento y sostuvo la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

La Argentina y YPF recurrieron entonces ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que el 24 de junio de 2019 decidió no tomar el caso. Posteriormente, la Justicia de Nueva York volvió a rechazar los planteos destinados a trasladar el proceso a la Argentina.

A partir de esa definición, el expediente continuó en Nueva York. Hubo una extensa etapa de producción de pruebas, con descubrimiento de documentación y peritajes, hasta que las partes presentaron sus posiciones sobre la responsabilidad y el monto de la eventual indemnización.

El fallo de Loretta Preska y la condena de u$s16.100 millones

Después de años de litigio, la jueza Loretta Preska resolvió en septiembre de 2023 a favor de Petersen y Eton Park respecto de la responsabilidad de la Argentina y posteriormente determinó el monto de la indemnización.

La sentencia estableció una condena de aproximadamente u$s16.100 millones, que con intereses elevaba el monto reclamado a más de u$s18.000 millones.

La cuestión central no era si la Argentina podía expropiar YPF, sino qué consecuencias jurídicas tenía esa operación respecto de los accionistas minoritarios y de las obligaciones previstas en el estatuto de la compañía. Los demandantes sostenían que la Argentina había incumplido una obligación contractual al no efectuar la oferta pública prevista en ese documento.

La Argentina apeló la sentencia y el caso continuó ante el Segundo Circuito.

Qué decidió la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026

El 27 de marzo de 2026, un panel de tres jueces del Segundo Circuito revocó la decisión de Preska. La mayoría, integrada por Denny Chin y Beth Robinson, consideró que la jueza había interpretado incorrectamente el derecho argentino. El juez José Cabranes votó en disidencia y habría confirmado la sentencia de primera instancia.

La Cámara no negó que la Argentina hubiera incumplido determinadas disposiciones del estatuto de YPF. Su decisión se concentró en la cuestión jurídica de si ese incumplimiento podía generar la responsabilidad y la indemnización establecidas por Preska bajo la interpretación aplicada en primera instancia.

La sentencia de marzo dejó así sin efecto la condena de u$s16.100 millones más intereses. En junio, el tribunal en pleno del Segundo Circuito rechazó el pedido de los demandantes para revisar nuevamente la decisión.

Ese rechazo abrió el camino para que Burford y las sociedades demandantes recurrieran ante la Corte Suprema.

Qué argumenta Burford ante la Corte Suprema

En el pedido presentado el 30 de septiembre, los demandantes sostienen que el Segundo Circuito cometió un error al interpretar el derecho argentino y que su decisión se apartó de precedentes de la Corte Suprema estadounidense.

En el escrito, calificaron el fallo de la Cámara como "gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes", según informó Bloomberg.

El planteo busca que el máximo tribunal estadounidense vuelva a analizar la cuestión jurídica que llevó a la anulación de la condena de Preska.

La presentación, sin embargo, no significa que la Corte Suprema haya aceptado el caso. El certiorari es una solicitud para que el máximo tribunal ejerza su jurisdicción discrecional. Los jueces deben decidir primero si consideran que el expediente reúne las condiciones para ser revisado.

Qué puede pasar ahora

La Corte Suprema recibe miles de pedidos de certiorari durante cada período de sesiones y acepta revisar solo una parte de ellos. No existe un plazo fijo para que decida si toma un expediente.

Por eso, el próximo paso será que los jueces analicen la petición presentada por los demandantes. Si la rechazan, permanecerá vigente el fallo del Segundo Circuito que anuló la condena de Preska.

Si la aceptan, comenzará una nueva instancia ante el máximo tribunal estadounidense, en la que la Argentina deberá presentar su respuesta y ambas partes expondrán sus argumentos sobre el alcance de la decisión de la Cámara de Apelaciones.

La Procuración del Tesoro ya había anticipado que trabajaba sobre ese escenario. Fuentes del organismo señalaron que la presentación era esperada y que el Estado continuará con la defensa del caso.

El litigio también tuvo una disputa por las acciones de YPF

El expediente tuvo además otra derivación relevante. En junio de 2025, Preska había ordenado a la Argentina entregar su participación del 51% en YPF a los demandantes como mecanismo vinculado con la ejecución de la sentencia.

La Argentina apeló esa decisión y el Segundo Circuito suspendió su aplicación mientras analizaba el recurso. La Cámara concedió en agosto de 2025 la suspensión durante el trámite de la apelación.

La posterior decisión del Segundo Circuito de marzo de 2026, que anuló la sentencia principal de Preska, modificó el escenario sobre el que se apoyaban esas medidas de ejecución.

El reclamo continúa por otras vías

El litigio no se limita al expediente de Nueva York. Burford también impulsa reclamos vinculados con las sociedades Petersen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo Banco Mundial.

La existencia de esos procesos es relevante porque la disputa por la expropiación de YPF se desarrolla en distintos ámbitos jurídicos, con fundamentos y procedimientos diferentes. El recurso ante la Corte Suprema estadounidense busca recuperar la condena que había sido dictada en Nueva York, mientras que el proceso ante el CIADI constituye otra vía de reclamo.

Qué participación conserva Burford

Burford no es el antiguo accionista de YPF que originó el conflicto. Su participación surge de los acuerdos vinculados con los derechos de litigio de las sociedades demandantes.

A comienzos de 2026, el fondo informó que conservaba aproximadamente el 35% de los derechos económicos vinculados a las sociedades Petersen y el 82% de Eton Park. Después del fallo adverso del Segundo Circuito, el valor contable de esas participaciones se ubicó en torno de los u$s100 millones, frente a unos u$s1.700 millones que Burford atribuía a esas posiciones antes de la decisión de marzo.

Las sociedades Petersen, que habían pertenecido a la familia Eskenazi, están en proceso de quiebra en España. Los administradores de esas quiebras tienen una participación en los derechos económicos del reclamo y, ante un eventual cobro, existen además obligaciones con entidades financieras que participaron en el financiamiento de la adquisición de acciones de YPF entre 2008 y 2010.

El juicio, iniciado formalmente en Estados Unidos en 2015, atravesó las administraciones de:

• Cristina Fernández de Kirchner
• Mauricio Macri
• Alberto Fernández
• Javier Milei

La nueva presentación ante la Corte Suprema constituye ahora el siguiente capítulo de un litigio que lleva más de una década y que todavía no tiene una definición judicial definitiva.