Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados en la causa Andis

El juez federal Ariel Lijo amplió los procesamientos del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, del exfuncionario Daniel Garbellini y del empresario Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita que habría manipulado contrataciones públicas. La medida también alcanza a otros dos imputados y se basa en nuevas evidencias sobre compras de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud.

Según la resolución, las diferencias de precios detectadas en las adquisiciones de medicamentos e insumos ascienden a $7.833.872.357,24. El cálculo reúne dos relevamientos incorporados al expediente: uno sobre medicamentos y otro sobre insumos médicos. La cifra es provisoria y no representa, por sí sola, un monto de coimas acreditadas.

Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Calvete por su presunto rol de jefes de la organización, mientras que Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich fueron considerados presuntos miembros. Los cinco ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026.

La investigación busca establecer si, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, funcionarios y empresarios coordinaron maniobras para direccionar adjudicaciones, simular competencia entre proveedores y obtener beneficios económicos a partir de las compras realizadas por el organismo.

El esquema que habría operado dentro y fuera de ANDIS

De acuerdo con la resolución, la presunta organización habría operado dentro y fuera de la agencia. Spagnuolo, como director del organismo, y Garbellini, quien estaba a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, habrían intervenido desde la estructura estatal. Calvete y Pablo Atchabahian, señalado como lobista, habrían actuado desde el ámbito externo, en contacto con proveedores.

El esquema investigado no se limitaba a la adquisición de medicamentos: también comprendía prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y materiales utilizados en tratamientos de traumatología, cardiología y neurología, entre otros insumos que la ANDIS compraba para atender las necesidades de sus beneficiarios.

Según el juez, las presuntas irregularidades incluían la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia entre empresas y el direccionamiento de adjudicaciones. La hipótesis judicial sostiene que esas prácticas permitían favorecer a determinadas firmas y generar diferencias entre los precios pagados por el Estado y los valores de referencia.

La resolución también señala que los sobreprecios habrían servido para generar retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la estructura. Esa hipótesis deberá ser contrastada con las pruebas del expediente y las explicaciones de los imputados.

Lijo consideró que los elementos reunidos permiten sostener, con el grado de probabilidad correspondiente a esta etapa, que habría existido una actuación organizada y sostenida en el tiempo, y no una sucesión de operaciones aisladas.

De dónde surgen los $7.833 millones investigados

El monto incluido en la resolución surge de dos relevamientos diferentes. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) examinó once medicamentos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24.

A esa cifra se sumaron los resultados de una auditoría sobre compras de insumos médicos y ortopédicos, que identificó diferencias por $1.849.277.963 en operaciones vinculadas con al menos seis empresas proveedoras.

La suma de ambos importes asciende a $7.833.872.357,24. El magistrado aclaró que el relevamiento de insumos no abarcó todas las compulsas y adjudicaciones del período investigado, por lo que el monto detectado en ese rubro constituye un piso de las diferencias identificadas hasta el momento.

La documentación analizada incluyó informes elaborados por Alejandro Vilches, exinterventor de la ANDIS, y material remitido a la Justicia por el Ministerio de Salud. Entre otros elementos, esos informes compararon precios de adquisiciones de la agencia con los registrados en compras del PAMI.

Uno de los casos citados corresponde a la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por el que la ANDIS habría pagado $425 millones. Como referencia, el relevamiento mencionó una adjudicación del PAMI a la empresa Siprotec SA, realizada el 25 de marzo de 2025, por un valor unitario de $124.200.000 para el mismo sistema.

La documentación también señaló presuntas irregularidades en la entrega de prótesis y en la facturación. Entre los ejemplos figura el caso de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis para una amputación: según el informe incorporado al expediente, la documentación indicaba que el elemento había sido entregado, aunque esa provisión no se habría concretado. También se detectó una factura que habría sido abonada dos veces.

Estos casos forman parte del material utilizado para examinar las contrataciones. La determinación definitiva de las diferencias económicas y de las responsabilidades penales dependerá del avance de las pericias y de las pruebas que se incorporen a la causa.

El mensaje de las «ofrendas» que complica a los acusados

Entre los elementos analizados por la fiscalía figura un mensaje que Garbellini envió a Calvete el 24 de julio de 2025. «Sus ofrendas de esta semana», escribió el entonces funcionario, junto con una tabla que incluía diez empresas y distintos importes por un total de $2.021 millones.

Según la documentación citada en la investigación, los montos y los nombres de las compañías coincidían con certificados de pago emitidos ese mismo día. Para el fiscal Franco Picardi, ese intercambio constituye un indicio de un circuito de dinero que habría terminado en el pago de sobornos.

La interpretación de la defensa es diferente: Garbellini sostuvo que la expresión aludía a la manera en que Calvete reclamaba el pago de deudas a los proveedores y negó que el mensaje demostrara complicidad en maniobras de corrupción.

El exfuncionario también rechazó las acusaciones por sobreprecios y negó haber recibido coimas. Su defensa argumentó que la expresión «ofrendas» era parte de una forma habitual de comunicación con el empresario, quien, según su declaración, reclamaba que se agilizaran los pagos pendientes.

Calvete, por su parte, cuestionó la metodología utilizada para calcular las diferencias de precios y pidió que se realicen peritajes sobre las contrataciones. Su defensa sostuvo que la evaluación de los valores realizada por la fiscalía constituía una construcción unilateral.

En tanto, la defensa de Atchabahian anticipó que el lobista prepara una declaración para explicar su intervención en las licitaciones investigadas.

Qué delitos se les atribuyen y cuántos son los procesados

La resolución atribuye a los principales acusados los presuntos delitos de:

• Asociación ilícita
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
• Defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional
• En el caso de Calvete, también se incorporó la imputación por lavado de activos

Además, la Justicia dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas, entre ellas empresarios vinculados con laboratorios y empresas proveedoras de insumos ortopédicos.

La causa ya había avanzado en febrero de 2026, cuando el entonces juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por presunto cohecho, asociación ilícita, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con su cargo. La ampliación dispuesta por Lijo incorpora ahora nuevas operaciones y profundiza el análisis de las compras de insumos médicos.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo y la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el organismo. Desde entonces, el expediente se concentró en determinar cómo se tramitaban las contrataciones, qué proveedores resultaban beneficiados y si existía un circuito de pagos ilegales relacionado con las adjudicaciones.

Los procesamientos no equivalen a una condena. Se trata de decisiones judiciales adoptadas durante la instrucción, por lo que la responsabilidad penal de los imputados deberá establecerse a partir de las pruebas reunidas y de las resoluciones posteriores.