Juicio por YPF: la jueza Preska cerró la causa y ahora define de la Corte Suprema de EEUU
El proceso iniciado por fondos especulativos tras la privatización queda oficialmente cerrado, aunque aún buscan apelar ante la Corte de EEUU
La jueza federal estadounidense Loretta Preska cerró el expediente del juicio por YPF en primera instancia tras anular su propia sentencia de 2023. El decreto firmado por la magistrada acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo revocó la condena contra Argentina por más de u$s16.000 millones.
La resolución representa un avance significativo para el país. Preska había condenado al Estado argentino en 2023, pero ahora incorpora formalmente al expediente la decisión del tribunal superior que revirtió ese fallo.
La magistrada denegó el pedido de los demandantes de mantener abierto el caso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el recurso presentado por Burford Capital.
Qué sigue ahora: la Corte Suprema debe decidir
El cierre del expediente en Nueva York no pone punto final al conflicto. La Corte Suprema estadounidense (Scotus) debe resolver si acepta revisar el caso tras el recurso presentado por el fondo Burford Capital.
Este fondo litiga en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park. Los demandantes buscan que el máximo tribunal revierta el fallo favorable a Argentina.
El documento judicial lleva el nombre técnico de "amended final judgement" (sentencia definitiva modificada). Con esta maniobra, Preska oficializa el cierre del expediente en su juzgado y da por terminada su participación en un caso que siguió durante casi diez años.
Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro de la Nación, comentó el fallo en su cuenta de X. "Acatando el fallo a favor de Argentina de la Court of Appeals de NY, la jueza Preska 'ORDENA, JUZGA y DECRETA' que su sentencia a favor de los demandantes de 2015 queda sin efecto", escribió.
El exfuncionario agregó que la orden desestima el último intento de los demandantes de diferir el cierre. Ese resultado solo podría revertirse con una improbable decisión de la Corte Suprema que revoque el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Cómo llegó Argentina hasta acá: la estatización de 2012
La causa YPF se originó en 2012. La expresidenta Cristina Fernández impulsó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que pertenecían al grupo español Repsol.
El núcleo del conflicto legal posterior radicó en una omisión clave. El Gobierno no respetó el estatuto de la compañía, que obligaba a cualquier comprador con control de YPF a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios.
Axel Kicillof, por entonces viceministro de Economía, argumentó la soberanía hidrocarburífera del país para justificar la medida. Una vez con YPF bajo control estatal, el Gobierno prohibió el giro y reparto de dividendos, lo que asfixió financieramente a los accionistas minoritarios locales.
El Grupo Petersen, representado por la familia Eskenazi, poseía el 25% de las acciones. Esa familia pagaba los créditos de su compra con los dividendos de YPF. La prohibición de distribuir ganancias los llevó a la quiebra en España.
Por qué Repsol cerró y los fondos buitre siguieron litigando
Repsol tomó un camino diferente al de los otros damnificados. En 2014, la española cerró un acuerdo con Argentina a través de una indemnización de u$s5.000 millones en bonos soberanos.
Pero en 2015 se abrió un nuevo frente de batalla. En abril de ese mismo año, Burford Capital demandó al Estado argentino ante los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York.
El reclamo del fondo se basó en el incumplimiento del estatuto corporativo que protegía a los actores minoritarios en la Bolsa de Wall Street. Así empezó la fase judicial que ahora, una década después, parece acercarse a su fin en los tribunales neoyorquinos.
Previo al dictamen de este lunes, Preska estuvo al frente del expediente cerca de diez años. La causa se había iniciado con una demanda en 2015 por parte del fondo Burford Capital.
Dos años más tarde, la jueza neoyorquina ganó protagonismo tras el fallecimiento de Thomas Griesa, primer magistrado del juicio por YPF. La magistrada, nombrada en 1992 por el presidente George H. W. Bush, había denegado mantener abierta la posibilidad de dilatar el cierre del caso.
El decreto de Preska marca un capítulo clave en una saga judicial que se extiende desde 2015 y que involucra miles de millones de dólares. La pelota ahora está en la cancha de la Corte Suprema estadounidense.