El juicio por YPF se acerca a su fin: cómo sigue la causa tras el fallo de Preska

Luego del fallo de ayer de la jueza Loreta Preska en el Segundo Circuito de Nueva York, de aquí en adelante, la Corte Suprema de Estados Unidos será la que deberá determinar si asume el caso tras el recurso presentado por el fondo Burford Capital que litiga en representación de los derechos de las empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía, Petersen Inversora) y el fondo de inversión Eton Park para que se revise el fallo.

Por lo que trascendió ayer en los principales bufetes de Nueva York, Preska habría concluido su intervención en el juicio por la estatización de YPF con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia emitida en 2023 a favor de los demandantes y de esta forma quedaría cerrado formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York, ya que la magistrada habría acatado el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo revocó la condena contra el Estado argentino por una suma superior a los u$s16.000 millones.

Pero de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de fuentes del Gobierno, se trataría de un avance significativo, ya que el fallo llevaría la firma de Preska, pero no sería el punto final judicial.

Si bien la sentencia definitiva modificada acata la resolución dictada por el Tribunal Superior y, a partir de esta maniobra de Preska, incorpora el resultado al expediente de primera instancia y oficializa su clausura en ese juzgado, todavía hay que esperar si el caso no finalizará en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Hay que recordar que Preska estuvo al frente del expediente cerca de diez años por una causa que se había iniciado con una demanda en 2015 por parte del fondo Burford Capital, que le compró el derecho del juicio a las empresas del Grupo Petersen y al fondo de inversión Eton Park.

Desde el 2.017 Preska ganó protagonismo al reemplazar, luego de su fallecimiento, al famoso juez Thomas Griesa, quien fue el primer magistrado que tomó el juicio al Estado argentino por la expropiación de las acciones de YPF luego de la estatización del 51% de sus acciones por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó ayer a través de su cuenta en la red X: "Acatando el fallo a favor de Argentina de la Court of Appeals de NY, la jueza Preska 'ORDENA, JUZGA y DECRETA' que su sentencia a favor de los demandantes de 2015 queda sin efecto y con esas palabras rituales, Preska da por terminado el caso YPF en Nueva York y su rol en el mismo", expresa el texto de Soler.

Además, agrega: "La orden de Preska desestima el último intento de los demandantes de diferir el cierre del caso en Estados Unidos, un resultado que sólo podría revertir una improbable decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar la decisión de la Court of Appeals".

El informe que expone irregularidades en la estatización de YPF

El informe de inversores privados damnificados por la estatización de YPF, al que accedió iProfesional en forma exclusiva el año pasado, además de explicar la trama política y financiera que permitió  al Grupo Petersen comprar un25% de YPF sin poner un solo dólar, deja al descubierto el dudoso accionar de algunas autoridades del gobierno y de varios directores de la empresa en ese entonces.

En el primer párrafo de su último capítulo, el informe destaca: "para que el fraudulento reclamo del fondo Burford ante la Corte Suprema de Nueva York tuviera éxito era indispensable que los directores de YPF nombrados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2012, que no se investigaran algunos casos sospechosos ocurridos en asambleas de accionistas".

Esas maniobras fueron realizadas por las autoridades del Estado argentino, titular del 51% de las acciones de YPF, por varios de los directores, y por miembros de la Comisión Fiscalizadora de YPF.

"Los directorios no cumplían con las obligaciones que les imponía la ley, mediante omisiones y acciones concretas, todas en perjuicio de YPF y el Estado argentino. Este a su vez convalidaba todas las actuaciones en las asambleas de accionistas, en un claro abuso de su mayoría", dice el informe.

Qué rol tuvo Axel Kicillof en la estatización de YPF

También el informe hace referencia al rol que tuvo Axel Kicillof, quien "jugó un papel preponderante. Su doble rol de director de YPF y funcionario público le permitió por un lado ser partícipe de los sospechosos actos cometidos por el directorio y luego ser partícipe en la validación posterior, mediante la aprobación en las asambleas de accionistas de las gestiones del directorio, utilizando para ello abusivamente la mayoría accionaria del Estado argentino".

El informe destaca también que se cometieron acciones de encubrimiento hasta el caso de obstruir los reclamos judiciales en beneficio de YPF presentados por inversores minoristas privados contra ex directores de YPF para que estos restituyeran a la empresa el dinero cobrado por honorarios que no correspondían.

"Sus omisiones y acciones de encubrimiento, además de impedir que YPF sea resarcida, los coloca como cómplices y partícipes necesarios en la fraudulenta demanda que se tramita en la Corte de Nueva York por parte de las empresas del Grupo Petersen contra YPF por más de u$s4.000 millones", describe el informe. Luego, el Grupo Petersen le vendió los derechos de litigar al fondo Burford.

En referencia a los dividendos cobrados en exceso, en la Asamblea de Accionistas de YPF de 2012, se denunció que los directores cobraron ilegalmente dividendos por sumas millonarias.

El informe da a entender que en esos repartos de dividendos se tomaron recursos de YPF para enriquecer a Repsol y al Grupo Petersen, que no puso un solo dólar para quedarse con el 25% de YPF gracias a una maniobra financiera y política.

El informe señala que algunos directores de YPF cobraron honorarios por encima de los autorizados por los accionistas.

El informe menciona que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas del 17 de julio de 2012 (Asamblea Anual 2012), los accionistas privados denunciaron que los directores se repartieron honorarios ilegales por resultar estos superiores a los aprobados por los accionistas e informados al mercado.

"En dicha Asamblea, el Presidente de YPF, Miguel Galuccio, informó a los accionistas que durante el ejercicio de 2011, YPF abonó a sus directores por el desempeño de sus funciones la suma de unos $59 millones, cuando el monto máximo autorizado por la Asamblea del 26 de abril de 2011 fue de $21 millones".

Además, afirma: "en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas del año 2013, los inversores minoristas solicitaron la orden de demandar judicialmente a los responsables de causar perjuicios a YPF, pero no tuvieron ninguna respuesta por parte del Estado representado por el presidente de la empresa Miguel Galuccio y por Axel Kicillof".

Se informa en detalle que se pagaron honorarios y remuneraciones que no fueron aprobadas por el Directorio y que excedieron lo aprobado por las Asambleas, totalizando por todos los periodos señalados:

• La suma de unos $236 millones que incluye la suma de unos $139 millones de honorarios abonados
• La suma de otros $97 millones en concepto de intereses

También el informe describe que se inició una demanda contra el ex presidente de YPF Antoni Brufau por la restitución de los $124 millones, que cobraron los directores en exceso de lo autorizado y aprobado por las respectivas Asambleas durante los años 2010 y 2011.

El informe explica que "el inicio de esta demanda no tuvo intención alguna de recuperar los millones sustraídos de YPF ilegalmente, sino presionar a Antoni Brufau para llegar a un acuerdo con el Estado argentino utilizando a YPF y el resto de sus accionistas".

El informe de accionistas privados al que accedió iProfesional describe que la "Demanda Brufau" no fue informada por YPF como un hecho relevante, como tampoco en sus presentaciones ante SEC y la CNV, ni mencionada en los Estados Contables correspondiente al ejercicio 2013, siendo que YPF resultaba acreedor de una considerable suma de dinero.

Cuánto pagó Argentina a Repsol por la expropiación de YPF

En noviembre de 2013, desde fuentes cercanas al gobierno se lanzó la versión a los medios que se habría llegado a un Pre Acuerdo para presionar a Repsol y a su presidente Antoni Brufau para llegar a un acuerdo compensatorio por el precio por la expropiación por una suma por el equivalente a unos u$s5.000 millones pagadera en bonos del estado nacional.

Luego, Repsol comunicó con fecha 27 de noviembre de 2013: "El Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo anunciado por el Gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51% de la participación accionarial de Repsol en YPF".

Más tarde, con fecha del 25 de febrero de 2013, el ministerio de Economía informó que el gobierno de la República Argentina y Repsol, S.A. llegaron a un acuerdo con respecto de la compensación por la expropiación de 200.589.525 acciones Clase "D" de YPF S de conformidad con la Ley 26.741, y el 27 de febrero el gobierno de la República Argentina y Repsol firmaron el mismo.

En ese acuerdo se fijó como fecha de pago el día 7 de mayo de 2014, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, entre ellas, que el Congreso de la Nación aprobara el acuerdo que finalmente se aprobó, y que el gobierno pudiera remover medidas judiciales dictadas por reclamos de terceros contra Repsol.

El problema fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió y estatizó la petrolera en abril del 2.012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1.993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menem.

En ese estatuto, la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el total de las acciones, algo que ese gobierno ignoró cuando expropió y estatizó la empresa, lo que motivó el juicio iniciado por el fondo Burford Capital que consiguió una sentencia definitiva en la Corte Suprema de Nueva York que obligaba a la República Argentina a pagar una suma de u$s16.000 millones, pero el año pasado los funcionarios del Gobierno liderados por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzabal, lograron dar marcha atrás ese fallo.

Con el fallo de ayer de Preska, el expediente en primera instancia en Nueva York quedaría cerrado, ya que la magistrada habría acatado el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo revocó la condena contra el Estado argentino, excepto que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera expedirse sobre el caso.