Investigan a Watchman Seguridad por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Justicia Federal investiga una denuncia contra la firma Watchman Seguridad S.A. por presuntas maniobras para obtener contratos con diferentes empresas públicas, entre ellas Trenes Argentinos, así como por una supuesta evasión de aportes previsionales.

Según informaron fuentes judiciales, la causa está en manos del juez Ariel Lijo desde los últimos días, pero tuvo su origen el pasado 23 de septiembre, cuando se recibió una alerta en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES).

Retención de aportes y PPC irregulares, los ejes de la denuncia

En un correo electrónico, se mencionaba que la compañía prestaba servicios para diversas empresas públicas tales como Trenes Argentinos, PAMI, Correo Argentino, Tandanor y ENERSA (Energía de Entre Ríos) y que "sus responsables incurrirían en conductas ilícitas, que incluirían pagos indebidos a funcionarios públicos para acceder a contratos y mantenerlos en el tiempo".

Según la denuncia, estas maniobras generarían que la firma logre ganar licitaciones, al tiempo que provocarían un perjuicio a las empresas públicas que no cuentan con el personal de vigilancia acordado y al erario, que no recibe los aportes correspondientes.

Además, de acuerdo a la comunicación incluida en el dictamen fiscal al que accedió iProfesional, se atribuyeron a la firma los siguientes hechos:

• La retención de aportes a vigiladores que luego no son depositados (lo que habría motivado una causa que tramita ante el fuero Penal Económico desde 2019)
• El ofrecimiento de servicios a ser cubiertos por un gran número de vigiladores a un precio muy bajo, que luego son prestados por una cantidad muy inferior de personal
• La solicitud de Programas Preventivos de Crisis (PPC) que serían homologados por la Secretaría de Trabajo de la Nación de manera irregular

Sobre este último punto, siempre según la denuncia, se señaló que tales programas "están destinados a evitar que las empresas deban depositar los aportes de su personal suspendido, pero serían aplicados por Watchman Seguridad a la totalidad" de su planta.

Según explicaron los voceros consultados, desde la UFISES, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, se decidió iniciar una investigación preliminar breve con el objeto de procurar determinar algunos de los extremos mencionados en el correo, que permitieran darle cierto sustento.

Pedidos de informes a la Secretaría de Trabajo, ARCA y las empresas

En ese marco, desde la fiscalía se libraron requerimientos a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a las cinco empresas públicas antes mencionadas.

A partir de las respuestas obtenidas tanto de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo como de algunas de las compañías consultadas, se pudo corroborar que tanto Correo Argentino como ENERSA mantienen contratos con Watchman.

Desde la mencionada área de la Secretaría de Trabajo, también se confirmó a la UFISES la solicitud de diversos Procedimientos Preventivos de Crisis por parte de la empresa de seguridad, los cuales fueron luego encuadrados bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a las suspensiones de las prestaciones laborales.

A la fecha, uno de ellos ya fue homologado mientras que otros ocho aún están en trámite. En el primer acuerdo, por ejemplo, las partes convinieron la suspensión de personal entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2025, previendo un pago equivalente al 75% del sueldo.

"Se cree que esta empresa realizaba distinto tipo de acciones para ser rentable, en connivencia con autoridades de las empresas públicas", señaló una fuente vinculada al expediente.

En virtud de esta información, la fiscalía especializada dio curso a la denuncia y el 13 de octubre último la envió a sorteo a Cámara Federal. El juzgado que llevará adelante el proceso penal es el de Lijo.

Por ahora el expediente está caratulado como "averiguación de delito" y todavía la fiscalía interviniente no solicitó medidas adicionales a las requeridas desde la UFISES, pero si el expediente avanza podría haber imputaciones tanto para directivos de la empresa como a funcionarios públicos, según indicaron los voceros consultados.

Una de las respuestas que se aguardan es el pedido de información a ARCA acerca de si existen deudas previsionales en los últimos 3 años, cuáles son los montos y períodos y si la firma adhirió en algún plan de regularización.

Seguridad en empresas públicas, barrios privados e industrias

Watchman es una empresa que desde hace unos 30 años ofrece servicios de seguridad a barrios privados, industrias, laboratorios, entidades bancarias, centros de salud y comerciales. Tiene presencia en el AMBA, Córdoba, Salta, Entre Ríos y Santa Fe, entre otras provincias.

Según su página web, entre sus 250 clientes figuran Mapuche Country Club, Fincas de Hudson, La Serenísima, Edenor, La Virginia, Roemmers, Banco Macro, Supervielle, los hospitales Italiano y Austral y el shopping Patio Olmos, entre otros.

Y tal como señala la denuncia que ahora recayó en Lijo provee de vigiladores y otros servicios a Trenes Argentinos, Correo Argentino, el astillero Tandanor y también a AYSA.

En los últimos años, distintas organizaciones gremiales del sector de la seguridad privada han realizado diversos planteos y reclamos contra Watchman por presuntos incumplimientos laborales y persecuciones.

El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP) ha declarado estados de alerta y movilización ante la falta de pago o demoras en la liquidación de haberes a los vigiladores.

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) ha denunciado que la empresa realiza despidos arbitrarios y prácticas de hostigamiento contra aquellos empleados que inician reclamos legales por diferencias salariales o que se encuentran organizados.

Ambos han denunciado de forma sostenida la retención de aportes y contribuciones de la seguridad social que luego no son transferidos a los organismos correspondientes, tal como surge de la denuncia judicial.