Juicio por YPF: Argentina pidió más tiempo para responder ante la Corte de EEUU
La administración nacional consiguió extender el plazo en la puja legal internacional mientras continúan las demandas de los acreedores vinculados
El Gobierno argentino solicitó una prórroga de 30 días para responder al recurso presentado por los fondos demandantes ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que buscan revertir el fallo favorable al país en el juicio por la expropiación de YPF. Con la extensión, el nuevo plazo vencería el 2 de diciembre.
El pedido se conoció después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara sin efecto su sentencia de 2023, que había condenado a la Argentina a pagar u$s16.100 millones, una cifra que con intereses superaba los u$s18.000 millones. La magistrada acató así la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo de 2026 revocó la condena contra el Estado argentino.
La resolución formalizó el cierre del expediente en primera instancia, pero no puso fin a todas las instancias judiciales. Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si acepta el recurso de los demandantes y revisa el fallo favorable al país.
Qué debe resolver la Corte Suprema de Estados Unidos
El recurso fue presentado por Burford Capital, que representa a las sociedades Petersen Energía y Petersen Inversora, vinculadas al Grupo Petersen, y al fondo de inversión Eton Park. Los demandantes buscan restablecer la condena original.
Antes de analizar el fondo de la disputa, el máximo tribunal deberá decidir si acepta intervenir. La Corte recibe miles de solicitudes de revisión en cada período de sesiones y selecciona una proporción reducida de los casos. Por eso, la presentación no garantiza que el expediente sea admitido.
La prórroga solicitada modifica el cronograma procesal, pero no anticipa una decisión sobre el litigio. Una vez presentada la respuesta argentina, quedará pendiente la definición de los jueces sobre el pedido de revisión.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler sostuvo en su cuenta de X que Preska, al acatar la decisión de la Cámara de Apelaciones, dejó sin efecto su sentencia anterior y cerró su intervención en la causa. Según explicó, el resultado solo podría modificarse si la Corte Suprema acepta el planteo de los demandantes y revierte el fallo del tribunal de apelaciones.
Cómo se originó el juicio por la expropiación de YPF
El conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol.
El reclamo judicial se basó en el presunto incumplimiento del estatuto de la compañía, que contemplaba la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas ante determinadas operaciones de toma de control.
El Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, tenía cerca del 25% de las acciones de YPF. La compra de esa participación se había financiado con créditos que se pagaban con los dividendos distribuidos por la petrolera. Tras la estatización, las restricciones al reparto de ganancias afectaron la capacidad del grupo para afrontar sus obligaciones financieras.
En 2015, Burford Capital inició la demanda ante los tribunales federales de Nueva York, después de adquirir los derechos para litigar de las sociedades Petersen. El fondo también impulsó el reclamo en representación de Eton Park.
En septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones por la forma en que se realizó la expropiación. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa sentencia en marzo de 2026, en un fallo favorable al Estado argentino. Tras el rechazo de su intento de revisión en esa instancia, los demandantes recurrieron a la Corte Suprema.
El acuerdo con Repsol y el reclamo de los accionistas minoritarios
Repsol siguió una vía distinta a la de los fondos demandantes. En 2014, la petrolera española alcanzó un acuerdo con la Argentina por la expropiación de su participación en YPF, con una compensación equivalente a u$s5.000 millones en bonos soberanos. El entendimiento fue aprobado por el Congreso y permitió cerrar la disputa entre ambas partes.
Ese acuerdo no resolvió el reclamo de los accionistas minoritarios representados por Burford Capital, cuyo planteo se centró en las disposiciones del estatuto de YPF sobre la toma de control de la empresa.
En paralelo al proceso en Estados Unidos, Burford Capital impulsó un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
Así, mientras se espera que la Corte Suprema estadounidense decida si acepta revisar el fallo de la Cámara de Apelaciones, continúa abierta la vía arbitral vinculada con la estatización de YPF.