Hotesur y Los Sauces: cómo funcionaba la maniobra de alquileres que investiga la Justicia

El juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces comenzará este viernes en los tribunales de Comodoro Py, con 32 imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, el empresario Lázaro Báez y los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La investigación busca determinar si los alquileres de hoteles e inmuebles a empresas vinculadas a ambos grupos empresarios fueron utilizados para canalizar fondos de origen ilícito hacia las sociedades de la familia Kirchner.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que los contratos permitieron transferir dinero mediante operaciones que no habrían respondido a servicios reales o que presentaban condiciones económicas injustificadas. Los fondos ingresaban a las empresas Hotesur y Los Sauces y, según la acusación, parte de ese dinero terminaba en el patrimonio personal de sus accionistas.

Las dos causas tienen un punto en común: los ingresos de las sociedades familiares provenían, en gran medida, de empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo. Sin embargo, cada expediente investiga una modalidad específica: en Hotesur, los contratos de habitaciones, salones y servicios hoteleros; en Los Sauces, el alquiler de propiedades a empresas relacionadas con esos grupos.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación será sostenida por los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervendrá como querellante.

Hotesur: habitaciones y salones contratados por empresas de Báez

La investigación sobre Hotesur se originó a partir de una publicación del diario La Nación a fines de 2013. La pesquisa se concentró en el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas, vinculados a la familia Kirchner, y en la empresa Valle Mitre, relacionada con Lázaro Báez, que asumió la administración de esos establecimientos.

Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el mecanismo consistía en que empresas del grupo Báez contrataban habitaciones y salones de los hoteles durante períodos prolongados. Esos acuerdos generaban ingresos para Valle Mitre, que administraba los establecimientos, y permitían justificar transferencias de dinero hacia la estructura hotelera.

La acusación sostiene que una parte de esas contrataciones habría sido ficticia o no habría tenido una justificación comercial suficiente. También cuestiona supuestos servicios de consultoría, marketing y promoción que, según los investigadores, no contaban con respaldo adecuado.

Entre los contratos observados figuran los celebrados con empresas constructoras del grupo Báez:

• Austral Construcciones
• Kank y Costilla
• Loscalzo y Del Curto
• Otras firmas vinculadas a su actividad

Uno de los aspectos cuestionados fue el alojamiento en El Calafate de trabajadores y responsables de obras viales situadas en otras localidades de Santa Cruz. La fiscalía puso en duda que empleados vinculados con proyectos ubicados a cientos de kilómetros necesitaran alojarse en esos hoteles.

También se investigaron supuestos alquileres de salones del Alto Calafate para promocionar productos derivados del petróleo de YPF, una contratación que, según los fiscales, la empresa estatal no tenía registrada.

Cómo circulaba el dinero en la operatoria hotelera

El circuito investigado tenía distintas etapas: primero, las empresas vinculadas a Báez realizaban pagos por supuestos servicios hoteleros a Valle Mitre; luego, esa empresa abonaba cánones por la explotación de los establecimientos a las sociedades propietarias vinculadas a la familia Kirchner.

De acuerdo con la acusación, las empresas de Báez transfirieron más de $86 millones a Valle Mitre mediante operaciones vinculadas a los hoteles. Por su parte, la familia Kirchner habría percibido ingresos por el alquiler y la explotación de los establecimientos.

En el caso del hotel Alto Calafate, el requerimiento fiscal consignó pagos por $28.597.624 en concepto de cánones locativos a través de Hotesur. Por la hostería Las Dunas, se atribuyeron a Cristina Kirchner ingresos directos por $6.909.708.

Los fiscales también señalaron que Valle Mitre registró pérdidas durante el período analizado, mientras que Hotesur obtuvo ingresos superiores a los que había registrado bajo sus anteriores propietarios. Para la acusación, esa diferencia constituye un indicio de que los contratos podrían no haber respondido a condiciones comerciales habituales.

La investigación también examinó retiros de fondos de las cuentas de Hotesur bajo el concepto de créditos a favor de los accionistas. Según el requerimiento fiscal, Cristina Kirchner retiró $4.874.848,68 mediante esa modalidad, sin que se hubieran distribuido dividendos conforme a las reglas societarias que, según los fiscales, correspondían.

La hipótesis es que los pagos por contratos hoteleros permitían introducir fondos en la estructura societaria y que, mediante los retiros posteriores, parte de ese dinero llegaba al patrimonio personal de los accionistas.

Los Sauces: alquileres inmobiliarios a empresas de Báez y del Grupo Indalo

En la causa Los Sauces, el mecanismo investigado se basó en contratos de alquiler de inmuebles pertenecientes a la sociedad de la familia Kirchner con empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2018 por Pollicita y Mahiques, la sociedad inmobiliaria percibió ingresos de compañías como Austral Construcciones, Inversora M&S y otras firmas relacionadas con esos grupos empresarios.

La fiscalía sostiene que algunos contratos habrían sido simulados o establecidos bajo condiciones que no respondían a una lógica comercial. De ese modo, los alquileres habrían servido para transferir fondos de las empresas a Los Sauces y darles una apariencia de ingresos inmobiliarios legítimos.

La acusación también analiza operaciones de adquisición e incorporación de propiedades al patrimonio societario, así como retiros posteriores de dinero. El objetivo es determinar si esos movimientos formaron parte de un circuito destinado a canalizar fondos hacia los integrantes de la familia Kirchner.

Cuánto facturó Los Sauces con los alquileres

De acuerdo con el requerimiento fiscal, Los Sauces facturó $25.968.042,30 entre 2009 y 2016. La acusación atribuye el 88% de esos ingresos a empresas de Báez y del Grupo Indalo.

La concentración de la facturación en compañías vinculadas a esos empresarios es uno de los elementos que la fiscalía utiliza para sostener que los alquileres formaban parte de una operatoria común y no de una actividad inmobiliaria independiente.

Los investigadores también cuestionaron retiros de dinero bajo conceptos como devolución de préstamos y pagos a accionistas. Según la acusación, esas operaciones deben analizarse junto con los contratos y la documentación contable para establecer si permitieron trasladar fondos de las sociedades al patrimonio personal de sus integrantes.

Qué responsabilidad le atribuye la fiscalía a Cristina Kirchner

Las acusaciones contra Cristina Kirchner presentan diferencias entre los dos expedientes.

En Hotesur, está acusada de lavado de activos en calidad de coautora. Los fiscales sostienen que intervino en la obtención de fondos para adquirir los hoteles, en la organización de su explotación comercial y en la continuidad de los contratos con Valle Mitre.

La acusación señala que, como accionista de Hotesur, aprobó los ejercicios económicos de la sociedad entre 2010 y 2013 y ratificó la contratación de la empresa vinculada a Báez. También cuestiona los retiros de fondos de la compañía bajo el concepto de créditos a favor de los accionistas.

En Los Sauces, la expresidenta está acusada de asociación ilícita, lavado de activos y admisión de dádivas. La fiscalía sostiene que encabezó una organización destinada a obtener fondos públicos y canalizarlos mediante operaciones comerciales e inmobiliarias.

En relación con el lavado, los investigadores le atribuyen haber intervenido en la administración de la sociedad y en los contratos con empresas de Báez y del Grupo Indalo. La acusación por admisión de dádivas, por su parte, se vincula con presuntos beneficios económicos recibidos de Cristóbal López y Fabián De Sousa en relación con concesiones, contratos y beneficios impositivos otorgados durante sus gobiernos.

La fiscalía también examinó la constitución y administración de Los Sauces, la incorporación de inmuebles, la aprobación de balances y el uso de bienes pertenecientes a la sociedad.

Qué papel les atribuyen a Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Lázaro Báez

Máximo Kirchner está imputado en ambas causas. La acusación analiza su participación en las sociedades familiares, las operaciones patrimoniales y las decisiones vinculadas con los contratos investigados. En Hotesur, recibió acciones de la compañía mediante una donación formalizada en diciembre de 2008.

Florencia Kirchner también está imputada en los dos expedientes, aunque la fiscalía le atribuye una participación diferente de la que adjudica a su madre y a su hermano.

Lázaro Báez aparece señalado como organizador en la hipótesis acusatoria. Su papel es central en la investigación sobre Hotesur, por la intervención de Valle Mitre en la administración de los hoteles y por los pagos efectuados por sus empresas. En Los Sauces, la pesquisa analiza los alquileres pagados por compañías vinculadas a su grupo.

Cristóbal López y Fabián De Sousa también están imputados en Los Sauces por las operaciones vinculadas a empresas del Grupo Indalo. Los restantes acusados están relacionados, según sus respectivas situaciones procesales, con la administración de las sociedades, los contratos, la circulación de fondos o la documentación contable.

Qué deberá determinar el tribunal

El juicio oral unificado comenzará este viernes en el Tribunal Oral Federal 5, con 32 imputados. Será el tercer juicio oral que afrontará Cristina Kirchner y el primero para Máximo Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la unificación de los expedientes. Del total de acusados, 12 están imputados en ambas causas, siete serán juzgados únicamente por Hotesur y 13 solo por Los Sauces.

El tribunal deberá examinar si los contratos hoteleros e inmobiliarios cuestionados correspondían a operaciones reales, si los montos pagados tenían justificación comercial y si los movimientos de dinero constituyeron maniobras de lavado de activos. También deberá establecer la responsabilidad individual de cada acusado.

Los montos, contratos y movimientos descriptos corresponden a elementos incorporados a las investigaciones y a las hipótesis de la fiscalía. Su alcance y su relevancia penal deberán evaluarse durante el debate oral.