Nacionalidad española: impulsan reforma que podría beneficiar a bisnietos y tataranietos

El cierre del plazo para solicitar la nacionalidad española a través de la denominada ley de nietos, en octubre de 2025, no puso fin a los reclamos de los descendientes de emigrantes. Mientras miles de expedientes continúan pendientes de resolución en los consulados, distintas asociaciones impulsan iniciativas para modificar las reglas de acceso a la ciudadanía y revisar los procedimientos administrativos utilizados durante la tramitación.

Uno de los planteos más recientes fue presentado por la Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU), que reclamó una reforma del Código Civil español para que la transmisión de la nacionalidad no tenga límites generacionales. La propuesta permitiría que el derecho alcance también a bisnietos, tataranietos y descendientes de generaciones posteriores, siempre que puedan acreditar documentalmente su vínculo familiar con un antepasado español.

El reclamo quedó plasmado en un documento fechado el 4 de noviembre y firmado por el vicepresidente de CODEU, Yeobany Vázquez Pardo. Allí, la organización expresó su respaldo a una iniciativa del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que busca establecer un mecanismo permanente para acceder a la nacionalidad, sin depender de leyes extraordinarias ni de plazos administrativos específicos.

La propuesta contempla modificar cuatro artículos del Código Civil —el 20, el 23, el 24 y el 26— para ampliar las posibilidades de transmisión y adquisición de la nacionalidad española, además de corregir situaciones de desigualdad que afectan a descendientes de emigrantes.

Qué propone la reforma para bisnietos y tataranietos

El principal cambio que impulsa CODEU es eliminar los límites generacionales para transmitir la nacionalidad española por descendencia. Según la asociación, el vínculo familiar con un antepasado español no pierde validez por el hecho de que transcurran varias generaciones.

En ese sentido, el documento sostiene que establecer una diferencia entre nietos, bisnietos y tataranietos supone introducir una distinción que no se justifica cuando todos pueden demostrar su origen familiar mediante documentación oficial.

"El ius sanguinis se fundamenta en la filiación, y la filiación no se diluye por el paso de las generaciones, sino que simplemente se encadena", argumenta la organización.

La iniciativa, sin embargo, no plantea que la nacionalidad se conceda automáticamente. Los interesados deberían acreditar cada eslabón de la cadena familiar mediante certificaciones oficiales, manifestar su voluntad de adquirir la ciudadanía y completar un procedimiento administrativo con garantías.

También propone estudiar requisitos complementarios, como una declaración de lealtad a la Constitución española o conocimientos básicos de lengua y cultura, siempre que esas condiciones no se conviertan en obstáculos discriminatorios.

Una iniciativa que el Consejo de Ciudadanía Española impulsa desde 2023

La reforma del Código Civil no surgió a partir del cierre de la ley de nietos. El CGCEE aprobó la propuesta durante su pleno de Asturias, en noviembre de 2023, y la presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 8 de octubre de 2024.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2025, su presidenta, Violeta Alonso, llevó la iniciativa a la Comisión de Justicia del Senado, donde expuso los principales cambios ante representantes de los distintos grupos parlamentarios.

El objetivo es que los descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad mediante una regulación ordinaria y permanente, sin tener que esperar a que se apruebe una nueva ley de memoria histórica o democrática.

La propuesta también contempla a descendientes de españoles de origen cuyos antepasados hubieran perdido la nacionalidad. Se trata de una situación que afecta especialmente a familias que llevan varias generaciones fuera de España.

Otro de los puntos centrales es corregir las desigualdades históricas que existieron en la transmisión de la ciudadanía por línea materna. Hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, las mujeres españolas podían perder su nacionalidad al casarse con extranjeros y no tenían las mismas posibilidades que los hombres para transmitirla a sus hijos.

El CGCEE considera que los descendientes afectados por esas disposiciones deben contar con una vía para recuperar el vínculo jurídico con España.

La reforma incluye, además, otras modificaciones:

• Permitir que los cónyuges extranjeros de españoles de origen residentes en el exterior puedan optar a la nacionalidad después de dos años de matrimonio
• Eliminar la obligación general de renunciar a la ciudadanía anterior
• Limitar la pérdida de la nacionalidad a los casos de renuncia expresa y voluntaria
• Simplificar su recuperación mediante una declaración ante el Registro Civil

Qué pasó con la ley de nietos y cuántas solicitudes se presentaron

El reclamo por una legislación permanente tomó mayor relevancia después del cierre de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y conocida como ley de nietos.

El plazo para presentar solicitudes terminó el 22 de octubre de 2025, luego de una prórroga de un año. La normativa permitió que determinados descendientes de españoles que habían sufrido el exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual pudieran optar a la nacionalidad española de origen.

Sin embargo, el vencimiento dejó afuera a personas que no consiguieron completar los trámites dentro del período establecido. El CGCEE había advertido sobre las dificultades para reunir partidas de nacimiento, obtener apostillas y legalizaciones y conseguir turnos en los consulados.

La saturación de los registros civiles en España y en el exterior también complicó la presentación y el procesamiento de los expedientes.

La dimensión de la convocatoria quedó reflejada en las estadísticas oficiales. Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, al 31 de mayo de 2026 las oficinas consulares habían recibido 1.225.188 solicitudes al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

De ese total, 571.761 habían sido aprobadas y se habían practicado 333.696 inscripciones en los registros consulares. Argentina, Cuba, Brasil y México concentraban una parte importante de las presentaciones.

En Argentina, los cinco consulados españoles —Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario— acumulan cerca de un millón de solicitudes, según los datos difundidos sobre la tramitación. La oficina de Buenos Aires concentra aproximadamente 645.000 expedientes, de los cuales unos 220.000 habían sido atendidos personalmente con documentación completa. Alrededor de 425.000 citas o trámites permanecían pendientes.

Cuba también registra un volumen elevado de solicitudes. El Consulado General de España en La Habana acumula aproximadamente 350.000 expedientes relacionados con la normativa.

La otra ofensiva sobre la ley de nietos: cuestionamientos a la interpretación y a los consulados

Mientras CODEU y el CGCEE reclaman ampliar el acceso a la nacionalidad mediante una reforma legislativa, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) lleva adelante una serie de presentaciones administrativas para cuestionar la interpretación que se aplicó a la ley de nietos y algunos mecanismos utilizados para procesar las solicitudes.

La entidad no pide derogar la Ley de Memoria Democrática, sino revisar una instrucción administrativa de noviembre de 2024 que, según sostiene, amplió el universo de posibles beneficiarios más allá de lo establecido originalmente por el legislador español.

El planteo fue dirigido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que emitió la instrucción cuando estaba bajo la conducción de Sofía Puente.

La ARVH sostiene que esa disposición permitió incorporar a descendientes de españoles que emigraron por motivos económicos, pese a que la ley contemplaba el acceso a la nacionalidad para determinados descendientes de personas que habían sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Por ese motivo, solicitó una revisión de oficio de la instrucción y reclamó que se determine si su interpretación se ajusta al alcance de la legislación aprobada en 2022.

La asociación también presentó pedidos para suspender determinados contratos y acuerdos de colaboración utilizados por los consulados españoles para reforzar la atención de los expedientes.

El contrato de 1,13 millones de euros con una empresa estatal cubana

Uno de los cuestionamientos más específicos está relacionado con el Consulado General de España en La Habana y un contrato adjudicado al Grupo PALCO, una empresa estatal cubana.

El 28 de julio de 2026, la ARVH presentó un escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la Mesa de Contratación y otros organismos competentes. Allí solicitó la revisión integral y la declaración de nulidad del expediente de contratación 2024SWs00114.

El acuerdo, por un importe de 1,13 millones de euros, contempla el suministro de personal para reforzar la atención de los expedientes de nacionalidad en la oficina consular de La Habana.

La asociación cuestiona que una empresa estatal extranjera participe en tareas vinculadas con la tramitación de la ciudadanía española. Argumenta que esos procedimientos involucran información personal y actuaciones que, por su naturaleza jurídica e institucional, deberían permanecer bajo responsabilidad de funcionarios españoles.

En su presentación, pidió incorporar al expediente las memorias justificativas, los informes jurídicos, económicos y de seguridad, los protocolos de control y la documentación relativa a la protección de datos.

También reclamó conocer cuántos trabajadores participan del servicio, cuáles son sus categorías profesionales, qué tareas realizan y qué nivel de acceso tienen a los expedientes y sistemas informáticos consulares.

El presidente de la ARVH, Antonio Javier Campal Crespo, sostuvo que la organización considera necesaria una revisión completa y transparente del contrato.

La entidad también solicitó suspender cautelarmente los contratos, encomiendas de gestión y acuerdos de colaboración con Ineco, una empresa pública española que participa en tareas de apoyo vinculadas con la tramitación de expedientes de nacionalidad.

Su argumento es que las funciones relacionadas con el reconocimiento de la ciudadanía deben quedar claramente delimitadas y que las decisiones correspondientes al Registro Civil tienen que permanecer en manos de los funcionarios competentes.

Qué puede pasar con los trámites de nacionalidad española

Los reclamos de CODEU, el CGCEE y la ARVH responden a objetivos diferentes, pero coinciden en mantener abierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de nacionalidad española después del cierre de la ley de nietos.

Por un lado, la reforma del Código Civil busca establecer una vía permanente para que los descendientes de españoles puedan acceder a la ciudadanía, sin límites generacionales y con independencia de la aprobación de nuevas leyes extraordinarias.

Por otro, la ARVH pretende que el Estado español revise la interpretación administrativa de la normativa de 2022 y los mecanismos de contratación utilizados para atender el volumen de expedientes acumulados.

La asociación anticipó que continuará con sus presentaciones administrativas y que recurrirá a la vía judicial si considera que corresponde hacerlo.

Mientras tanto, los consulados siguen procesando las solicitudes presentadas dentro del plazo legal. El vencimiento de octubre de 2025 impide iniciar nuevos expedientes por esa vía, pero no significa que hayan finalizado las gestiones de quienes presentaron su documentación a tiempo.

En ese escenario, una eventual modificación del Código Civil podría abrir una nueva alternativa para bisnietos, tataranietos y otros descendientes que hoy no cuentan con una vía ordinaria para obtener la nacionalidad española por su vínculo familiar.