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La Justicia anuló testamento firmado ante escribano por la enfermedad que padecía la mujer

La Cámara anuló un testamento firmado ante escribano al comprobar que la mujer padecía una demencia alcohólica que afectaba su capacidad para decidir

17/11/2026
Actualizado 10:36hs

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la nulidad de un testamento por acto público firmado en 2018, al considerar acreditado que la mujer que lo había otorgado padecía un trastorno depresivo crónico y una demencia alcohólica que afectaban su capacidad para comprender las consecuencias de sus decisiones.

El fallo fue dictado por la Sala G, en la causa "L., H. L. B. c/ F., A. M. J. s/ impugnación/nulidad de testamento". Los jueces Carlos Carranza Casares y Gastón Polo Olivera rechazaron la apelación presentada por el beneficiario del documento y mantuvieron la sentencia de primera instancia.

La controversia se originó a partir de un testamento otorgado el 6 de septiembre de 2018 por la causante, quien falleció el 21 de octubre de 2021. Su hermana cuestionó la validez del documento al sostener que, cuando fue firmado, la mujer no estaba en condiciones mentales de expresar una voluntad válida.

El juzgado de primera instancia había hecho lugar a la demanda y declarado la nulidad del testamento. El beneficiario apeló y argumentó que no se habían valorado adecuadamente las declaraciones testimoniales y que la decisión se había apoyado principalmente en el informe de la perita psiquiatra.

Qué pruebas tuvo en cuenta la Cámara para anular el testamento

Uno de los puntos centrales de la discusión fue determinar si la causante (mujer fallecida) tuvo la capacidad de comprender el alcance de sus decisiones cuando firmó el documento.

En el expediente declararon personas que habían tenido contacto con ella durante distintos períodos. Algunas sostuvieron que estaba en buenas condiciones y podía desenvolverse en actividades cotidianas. Entre ellas, la escribana que intervino en el acto manifestó que acostumbraba a mantener una conversación con los testadores y que, en este caso, le había parecido que la mujer estaba en condiciones de otorgar el testamento.

También declararon cuidadoras que señalaron que se bañaba, desayunaba, miraba televisión, escuchaba música y leía. Una de ellas, que la acompañó a la escribanía, afirmó que la había visto bien.

Sin embargo, otros testimonios describieron un cuadro diferente. Una empleada doméstica que había trabajado para la mujer hasta junio de 2017 relató que la encontraba en el piso, con mucho olor a alcohol, y que durante las noches deambulaba por la vivienda. También mencionó que observaba botellas de bebidas alcohólicas, como whisky y vodka.

Otras personas que la conocían señalaron que atravesaba un deterioro cognitivo, padecía depresión y tenía un consumo problemático de alcohol.

La Cámara advirtió que los testimonios presentaban versiones contradictorias sobre el estado de salud de la testadora. Al considerar que las diferencias involucraban hechos principales y que no había elementos para otorgar mayor credibilidad a un grupo de declarantes sobre otro, entendió que correspondía prescindir de esas declaraciones como prueba concluyente.

No obstante, aclaró que debían analizarse junto con el resto de las constancias del expediente, especialmente la documentación médica y el informe de la especialista que intervino en el proceso.

La historia clínica y el informe psiquiátrico que fueron determinantes

La perita psiquiatra examinó las historias clínicas del Hospital Británico y del Centro de Asistencia IFSA, además de distintos estudios médicos realizados durante varios años.

Según explicó, la mujer padecía un trastorno depresivo crónico que había comenzado aproximadamente 35 años antes de su fallecimiento, después de regresar al país tras haber vivido exiliada en México. El cuadro se había agravado luego de su jubilación, en 2002, cuando el consumo de alcohol aumentó y se volvió difícil de controlar.

La historia clínica registraba las siguientes patologías documentadas:

  • Consultas psiquiátricas por angustia desde 2003
  • Trastornos permanentes de memoria detectados en 2008
  • En 2009, una resonancia magnética había identificado imágenes compatibles con áreas de gliosis o secuelas isquémicas
  • En 2015 se documentó un trastorno depresivo mayor grave y melancólico
  • Ese mismo año, la mujer sufrió una fractura de malar por una caída mientras estaba alcoholizada
  • En 2016 se registró una ataxia de larga evolución, de carácter neurodegenerativo
  • Estudio del 11 de abril de 2018 mostró nuevas alteraciones cerebrales, entre ellas hiperintensidades periventriculares y subcorticales

La especialista explicó que la depresión y el consumo problemático de alcohol se potenciaban mutuamente y que, lejos de disminuir, la ingesta se había intensificado con el paso de los años.

La perita sostuvo que, al menos desde abril de 2018, la mujer tenía el juicio suspendido y no podía comprender las consecuencias de sus actos. El testamento cuestionado había sido firmado cinco meses después, el 6 de septiembre de ese año.

Además, señaló que en agosto de 2018 una psiquiatra tratante del Hospital Británico había recomendado asistencia permanente para las actividades de la vida diaria.

La experta también describió antecedentes de internaciones por traumatismos de cráneo derivados de caídas en estado de ebriedad, falta de autocuidado e incumplimiento de tratamientos psiquiátricos. Según su evaluación, se trataba de un deterioro irreversible y progresivo.

Al responder las observaciones del demandado, la especialista explicó que la suspensión del juicio implicaba una alteración de la conciencia, con falta de claridad mental y modificaciones en las percepciones y actitudes.

La Cámara consideró que el dictamen estaba suficientemente fundamentado y que las observaciones presentadas por el demandado, que no contaban con respaldo de otro profesional de la especialidad, habían sido respondidas detalladamente por la perita.

Por qué la firma ante escribano no impidió anular el testamento

Otro de los argumentos analizados fue la intervención de la escribana que certificó el acto. La profesional había manifestado que la mujer se encontraba en condiciones de otorgar el testamento y había dejado constancia de su apreciación sobre su estado de lucidez.

Sin embargo, la Cámara recordó que, aunque el escribano haya expresado en el testamento que el testador se encontraba en su perfecta razón, el notario no tiene por misión comprobar auténticamente el estado mental de quien testa. Según el criterio del tribunal, sus manifestaciones tienen valor respecto de la sustancia del acto y del cumplimiento de las solemnidades legales, pero no constituyen una comprobación concluyente de la capacidad psíquica de la persona.

Por ese motivo, la intervención notarial no impedía que posteriormente se cuestionara la validez del documento mediante pruebas médicas, historias clínicas y otros elementos incorporados a un proceso judicial.

Qué dice el Código Civil sobre la capacidad para hacer un testamento

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que las personas pueden disponer de sus bienes para después de su muerte mediante testamento, siempre que respeten las formalidades legales y las porciones legítimas correspondientes a determinados herederos.

Para resolver el caso, la Cámara tomó en consideración los artículos 2466, 2467 y 261 del Código Civil y Comercial.

El artículo 2466 establece que el contenido del testamento, su validez o nulidad se juzgan según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Como Amelia Marta Laterza falleció el 21 de octubre de 2021, correspondía aplicar las disposiciones del actual Código Civil y Comercial.

Por su parte, el artículo 261 considera involuntario por falta de discernimiento el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de razón.

El artículo 2467 contempla específicamente la nulidad del testamento otorgado por una persona privada de razón en el momento de testar. También establece que quien impugna el documento debe demostrar esa falta de capacidad.

La Cámara explicó que la carga de la prueba corresponde a quien solicita la nulidad, porque la legislación presume que las personas se encuentran en su sano juicio mientras no se demuestre lo contrario. Por eso, la prueba debe ser seria, categórica y contundente.

Sin embargo, cuando el planteo se realiza después del fallecimiento, ya no es posible examinar directamente al testador. En esos casos, los tribunales pueden reconstruir su estado mental mediante historias clínicas, estudios médicos, pericias, testimonios y presunciones.

En ese contexto, los elementos incorporados al expediente deben analizarse de manera conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica, sin considerar cada prueba de forma aislada.

Por qué alcanzó con demostrar la incapacidad en un período cercano a la firma

Uno de los aspectos centrales del razonamiento de la Cámara fue la posibilidad de acreditar la falta de capacidad mental aunque no existiera una evaluación psiquiátrica realizada exactamente el día en que se firmó el testamento.

Los jueces consideraron que los antecedentes médicos demostraban que el deterioro cognitivo era anterior al otorgamiento del documento y que respondía a un proceso irreversible y progresivo.

En ese sentido, señalaron que, aun cuando no se hubiera producido una prueba directa sobre el estado de la mujer en el momento preciso de la firma, bastaba con acreditar la falta de aptitud mental en una época próxima a ese acto.

También aclararon que la vejez, por sí sola, no priva a una persona de la capacidad para testar. Sin embargo, cuando está acompañada por un cuadro de demencia senil o alcohólica, pueden encontrarse afectadas las funciones psíquicas necesarias para comprender las decisiones.

La decisión final de la Cámara

A partir de la documentación médica, las conclusiones de la perita y el resto de los elementos incorporados al expediente, la Sala G concluyó que estaba suficientemente probado que Amelia Marta Laterza padecía una patología depresiva y una demencia alcohólica que habían afectado su capacidad de discernimiento cuando firmó el testamento.

En consecuencia, los jueces rechazaron los cuestionamientos del beneficiario y confirmaron la sentencia que había declarado la nulidad del documento otorgado el 6 de septiembre de 2018.