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Jubilaciones: un tercer fallo rechazó la fórmula de Alberto Fernández y limitó el reajuste

La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández, pero limitó el período para calcular las compensaciones reclamadas

18/11/2026
Actualizado 10:39hs

La fórmula que determinó los aumentos jubilatorios durante el gobierno de Alberto Fernández quedó bajo cuestionamiento en las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En menos de dos semanas, distintos magistrados declararon inconstitucional el mecanismo de la Ley 27.609, en línea con otro fallo contra la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández, aunque todavía no existe un criterio uniforme sobre cómo deben calcularse las compensaciones.

La última resolución expone esa diferencia: reconoce que el sistema produjo un perjuicio, pero restringe el período que se tomará en cuenta para reparar a una jubilada que acudió a la Justicia. La comparación entre los aumentos otorgados y la inflación abarcará desde octubre de 2023 hasta junio de 2024. Quedarán afuera los meses anteriores, pese a que durante buena parte de ese lapso los haberes perdieron terreno frente a los precios.

El impacto de la fórmula no fue igual para todos. Los jubilados que no percibieron bonos compensatorios —en general, quienes cobran por encima del mínimo por haber realizado mayores aportes— soportaron una caída del poder adquisitivo que llegó a superar el 50%.

Jubilaciones: la Justicia limitó el pago retroactivo y dejó afuera una pérdida del 23,8%

La causa que originó la nueva sentencia es "Pena, Dora Yolanda c/ Anses s/ Reajustes varios". La Sala 1 dispuso que se determine cuánto habrían aumentado los haberes si se hubiera seguido la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de aplicar los porcentajes previstos por la Ley 27.609, durante el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2024.

Cuando se establezcan las diferencias, la Anses deberá incorporarlas al ingreso mensual de la demandante y abonar los intereses correspondientes al retroactivo.

El recorte deja sin reparación otro tramo en el que también hubo un deterioro. Desde comienzos de 2022 y hasta septiembre de 2023, los incrementos trimestrales quedaron rezagados frente a la inflación en todos los períodos. La pérdida acumulada durante esos meses fue del 23,8%, pero la sentencia no ordena devolver ese monto.

Hay, además, una razón para que el cálculo no se extienda al segundo trimestre de 2024: en esa etapa, los aumentos previsionales superaron a la inflación. Se trató de un período de transición entre modalidades de actualización, con disposiciones transitorias que incidieron en la evolución de los ingresos.

La decisión beneficia únicamente a la jubilada que presentó la demanda. El Estado podría apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene otros planteos pendientes sobre la validez de la fórmula y sus consecuencias. En otros casos, los beneficiarios pueden consultar cómo reclamar un reajuste jubilatorio ante la Justicia y qué condiciones deben cumplir para solicitar una revisión de sus haberes.

Una fórmula sin inflación directa y con un límite para los aumentos

El mecanismo cuestionado había sido impulsado durante la gestión de Alberto Fernández y rigió desde 2021 hasta junio de 2024. En la práctica, su última aplicación efectiva se produjo en marzo de ese año.

Para calcular los reajustes trimestrales, la Ley 27.609 combinaba la evolución salarial con la recaudación de impuestos que tienen asignación específica para la Anses. No incorporaba directamente la inflación y, además, establecía un tope anual para los incrementos, sin vincularlo con la evolución del poder de compra de los jubilados.

Ese límite profundizó el retroceso de los ingresos, con un efecto particularmente marcado en diciembre de 2023. La discusión judicial apunta precisamente a determinar si los resultados de ese esquema vulneraron el derecho constitucional a la movilidad previsional.

En su voto, el juez Sebastián Russo delimitó qué debe evaluar un tribunal cuando analiza una política de actualización de haberes. Sostuvo que "no es materia del juez expedirse respecto de la política de movilidad, sino verificar si el resultado de su implementación afecta al núcleo del derecho protegido por nuestra Carta Magna". También indicó que debe examinarse "si se ha producido un deterioro sustancial del haber al extremo que se vuelve ilusoria la protección constitucional".

La sentencia puso el foco, además, en el cambio que introdujo el gobierno de Javier Milei. El DNU 274 estableció que las jubilaciones se actualicen mensualmente de acuerdo con la variación del IPC registrada dos meses antes. Este mecanismo determina los próximos aumentos de las jubilaciones de ANSES. Sin embargo, ese nuevo sistema comenzó a aplicarse sobre ingresos que ya arrastraban una pérdida.

"El haber ya depreciado pasó a ser la base de cálculo del nuevo sistema y así la pérdida quedó consolidada", señala el fallo. En el mismo sentido, advierte que "la insuficiencia del empalme no es transitoria" y que "la reparación de ese perjuicio es independiente de la movilidad que corresponde aplicar de ahora en adelante".

Los jueces que intervinieron y las diferencias con otros dos expedientes

La resolución de la Sala 1 fue firmada por Fernando Strasser, Sebastián Russo y Juan Fantini. Ninguno de ellos ocupa de manera titular un cargo en esa dependencia: los dos primeros pertenecen a la Sala 3 y el tercero integra la Sala 2. Su intervención se produjo como subrogantes porque la Sala 1 quedó sin jueces designados tras la salida de sus anteriores integrantes.

La participación de esos magistrados permite entender por qué el nuevo pronunciamiento coincide en algunos aspectos con decisiones recientes, pero también presenta diferencias respecto de la forma de calcular los reajustes.

El 5 de noviembre, Strasser y Russo habían intervenido en el fallo de la Sala 3 sobre el expediente "Aguirre, Jorge Alberto c/ Anses s/ Reajustes varios". Allí también se declaró inconstitucional la Ley 27.609 y se limitó el período considerado para reconocer diferencias.

En cambio, la resolución de la Sala 2 del viernes 13 adoptó una alternativa más amplia. En la causa "Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios", los magistrados concluyeron que correspondía aplicar desde enero de 2021 hasta junio de 2024 la fórmula establecida por la ley 27.426, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri.

A diferencia de la normativa de Alberto Fernández, aquel sistema sí incluía la inflación entre las variables utilizadas para calcular los aumentos. La sentencia dispuso que, para ese caso, "deberá aplicarse de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive".

Fantini propuso recalcular el haber con el sistema de movilidad de Macri

Dentro del fallo más reciente tampoco hubo una única postura sobre la manera de reparar el perjuicio. Juan Fantini sostuvo que el ingreso de la demandante debía reconstruirse tomando marzo de 2021 como punto de partida, sin limitar temporalmente los efectos de la declaración de inconstitucionalidad.

Su propuesta no consiste en comparar los incrementos con el IPC, sino en utilizar la fórmula de la Ley 27.426. El magistrado ya había defendido ese criterio en su voto dentro de la causa Aguirre.

Como antecedente, mencionó el pronunciamiento de la Corte Suprema en el expediente "Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses". En diciembre de 2025, el máximo tribunal rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 27.426, que había regido durante 2018 y 2019.

De esta manera, las resoluciones recientes muestran que existe coincidencia entre las salas respecto del cuestionamiento a la Ley 27.609, pero no sobre la metodología que debe utilizarse para calcular las diferencias ni sobre la extensión temporal de las reparaciones.

Reclamos similares ya tuvieron respuesta en distintas provincias

Los pronunciamientos de la Cámara Federal de la Seguridad Social se suman a decisiones de tribunales de apelación del interior del país. En los últimos años, hubo sentencias que reconocieron el perjuicio ocasionado por la fórmula en causas tramitadas en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán.

En algunos de esos expedientes, los magistrados determinaron que la pérdida de poder adquisitivo durante la vigencia de la Ley 27.609 alcanzó el 50% y ordenaron compensar a los jubilados que habían iniciado acciones judiciales.

La controversia todavía requiere una definición del máximo tribunal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre los expedientes que tiene pendientes y establecer qué criterio corresponde aplicar frente a los reclamos por la pérdida de movilidad.