Passarella irá a juicio por su gestión en River: las maniobras que investiga la Justicia
El proceso judicial expone maniobras financieras, reventa de entradas y supuestos vínculos con barras bravas durante distintos mandatos
Daniel Alberto Passarella, presidente de River Plate entre 2009 y 2013, afrontará un juicio oral y público por presuntas maniobras de administración fraudulenta, defraudaciones económicas e instigación a la formación de grupos violentos durante su gestión al frente de la institución.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Capital Federal fijó el 15 de febrero de 2027 como fecha para el comienzo del debate. El proceso alcanzará a otros 30 imputados, entre ellos Diego Turnes, quien fue vicepresidente durante aquella conducción, exdirigentes del club, efectivos policiales e integrantes de la barrabrava Los Borrachos del Tablón.
La investigación contempla distintas operaciones que habrían perjudicado económicamente a River: la reventa sistemática de entradas, presuntos desvíos de dinero mediante operaciones con futbolistas, irregularidades en contratos comerciales y el supuesto financiamiento de actividades vinculadas con la barra brava.
Las figuras penales atribuidas a los acusados contemplan penas que, sumadas, podrían alcanzar los 12 años de prisión. La responsabilidad de cada uno deberá determinarse durante el juicio.
Cómo comenzó la causa contra Passarella
El expediente se originó el 23 de junio de 2012, cuando River enfrentó a Almirante Brown en el estadio Monumental por la última fecha de la Primera B Nacional. Ese partido definió el regreso del equipo a Primera División, después de una temporada en la segunda categoría.
Según la reconstrucción de la investigación, un socio y abonado del club denunció que otra persona ocupaba su butaca en la platea San Martín. El hombre que estaba en ese lugar tenía una entrada de protocolo con la misma ubicación, que habría conseguido a través de la reventa.
Cuando el socio reclamó ante las autoridades del club, habría recibido intimidaciones por parte de personas vinculadas con la barrabrava. Dos días después presentó una denuncia judicial por estafa, que dio origen a una investigación más amplia.
La pesquisa quedó a cargo del fiscal José María Campagnoli, quien avanzó sobre el circuito de comercialización de localidades y las presuntas conexiones entre integrantes de la dirigencia, la barra brava y efectivos policiales.
De acuerdo con las pruebas reunidas por la fiscalía, el club habría utilizado de manera rotativa los datos de aproximadamente 10.000 socios que habitualmente no concurrían a la cancha para emitir alrededor de 1.500 entradas por partido, que habrían sido entregadas a integrantes de Los Borrachos del Tablón para su posterior comercialización.
La investigación identificó, además, una estructura de unos 57 revendedores que operaban en las inmediaciones del estadio y otros canales de venta por internet y oficinas del centro porteño. También se habrían utilizado espacios del club para distribuir las localidades y concentrar el dinero obtenido.
La hipótesis fiscal sostiene que el circuito permitía obtener ingresos por fuera de los canales oficiales de River y que parte de esas operaciones contaba con la participación o cobertura de personas vinculadas con la institución y las fuerzas de seguridad.
Los cheques y las irregularidades en las transferencias de jugadores
Otro de los capítulos del expediente está relacionado con el manejo de fondos del club y distintas operaciones vinculadas con futbolistas.
Entre las maniobras investigadas aparecen 26 cheques emitidos a nombre de jugadores de River, cuyas firmas habrían sido falsificadas. Según la acusación, los documentos eran endosados a nombre de terceros y luego cobrados por ventanilla, sin que los destinatarios originales recibieran el dinero.
Entre los futbolistas cuyos nombres aparecen en esas operaciones figuran Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Leandro Vella.
También se investigó un presunto pago duplicado de comisiones por la transferencia de Jonathan Fabbro. Una parte habría sido destinada al representante del jugador, mientras que el segundo desembolso habría tenido como destino a integrantes de la dirigencia, según la hipótesis fiscal.
Los negocios vinculados con los recitales en el Monumental
La investigación también puso bajo la lupa los contratos relacionados con los espectáculos musicales realizados en el estadio durante aquella gestión.
Uno de los puntos cuestionados fue el pago de servicios adicionales de seguridad privada que, según el planteo de la fiscalía, debían ser afrontados por las empresas organizadoras de los recitales y no por River.
En esas operaciones también se detectaron facturaciones a nombre de Radiollamada S.A., una firma registrada como prestadora de servicios de remises, que habría intervenido en el circuito de pagos por seguridad.
Además, el expediente incluyó presuntas irregularidades en contratos comerciales, licitaciones, trabajos de mantenimiento y refacciones en el estadio, con sospechas de sobreprecios y servicios que no se habrían realizado.
En paralelo, River mantuvo un conflicto comercial con la productora Time For Fun por un contrato para la realización de recitales durante el período 2009-2013. La disputa derivó en una sentencia que obligó al club a pagar alrededor de u$s2,5 M.
Quiénes son los otros acusados en el juicio
Además de Passarella, el proceso alcanzará a 30 personas que habrían tenido distintos grados de participación en las maniobras investigadas.
Entre los exdirigentes aparecen los siguientes:
- Diego Turnes, quien ocupó la vicepresidencia
- Eduardo Rabuffetti, vinculado con el fútbol amateur
- Los exintegrantes del área de tesorería Hugo Carreras y Daniel Mancusi
También están señalados Francisco Biernakowicz y Gustavo Poggi, a quienes la investigación ubica como presuntos nexos entre la conducción del club y la barrabrava.
Por el lado de Los Borrachos del Tablón, figuran integrantes de la conducción de aquella época, entre ellos Martín Araujo, conocido como Martín de Ezeiza, y Guillermo Godoy, apodado Caverna.
La lista de acusados incluye, además, a los policías Alejandro Hayet y Alejandro Rivaud, conocido como el Francés, investigados por su presunta participación en la cobertura de las actividades ilegales.
En el mismo proceso también se abordará una investigación por presuntas extorsiones atribuidas a integrantes de la barra y efectivos policiales contra Ariel Calvici, conocido como el Pato Ariel, quien había intentado disputar el liderazgo de la organización.
Cuándo comienza el juicio y qué puede pasar con Passarella
El debate oral comenzará el 15 de febrero de 2027, después de casi 15 años desde la denuncia que dio origen al expediente. La fecha fue establecida cuando faltaban pocos meses para que pudiera operar la prescripción de la causa, prevista para junio de ese año.
Las acusaciones incluyen administración fraudulenta, defraudaciones reiteradas e instigación a la formación de grupos violentos. La sumatoria de las penas máximas correspondientes a las figuras penales involucradas podría alcanzar los 12 años de prisión.
El juicio deberá determinar si existieron las maniobras denunciadas, cómo funcionaba el presunto circuito de comercialización de entradas y qué intervención tuvieron los distintos acusados.
Passarella dejó la presidencia de River en 2013, después de un mandato atravesado por el descenso a la Primera B Nacional en 2011 y el posterior regreso a Primera División. Más de una década después de aquella gestión, deberá responder ante la Justicia por las operaciones que se investigaron durante su conducción.