Las prepagas ya no podrán aumentar sin autorización del Gobierno, tras fallo de la Corte
Tras el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá autorizar previamente cada suba en las cuotas de las empresas de medicina privada
La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de medicina prepaga. La decisión obliga a la Superintendencia de Servicios de Salud a recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.
El fallo tiene un alcance mayor al caso puntual. La resolución impacta directamente sobre cerca de 500 causas análogas que el tribunal aún tiene pendientes de resolver, y podría influir en muchos reclamos iniciados por otros afiliados en diversos tribunales del país.
También abre la puerta a reclamos de afiliados que ya pagaron aumentos sin control oficial. Muchos podrían reclamar la restitución de lo pagado de más.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución. Se trata de la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el DNU 70/23.
La causa llegó a esa instancia por recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional. El fallo confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata.
El caso que llegó a la Corte: de 6% a 110% de aumento
Una afiliada inició la causa tras sufrir un aumento brutal en su cuota. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, su prepaga le subió la cuota 110%.
De haberse aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido de apenas 6,26%. La diferencia entre ambos porcentajes muestra el efecto concreto de haber eliminado el control estatal.
La Cámara Federal de La Plata le dio la razón a la afiliada. Ahora la Corte Suprema confirmó gran parte de esa sentencia, pero con un matiz importante.
Qué vuelve con el control estatal sobre las cuotas
Los artículos anulados habían derogado una disposición de la ley 26.682. También modificaron otra norma que sometía a supervisión estatal los valores de las cuotas de los servicios de salud.
Con la decisión judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar las modificaciones tarifarias y a garantizar que sean razonables, cumpliendo con los estándares de la ley vigente.
El organismo recuperará la potestad de autorizar incrementos solo cuando estén fundados en dos requisitos. Primero, variaciones concretas de la estructura de costos. Segundo, un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Sin embargo, la Corte revocó la parte de la sentencia de La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor. La decisión no fija un tope automático vinculado a la inflación.
La revisión de cada incremento deberá quedar sujeta a los criterios previstos por la normativa que volvió a regir. El control vuelve, pero sin un techo inflacionario predeterminado.
Por qué la Corte declaró inconstitucional el DNU
La Corte sostuvo que la Constitución Nacional admite que el Poder Ejecutivo ejercie facultades legislativas solo bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Para dictar un decreto de necesidad y urgencia, deben cumplirse dos requisitos.
Primero, debe existir una imposibilidad de que el Congreso sancione una ley por el procedimiento ordinario. Segundo, una urgencia que requiera una solución en un plazo incompatible con ese trámite.
El tribunal recordó su doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia. La ratificó en la causa "Cencosud", resuelta el 13 de agosto. Bajo ese criterio, señaló algo contundente.
Los considerandos del DNU no ofrecían una justificación mínima de las circunstancias excepcionales que permitieran eliminar los controles sobre los precios de las prepagas, según el análisis del máximo tribunal.
La mera invocación de una "crisis del sistema de salud" y de la necesidad de "aumentar la competitividad del sistema" mediante la liberación de restricciones de precios no acreditaba una urgencia de tal magnitud. Tampoco se demostró una relación concreta entre la emergencia económica y social planteada por el Poder Ejecutivo y la supresión de las facultades de control estatal.
La Corte subrayó que los criterios de conveniencia del Poder Ejecutivo no pueden justificar la imposición de un régimen excepcional. La Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre el tratamiento de una ley en el Congreso y la aprobación más rápida de contenidos materiales mediante un decreto.
El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitó a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23. No implica emitir opinión sobre los demás aspectos del decreto.