Impulsan nueva ley de marcas que castiga a consumidores

El Diputado del PRO, Cristian Ritondo, presentó ayer un proyecto de ley que tiene por finalidad modificar la ley de marcas en materia penal. La iniciativa contempla un agravamiento en las penas por la comisión de delitos marcarios, un significativo aumento en las multas y la prolongación de los plazos de prescripción de la acción penal.


El proyecto pretende modificar el artí­culo 31 de la ley 22362 y establece una pena de 3 meses a 6 años de prisión para aquellas personas que incurran en la falsificación de marcas, en contraposición con los 2 meses a 2 años de prisión que establece la actual ley marcaria.

La iniciativa contempla castigar al "que compre o adquiera a sabiendas y a escala comercial productos y/o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. Esta medida es importante porque, de prosperar la iniciativa presentada, serí­a la primera vez que se castigarí­a a los consumidores que compren mercaderí­as falsificadas o "pirateadas".

También prevé, como aspecto novedoso, castigar a quien utilice una marca registrada para conformar un dominio o dirección en internet y "que conocí­a o debí­a conocer que ella pertenecí­a a un tercero". En este caso también se estarí­a castigando a particulares que, sabiendo que existe una marca ya registrada a favor de un tercero, igualmente conforman un dominio o dirección de internet con esa marca.
 
El proyecto tiene previsto prolongar el plazo de prescripción de la acción penal a 6 años, en contraposición a los 2 años que actualmente establece la ley vigente. Esto se produce porque en materia penal el plazo de prescripción de la acción está fijado por el máximo de la pena y el proyecto contemple una pena máxima de 6 años.

Otros aspectos salientes
La iniciativa castiga "a todas aquellas personas que permitan o faciliten la comisión de éste delito (en relación a los delitos marcarios) autorizando o facilitando de cualquier forma un predio para la comercialización a escala comercial de productos en infracción o cuando permitan la instalación de numerosos locales comerciales, stands o puestos en el mismo predio".

De esta manera, y en caso de que la iniciativa tenga luz verde en la Cámara de Diputados, también podrí­an ser castigados aquellas personas que organicen o promocionen la instalación de ferias o mercados en los que se venda mercaderí­a "pirateada".

La iniciativa prevé la extensión de la responsabilidad penal para los directores administradores y representantes que participaren en el ilí­cito (falsificación marcaria) en el caso que se encuentren implicadas sociedades regulares o irregulares.

También es importante el rol que se le otorga a la AFIP en todos los procesos iniciados o en trámite por infracción a la ley 22362; el proyecto contempla otorgarle en forma obligatoria vista a esa dependencia y que ésta se constituya en el proceso como auxiliar del Ministerio Público.

Por último se establece modificar el artí­culo 25 de la ley marcaria estableciendo que "la acción de nulidad prescribe a los 10 años, salvo en los supuestos de mala fe en que no rige esta limitación". La acción de nulidad es la que tiene el legí­timo titular de la marca para demandar la nulidad de la marca mal registrada por un tercero.

La opinión de los especialistas
Roberto Porcel, socio de Porcel & Cabo abogados, sostuvo que el proyecto es "beneficioso" y que contribuirá a mejorar la protección marcaria.

El especialista dijo que la iniciativa es importante porque prevé un agravamiento en las penas lo que también hace que se extienda el plazo de prescripción de la acción si se tiene en cuenta que en materia penal la prescripción está fijada por el máximo de la pena.

Porcel dijo que el proyecto es novedoso porque por primera vez se castigará a los consumidores que compren mercaderí­as falsificadas, circunstancia que antes nunca habí­a ocurrido, manifestó.

El abogado también resaltó como relevante el castigo establecido para quienes utilicen una marca registrada para conformar un dominio o dirección de internet conociendo que esa marca pertenecí­a a un tercero, argumentó.
 
Por último el experto indicó que "en Venezuela también se está estudiando este mismo proyecto para adaptarlo al derecho interno de ese paí­s. Serí­a conveniente que pudiera haber una legislación regional armónica en la materia que unifique la protección marcaria en el Mercosur", concluyó.

La situación actual
Se calcula que la falsificación marcaria mueve 16.000 millones de pesos por año en el paí­s. Un estudio elaborado por el área de Comercio Exterior de la Unión Europea (UE) ubica a la Argentina entre los primeros 15 paí­ses que requieren una acción "prioritaria" para encarar esfuerzos conjuntos para alcanzar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Entre los principales problemas identificados se destacan los procedimientos judiciales ineficientes, la falta de compromiso de los oficiales públicos y la corrupción judicial y aduanera.

El estudio fue realizado mediante cuestionarios enviados a diversas organizaciones de nuestro paí­s. Un total de 25 entidades contestaron, entre las que se destacan estudios jurí­dicos, embajadas de paí­ses de la UE y asociaciones comerciales.

El estudio, además de ubicar a la Argentina entre los primeros paí­ses del mundo que menos controla la industria de marcas apócrifas, identificó a la feria La Salada, ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, como el centro ilegal más grande de Latinoamérica.

Matí­as Debarbieri
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