Diputados apuran cambios en la Ley de Riesgos del Trabajo

En la última reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, ocurrida el pasado miércoles, se avalaron proyectos de reforma laboral que integran el cuestionado "paquete antiempresa", así bautizado porque persigue reforzar los derechos de los trabajadores en detrimento de las facultades de las empresas.

Sin embargo, aún se encuentra a la espera de conseguir dictamen el proyecto que persigue elevar los tarifas indemnizatorias de la Ley de Riesgos de Trabajo.

En aquel encuentro, según informó la Agencia FOIA, el diputado y asesor de la CGT Héctor Recalde fijó una fecha límite para que los empresarios y sindicalistas, a quienes se les pidió su opinión sobre el proyecto que modifica el cuadro tarifario de la ley de ART, emitan sus observaciones. Ese término será el próximo miércoles.

Si no se expiden, la comisión dictaminará a favor de la iniciativa tal cual está, lo que le daría el pasaporte para su debate en el recinto de la Cámara baja. Según trascendió, el objetivo de Recalde es que antes de fin de mes el proyecto quede habilitado para su tratamiento.

Consultado por infobaeprofesional.com, Recalde explicó lo siguiente: "Hace veinte días solicitamos que las empresas y los sindicatos nos brinden su opinión sobre la iniciativa; si el miércoles que viene no contestan, los asesores tendrán que dictaminar con el material que tengan".

La comisión, que preside el propio Recalde, envió la propuesta de reforma a diversas cámaras empresariales, a la CGT y a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Hasta el momento, según informó a inforbaeprofesional.com el secretario de la comisión, Nicolás Pancceli, sólo respondió la Unión Industrial Argentina (UIA) y una asociación bancaria.

Cuestionamientos
Desde la vereda de enfrente algunos sectores empresariales objetaron la iniciativa. Así, Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA, aseguró que desde la entidad fabril han observado el proyecto "desde el punto de vista jurídico y técnico".

"El proyecto eleva los pisos indemnizatorios más allá de los salarios reales de los trabajadores, lo que implica una desproporción marcada en las alícuotas que las empresas tendrán que pagar", remarcó.

Además, sostuvo que el proyecto no resuelve los problemas que aquejan actualmente al sistema, como el cúmulo de las acciones (reclamos en sede laboral y civil), la apertura irrestricta del listado de enfermedades o el accidente in itínere.

Funes de Rioja indicó que la iniciativa sigue sin resolver problemas y encima implica un incremento de más del 100% en el costo de las alícuotas.

"El empresario se asegura más caro e igualmente puede ser demandado personalmente", concluyó.

En tanto, Vicente Lourenzo, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que en la entidad no han recibido invitación alguna para opinar sobre el proyecto.

Sin embargo, dijo: "No adherimos al cien por ciento de la iniciativa, tenemos objeciones", pero optó por no referirse sobre cuáles son los puntos del proyecto en los que disienten.

La reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo es una antiguo reclamo de todos los actores involucrados en las relaciones laborales: empresas, sindicatos y aseguradoras, que exigen un urgente cambio de fondo en el sistema, que fue herido de muerte cuando en septiembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia, en la causa "Aquino", declaró la inconstitucionalidad de la imposibilidad de que los trabajadores protegidos por el régimen de las ART puedan reclamar la responsabilidad civil de sus empleadores ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El proyecto
El proyecto que impulsa Recalde prevé un piso de $300.000 para las prestaciones por incapacidad total permanente o muerte. También establece un monto mínimo de $250.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad, para los casos de incapacidad parcial permanente.

De acuerdo a la iniciativa, para calcular la indemnización el multiplicador del ingreso base se eleva de 53 a 60 veces.

En tanto, si la incapacidad es de entre el 50 y el 66 por ciento la iniciativa prevé una renta mensual cuyo valor actual del monto total esperado no podrá ser inferior a los $250.000, en contraposición con los $180.000 fijados actualmente en la ley.