Avanza juicio contra ex directivos de Omega por "vaciamiento"

En un escenario donde cobra relevancia la tutela a los ahorros públicos, los delitos de administración fraudulenta vuelven a copar el centro de antención.

En ese marco, avanza el juicio contra los ex dueños de Omega Seguros, acusados de "vaciar la compañía": el expediente volvió de la Cámara Criminal y Correccional Federal al juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, que ahora fijará los montos de los embargos de las personas que aún no están procesadas.

En la causa se investiga si los directivos de Omega y Lua La Porteña cometieron ilícitos al transferirse los activos y la cartera de clientes de Omega Cooperativa a Omega SA.

En cuanto a la situación procesal de la causa, fuentes judiciales indicaron a infobaeprofesional.com que la cámara confirmó el procesamiento de los hermanos Carlos y Eduardo Fucito (ex dueños de la liquidada aseguradora Omega) y de un ex funcionario de la Superintendencia de Seguros. "Restan producir todavía medidas de prueba para resolver la posible elevación de la causa a juicio", agregaron.

Según se desprende del expediente, la maniobra habría consistido en falsear los balances que fueron confeccionados y entregados a la Superintendencia de Seguros de la Nación por parte de Omega Seguros SA y Omega Cooperativa de Seguros, correspondientes a marzo, junio y septiembre de 2000. También se investiga la operatoria desarrollada entre esas aseguradoras y Lua Seguros La porteña SA, consistente en el traspaso del fondo de comercio por el que se habrían visto perjudicados asegurados con deudas anteriores al 1º de septiembre de 2000.

El delito de administración fraudulenta tiene relevancia puesto que involucra a los administradores del patrimonio ajeno, quienes desvían en provecho propio o de terceros los bienes que administran. En este sentido, y por la naturaleza de los bienes administrados, los perjudicados mayormente son ahorristas o asegurados.

Otros antecedentes
El caso seguido contra los directivos de Omega se enmarca dentro de una larga lista de otras causas donde se investiga la posible comisión de este delito.

Así, la Sala I de la Cámara Federal en la causa "Canavessi, Jorge y otros", resuelta el 27 de diciembre de 2005, confirmó el procesamiento de funcionarios del Banco Integrado Departamental, y también de directores de empresas que habrían colaborado con la maniobra de los funcionarios bancarios.

A grandes rasgos, la maniobra habría consistido en el otorgamiento irregular de créditos a diversas empresas, como del descuento de cartas de créditos falsas contra emisión de pagarés, ante bancos de la República Oriental del Uruguay, por supuestas operaciones de exportación realizadas en el marco del convenio ALADI.

Estos hechos se habrían realizado en el marco de una asociación ilícita que conformaron los imputados a esos fines.

Por otra parte, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el 16 de julio de 2004 el procesamiento de los directivos del ex Banco Mayo. En esa causa se investiga la posible realización de maniobras fraudulentas consistentes en el vaciamiento de la entidad y el traspaso de esos activos a otras sociedades.

También la Cámara del Crimen confirmó el 7 de junio de 2002 el procesamiento de los directivos del Banco Extrader, por la maniobra de haber otorgado el damnificado autorización para transferir los títulos adquiridos a la entidad off shore "Banque de Credit e Investiment" (BCI.) para un mejor provecho de su inversión, toda vez que su depósito fue realizado en una subcuenta perteneciente a la sociedad de la que los imputados formaban parte de su directorio, y no a una que se debería haber abierto a nombre del comitente, incumpliendo de esta manera con su mandato con el consecuente perjuicio económico.

De la misma manera la Sala II de la Cámara Federal confirmó en 2003 y 2005 los procesamientos de los directivos del Banco General de Negocios por vaciamiento y mal administración de los fondos de esa entidad.

La figura imputada
En todos estos casos se investiga la comisión del delito de administración fraudulenta establecido en el artículo 173 inciso 7 que castiga a los administradores de bienes ajenos cuando, con el fin de procurarse un beneficio indebido, violen y perjudiquen los intereses confiados.

Horacio Romero Villanueva, consultor en asuntos penales, dijo que para la configuración de la conducta se requiere un quebrantamiento de la fidelidad que presupone, necesariamente, la infracción del deber de cuidar los intereses patrimoniales ajenos por parte del administrador.

También sostuvo que para la configuración del delito se requiere el ánimo de lucro, no bastando con una "administración desordenada", concluyó.