El daño ambiental, otro foco de preocupación para las empresas

El próximo 31 de octubre vence el plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para que 44 empresas –de un total de 3.000 radicadas en la zona- contesten demanda en la causa por contaminación del Riachuelo.

Si se considera además las recientes clausuras preventivas (el jueves pasado) que sufrieron dos compañías por contaminación de esa misma cuenca, todo genera un nuevo escenario donde la posibilidad de ser condenados a indemnizar el daño ambiental causado se revela como algo más que probable para las empresas.

Basta también con recordar el levantamiento de la clausura que pesó sobre la refinería de Shell, en Dock Sud, lo cual demandó a la petrolera una inversión de u$s60 millones en un plan de mejoras ambientales.

Sucede que una condena por contaminación impacta directamente sobre los costos empresariales. Más allá de las indemnizaciones que deban afrontar las empresas –tendientes a la recomposición del daño ambiental-, en la provincia de Buenos Aires las multas pueden alcanzar los $400.000 y la Justicia puede ordenar, incluso, el cierre del establecimiento.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, las multas pueden llegar a los 100.000 pesos.

Inflación normativa
La regulación ambiental es difusa y se multiplica. A esto se suma que la Nación y las provincias tienen facultades concurrentes para dictar normas en esta materia.

La Nación dicta las "leyes de presupuestos mínimos" que rigen en todo el país, pero no son exclusivas, porque las provincias, siempre que respeten esos mínimos exigidos en las normas nacionales, pueden dictar leyes que las complementen.

Esto multiplica los requisitos que las compañías deben afrontar para poder estar en regla y evitar incurrir en incumplimientos ambientales.

Doble jurisdicción
Relacionado con lo anterior, y en virtud de las facultades concurrentes existentes entre la Nación y las provincias, también se duplican las autoridades de control en esa materia: las empresas deberán rendir cuentas ante la autoridad nacional, provincial y, a veces, hasta frente al mismo municipio.

Qué dicen los expertos
Para los especialistas, las empresas deberán estar atentas y cumplir con la normativa vigente, al tiempo que aconsejan una revisión de los procesos internos para prevenir acciones contaminantes o clausuras en sus establecimientos.

Gabriel Macchiavello, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, dijo que las empresas "deben ser cuidadosas y prudentes al momento de tramitar los permisos y realizar auditorias internas para certificar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental".

El consultor sostuvo que las compañías deben tomar medidas suplementarias para prevenir daños, lo que significa cumplir en exceso con los requisitos estipulados por la ley.

Por ejemplo, es recomendable contar con estudios sobre la salud y epidemiológicos, que permitirán ser esgrimidos como defensa frente a posibles inspecciones o denuncias por parte de la autoridad de aplicación.

El especialista expresó su preocupación por la discreción que tienen las autoridades al momento de disponer la clausura de los establecimientos. "Hay una falta de protección de las empresas frente a estas medidas y las clausuras deberían ser más acotadas", sostuvo.

"Muchas veces las autoridades no tienen pruebas fehacientes del daño y frente a la mera presunción terminan disponiendo el cierre preventivo de las fábricas", indicó.

Sin embargo, el mayor problema es que tanto las medidas de clausura como la determinación del daño ambiental que realiza el juez no tienen un límite previsible para las empresas: aún cumpliendo con todas las normas ambientales no hay garantía de que se considere que no existe daño ambiental, advirtió.

Por último sostuvo que otro problema que afrontan las empresas es la superposición normativa entre las distintas jurisdicciones, lo cual implica contradicciones y una imposibilidad o dificultad al momento de cumplir, concluyó.

Nuevo escenario
Todos estos problemas colocan a las empresas frente a un nuevo escenario en donde los especialistas recomiendan que éstas revisen sus procesos internos para procurar los siguientes recaudos:

Implementar medidas que permitan anticipar futuros problemas en materia de contaminación ambiental.
Analizar la totalidad de la normativa aplicable en este campo y si las propias actividades se encuentran en línea con estas disposiciones.
Concientizar a sus empleados sobre la importancia de estas actividades
Poner en práctica políticas de comunicación que expliciten a la comunidad su seria preocupación por desarrollar sus actividades sin afectar el medio ambiente.

Este panorama implica que las empresas deberán realizar inversiones para poner en práctica estos aspectos. De lo contrario, las actividades que no cumplan acabadamente con estas regulaciones podrían quedar expuestas a un aumento significativo de sus costos por la irrupción de los pasivos ambientales.