Argentina ya prepara la defensa contra la francesa Vivendi
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El gobierno ya comenzó a delinear los próximos pasos procesales a seguir por el laudo arbitral dictado por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que condenó a la Argentina a pagar u$s105 millones al grupo frances Vivendi.
Además, el Fiscal de Estado Francisco Sassi Colombres, viajó este lunes a Buenos Aires para analizar -junto con la Procuración del Tesoro- la estratégia a seguir en ese laudo adverso que fue conocido a fines de agosto, según informó Telam.
Sucede que, al igual que lo que pasa con la Procuración del Tesoro respecto de los intereses nacionales, el fiscal de Estado encabeza los equipos técnicos de la provincia encargados de representar a Tucumán en todos los litigios, judiciales o extrajudiciales de los que sea parte.
En septiembre, el gobernador José Alperovich había advertido que iban a recurrir el laudo, que condenó a la Nación porque durante la administración de Antonio Bussi (1995-1999), en 1998, le fue rescindido el contrato de concesión del servicio de agua y cloacas a la Compañía de Aguas del Aconquija (Caa), dependiente del grupo Vivendi.
Un tribual del Ciadi, compuesto por tres árbitros, concluyó que "los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria, así como el acuerdo firmado entre la Argentina y Francia para proteger las inversiones extranjeras en sus respectivos países".
Como la demandada fue la Argentina (por ser la garante de las inversiones extranjeras), en su momento, el propio Guglielmino, anticipó que planteará la nulidad de la resolución por "resultar de una argumentación incomprensible".
El año pasado se habían desarrollado las audiencias para oír a los testigos ofrecidos por las partes ante el tribunal del Ciadi, órgano dependiente del Banco Mundial (BM) que tiene su sede en Washington (Estados Unidos).
La Caa había demandado a la Argentina por más de 300 millones de dólares, porque en 1998 el gobierno de Bussi (1995-1999) decidió rescindirle el contrato de concesión del servicio que, por 30 años, había celebrado en 1995 con la administración de Ramón Ortega (1991-1995).
En 1998, la administración bussista le rescindió el contrato a la Caa, que se retiró de la provincia, luego de que una comisión legislativa especialmente creada concluyó que el contrato originario estaba plagado de irregularidades.
Asimismo, la comisión legislativa constató que, durante 20 días, salió agua turbia de los grifos de los tucumanos, pese a que la empresa había aumentado en un ciento por ciento la tarifa de la prestación del servicio público.
Tras el retiro de la Caa, el servicio quedó primeramente a cargo del Ente Nacional Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental (Enhosa) y luego de la provincial Sociedad de Aguas del Tucumán (Sat), una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.