Promueven organismo mixto para combatir el comercio ilegí­timo

Aprovechando el cambio de autoridades que se aproxima, tanto a nivel nacional como provincial, serí­a una excelente oportunidad provocar algún cambio que movilice y coadyuve a cambiar la conducta de la sociedad en lo que refiere al delito de falsificación de marcas.


Todos sabemos que la falsificación marcaria produce grandes males, no sólo a las arcas del Estado, restando en la recaudación de impuestos, generando trabajo "en negro" o facilitando la competencia desleal, sino también en lo que importa a la seguridad de las personas y a la salud de la población.

No es un secreto que la piraterí­a financia actos de terrorismo y se utiliza para lavar dinero. Produce una rentabilidad que se ubica tan solo por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas; para peor, desgraciadamente, hoy todas las aduanas son contestes y lo denuncian en que se utilizan las mismas ví­as de comercialización para todos estos delitos, resultando habitual consecuentemente ver que en los containers donde se contrabandean marcas falsificadas, se acompañen armas y drogas.

La aduana está cumpliendo a estos efectos una labor descollante en frontera, e incluso más allá, en lo que se denominan zonas secundarias. Pero falta a nivel territorial, es decir fronteras para adentro, la misma determinación que se emplea en frontera para impedir el ingreso o egreso de mercaderí­a falsificada.

Una sugerencia, dirigida tanto para el flamante gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires como para el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que se cree un Departamento de Lucha contra el Comercio Ilegí­timo, desde el cual se persiga la falsificación marcaria en todo el ámbito, tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires.

De esta forma, con la sola denuncia de los vecinos y contribuyentes -hasta se puede instaurar un sistema de premios y castigos a estos efectos- se podrá actuar contra quienes comercialicen medicamentos falsos y productos con marcas falsificadas; e incluso, perseguir el contrabando y a los piratas del asfalto.

Hoy, todos estos delitos convergen en los mismos lugares. Es frecuente ver que automóviles robados, aparecen en los mismos lugares donde se comercializa mercaderí­a trucha; lo mismo ocurre con la venta de celulares robados y con la falsificación de los derechos de autor.

Luego, trabajando de forma mancomunada los ministerios de Seguridad, de Salud y la Secretarí­a de Ingresos Públicos se podrí­an integrar grupos de trabajo para el desarrollo del comercio legí­timo, dándole continuidad así­ a la polí­tica de estado que se estableció desde lo más alto de la administración del Gobierno Nacional, en lo que refiere a la lucha contra el comercio ilegí­timo.

De esta suerte, se generarí­an mayores ingresos al fisco, al mismo tiempo que se evitarí­a la evasión que hoy genera el comercio ilegí­timo; se protegerí­a la salud de la población evitando que prolifere la comercialización de medicamentos falsificados que hoy se calcula en alrededor del 20% de lo que circula en el mercado y con tendencia en alza.

Al mismo tiempo, al existir mayor control en las grandes ferias, mas allá de la falsificación en si, se evitarí­a la comercialización de productos robados, lo que redundarí­a también en una mayor seguridad para la población.

Por supuesto que este Departamento de Lucha contra el Comercio Ilegí­timo deberí­a estar complementado e integrado con el esfuerzo del sector privado. Algo así­ como lo que hoy esta actuando la Dirección General de Aduanas con los titulares de las marcas y el Sistema de Asientos de Alerta. Hasta se podrí­a instrumentar un Registro del que participen todas aquellas empresas que quieran defender sus marcas contra la falsificación.

Como podrán advertir queridos amigos, se trasparentarí­a el comercio de una forma harto elocuente, integrando al sector público y al privado en una lucha común contra el comercio ilegí­timo. Sólo una idea.

Roberto J. Porcel, socio del estudio Porcel & Cabo
Especial para infobaeprofesional.com