La Presidenta y Lorenzetti mantuvieron una reunión secreta

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se reunió el último fin de semana largo con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y le avisó que la resolución 125 sobre las retenciones móviles nunca aprobaría el examen del máximo tribunal.

Lorenzetti tenía el respaldo de casi toda la Corte que le había encomendado llevar ese mensaje. La reunión se mantuvo en estricta reserva pero fue corroborada al diario La Nación por altas fuentes.

Luego del encuentro y del desorden que había ganado las calles, el martes 17, Cristina Fernández de Kirchner envió la resolución al Congreso.

El Poder Ejecutivo había llevado la confrontación con el campo hasta un límite muy delicado, al disponer un aumento de retenciones sobre la base muy endeble de un decreto, según publica el matutino.

La Corte no se enfocaba en la confiscatoriedad de las alícuotas de retenciones, sino en el origen de esa escala móvil, considerándola una medida de rango inferior a una ley.

El máximo tribunal había comenzado a preocuparse por el desarrollo de la crisis y los actores políticos no veían ninguna solución. Si la Presidenta se animaba a llevar la confrontación todavía más lejos, apostando a que la Corte le podría dar la razón, corría riesgo de equivocarse y sufrir un desgaste mucho mayor que el que ya venía padeciendo.

Algunos magistrados de la Corte decidieron que lo mejor era advertir al Gobierno que el poder que ejerce tiene límites que no se pueden traspasar.

Para entonces, la jueza de primera instancia Liliana Heiland ya había dictado un fallo que declaraba inconstitucionales las retenciones y que se fundaba principalmente en el vicio del origen. La magistrada sostuvo en su fallo que las retenciones son impuestos y, como tales, sólo pueden ser establecidas por el Congreso.

Si bien el caso no había llegado a estudio de la Corte, entre los ministros se había instalado el debate sobre qué hacer cuando finalmete les tocara resolver alguna de esas causas.

En la Corte hay unos 20 expedientes sobre retenciones a exportaciones e importaciones no agropecuarias, pero no están resueltos.

La realidad indica que nunca los siete jueces hablaron abiertamente de este asunto en sus acuerdos de los martes, reuniones donde todo se habla con prudencia. Pero sí lo conversaron entre ellos en largas reuniones bilaterales, según averiguó La Nación.

La Corte, luego de varios encuentros llegó a un consenso, no unánime pero sí mayoritario. Los jueces determinaron que las retenciones son tributos y, como tales, sólo los puede fijar el Congreso Nacional.

El máximo tribunal, a lo largo de su historia, no tuvo siempre esta posición y muchas veces toleró retenciones impuestas por decreto o resolución. Pero la actual composición del tribunal esta decidida a hacer, en este aspecto, la interpretación más correcta de la Constitución nacional.

La situación sería distinta si el Congreso nacional sanciona una ley de retenciones.

Porque si el Poder Legislativo consagra una escala de alícuotas de retenciones y encima establece compensaciones a los pequeños productores y reintegros, los productores que se sientan afectados podrían ir nuevamente a la Justicia a plantear su disconformidad, pero desde el máximo tribunal ya no podrán sostener que hay un vicio de origen.

Entonces el debate constitucional de este tema, una vez que el Congreso se pronuncie, se centrará sobre la eventual confiscatoriedad de esas alícuotas fijadas por ley, sobre su proporcionalidad y otros aspectos más técnicos, que demandarán que el productor deba presentar pruebas y se someta a los tiempos de un largo proceso judicial.