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Procesaron al "Chaqueño" Palavecino por la causa de autos diplomáticos

La Justicia acusa al cantante folclórico de encubrir la maniobra de contrabando agravado. Le embargaron por casi un millón de pesos
18/09/2008 - 11:49hs
Procesaron al "Chaqueño" Palavecino por la causa de autos diplomáticos

El cantante folclórico Oscar "Chaqueño" Palavecino quedó procesado en el escándalo de los autos diplomáticos y fue embargado por casi un millón de pesos, por haber comprado en forma supuestamente irregular una camioneta de lujo que habí­a entrado al paí­s gracias a una franquicia habilitada por Cancillerí­a.

El juez en lo penal Económico Jorge Brugo resolvió procesar a Palavecino y a los dueños de la concesionaria "Manrique Automotores", que le habrí­an vendido el costoso vehí­culo al artista nacido en Salta.

Fuentes judiciales indicaron a la agencia DyN que Palavecino quedó procesado por "encubrimiento de contrabando agravado", con un embargo sobre sus bienes de 906.750 pesos.

Según se desprende de la causa, Palavecino compró por u$s112.500 -precio de mercado- una camioneta Hummer H2 que pertenecí­a a la diplomática uruguaya Myriam Fraschini de Pastori, que ya no cumple funciones en el paí­s y que afirmó que el rápido tramite para vender el vehí­culo se hizo gracias a un convenio que existe entre Argentina y Uruguay.

Pero el juez no habrí­a dado razón a esos argumentos: la venta de la camioneta se concretó en la Embajada de Uruguay, ubicada en la avenida Las Heras 1906 de esta capital, y el tí­tulo está firmado por Ricardo Manrique, de la concesionaria porteña "Manrique Automotores".

De acuerdo a los datos de la causa, la camioneta quedó ingresada en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor el 16 de junio de 2005, el mismo dí­a en que Palavecino puso a su nombre el vehí­culo.

Así­, el "Chaqueño" fue el primer famoso que quedó involucrado en la causa que estalló en enero pasado y en la que también fueron salpicados otras figuras de alta exposición pública.

El próximo martes 23 de septiembre, deberá declarar en indagatoria el polista Adolfo Cambiasso, junto al empresario Hugo Pulenta, concesionario exclusivo de Porsche en la Argentina y quien le habrí­a vendido al deportista una camioneta Porsche Cayenne Turbo.

Entre otros famosos que fueron involucrados en la maniobra y aún no fueron convocados por la Justicia figuran los futbolistas Sebastián Verón y Aldo Duscher, los representantes de jugadores Guillermo Javier Marí­n y Gustavo Mascardi y el ex rugbier Pedro Luis Sporleder.

El juez también avanza sobre los hijos de un banquero y de un ex gobernador-ex embajador, una ex funcionaria del Banco Central, un médico de Mendoza y hasta una familiar de un representante bailantero.

La historia
El caso estalló en enero pasado por impulso de la denuncia dela Cancillerí­a que detectó una serie de irregularidades mediante una auditorí­a en la concesión de franquicias otorgadas desde el 2004 hasta el 2007 sobre los autos diplomáticos.

La causa, no obstante, avanza a paso lento y todaví­a falta que la Cámara Federal porteña defina si el expediente a cargo del juez federal Norberto Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py, por una supuesta asociación ilí­cita, pasa a manos de Brugo.

Es que en un primer momento, cuando el escándalo estalló a principios de año, cada uno de los jueces reclamó la potestad del expediente porque investigaban lo mismo. La Cámara en lo Penal Económico determinó que los dos podí­an seguir avanzando porque todaví­a era temprano para saber si las maniobras eran un mismo delito.

Fue así­ que el juez Brugo procesó al ex jefe del Area Franquicias de la Cancillerí­a Jorge Matas, al señalarlo como responsable del supuesto contrabando agravado. Lo puso en prisión pero el ex funcionario fue excarcelado por la Cámara.

Mientras, Oyarbide llamó a indagatorias y cuando llegó el turno de Matas la defensa exigió que el juzgado reclamara la competencia de la causa por entender que el caso era de naturaleza criminal federal.

Pero Oyarbide, imprevistamente, decidió que el caso podí­a pasar al fuero penal económico y la defensa apeló a la Cámara Federal, que aún tiene pendiente la resolución del planteo.