Ante la presión de Moyano, Papelera del Plata evalúa abandonar el paí­s

Pérdidas millonarias, inmovilización del proceso productivo, alteración del normal desenvolvimiento de la actividad empresaria y parálisis económica: son sólo algunas de las consecuencias que vislumbran quienes escuchan diariamente las quejas de los directores de las compañí­as que ven cómo las medidas de fuerza –piquetes, bloqueos y toma de plantas- acechan como fantasmas el crecimiento de sus inversiones.

En otro ejemplo de cómo la violencia sindical se ha convertido en la herramienta más utilizada al momento de conseguir mejoras en la situación de los empleados, la empresa Papelera del Plata amaneció nuevamente con sus puertas bloqueadas y sumando piquetes: uno en su planta de Wilde, otro en Zárate, también en sus oficinas administrativas, y hasta en sus instalaciones de San Luis.

A tal punto la situación es crí­tica para la compañí­a -que emplea a más de 1.300 personas para la fabricación de los pañales Babysec, los papeles higiénicos de marcas Higienol y Elite y los rollos de cocina Sussex- que estarí­a evaluando la posibilidad de abandonar el paí­s de continuar el bloqueo en la entrada y salida de su mercaderí­a, según confiaron a iProfesional.com desde fuentes de Papelera del Plata.

La suspensión total de la producción es la consecuencia más temida por los empresarios y es la que ensombrece el futuro de la papelera, perteneciente al grupo chileno CMPC.

El miércoles a última hora la firma informó que "a raí­z del bloqueo, la empresa ha tenido que parar sus lí­neas de producción de manera paulatina. En caso que este conflicto continúe, en las próximas horas se verá forzada a suspender su producción de manera total ante la imposibilidad de despachar los productos terminados a las bocas de expendio, lo que generará una situación grave y difí­cil para el abastecimiento y la continuidad laboral".

Desde el frente opuesto, el dirigente del gremio de los camioneros, Pablo Moyano, confirmó que protestará este viernes, con camiones frente a la embajada de Chile en Buenos Aires y bloqueará el transporte transandino para reclamar que la Papelera Del Plata regularice la situación de varios de sus conductores.

"El viernes a la tarde vamos a movilizar a la embajada de Chile cientos de camiones y trabajadores para denunciar que esta empresa chilena no cumple con convenios de contrato y tiene trabajadores en negro", adelantó Moyano.

"Estamos pidiendo que se cumpla con el convenio colectivo de los trabajadores camioneros. Hay cerca de 1.000 choferes que están en negro", reclamó el gremialista este jueves en declaraciones a Radio 10.



El caso ya enciende la alarma entre la comunidad empresarial que observa cómo los bloqueos, piquetes y tomas de plantas son moneda corriente para enfrentar los conflictos de í­ndole sindical.

El conflicto bajo la lupa de expertos
Todo se originó cuando los representantes del Sindicato de Choferes de Camioneros denunciaron que en Papelera del Plata habí­a trabajadores del área de transporte y logí­stica que no estaban encuadrados dentro del convenio que rige la actividad, y otros en negro.

"Hay preocupación por parte de los que intervienen en el conflicto ya que no se respetan las reglas de juego al dejarse librado a la voluntad del dirigente sindical de turno la resolución del mismo", advirtió Marcelo Aquino, socio de Baker & McKenzie.

Dentro de este contexto, las empresas se transforman en verdaderos rehenes del azar y sufren una parálisis en su producción, condicionada a la pronta o tardí­a resolución del reclamo o interna gremial. El letargo en la actividad somete a las firmas a lamentar pérdidas, que no son sólo económicas en lo inmediato.

Según Paula Oviedo, de Negri & Teijeiro Abogados, "este tipo de situaciones genera desavenencias con los proveedores, los clientes y con el personal que ni siquiera forma parte del sindicato que ha provocado el bloqueo. Quienes llevan adelante estas medidas lo saben. La circunstancia de que esta práctica se repita en el tiempo demuestra su lamentable efectividad".

Los expertos consultados por iProfesional.com coincidieron en que existen herramientas para escudarse ante el vandalismo sindical, pero advirtieron que actualmente éstas no son ni tan eficaces ni tan rápidas como para combatir a tiempo las medidas de fuerza y no sufrir pérdidas.

¿Cómo frenar los abusos?
Para Esteban Carcavallo, socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, se pueden aplacar estas protestas violentas siempre que la autoridad administrativa (Ministerio de Trabajo) proceda de manera rápida y eficaz, ya que cuenta con herramientas legales medianamente aptas para corregir esas situaciones y sancionarlas.

El marco legal para este tipo de situaciones lo brinda la Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación (comúnmente llamada de Conciliación Obligatoria). Esta instancia obliga a las partes de un conflicto colectivo a suspender las medidas adoptadas a fin de abrir una instancia de diálogo, presentó el socio de Baker & McKenzie.

"El Ministerio de Trabajo tiene la facultad de aplicar sanciones (multas) a las partes que no acatan la conciliación obligatoria e incluso, de quitar la personerí­a gremial al sindicato que se considere incumplidor. Ello en la práctica no ocurre lo que conlleva a vivir situaciones como las mencionadas en el caso de Papelera del Plata", puntualizó Aquino.

"En el caso que nos ocupa, el sindicato en cuestión cuenta con el favor del actual Gobierno, y le han sido tolerados todo tipo de excesos. Son los poderes públicos, principalmente el administrativo y judicial, los que procediendo adecuadamente pueden poner fin a esas actitudes", reclamó Carcavallo.

Cuando se trata de pretensiones de encuadramiento -como en el caso de Papelera del Plata donde el sindicato exige que se incluyan a los empleados dentro del convenio que rige sobre los choferes- el Ministerio de Trabajo debe intervenir inmediatamente conjurando toda medida de acción directa que en nombre de ese objetivo se adopte. La discusión debe avanzar dentro de los lí­mites del camino legal, enmarcado por la Ley 23.551.

"Cuando no hay motivo visible para pretender un encuadramiento de orden laboral, además de la conveniente intervención de la autoridad administrativa, también será la acción policial la que disuada cualquier intrusión u obstrucción que pueda llevarse a cabo por parte de un sindicato que no tiene legitimación para reclamar y menos en esas condiciones; todo ello, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudiere corresponderle por las consecuencias dañosas de ese proceder", advirtió el socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea.

Según explicó Paula Oviedo, socia de Negri & Teijeiro Abogados, lo que ocurre es que las empresas se ven obligadas a negociar con el sindicato, aun ante reclamos totalmente ilegí­timos, a riesgo de afrontar pérdidas millonarias provocadas por la inmovilización del proceso productivo.

"Si bien las compañí­as cuentan con recursos jurí­dicos, éstos carecen actualmente de la celeridad y la eficacia necesaria para evitar los daños que ocasiona el bloqueo de una planta", aportó Oviedo.

Ello sucede porque en las relaciones sindicales "prima la creatividad y la realidad por sobre la legalidad y, en los hechos, la empresa se ve en la obligación de negociar con el sindicato", con o sin la intervención del Ministerio de Trabajo.

"Lamentablemente, no existe en la actualidad una solución legal con la efectividad y la celeridad suficiente para repeler desde el inicio, abusos de este tipo. El recurso de amparo es una alternativa pero su resultado es incierto y no aporta una solución inmediata", se lamentó la abogada de Negri & Teijeiro Abogados.

Otra posibilidad es la de denunciar penalmente a los autores de la conducta violenta. Esta es justamente la ví­a que eligió el presidente de Papelera del Plata, Jorge Pérez Alati.

Otra planta, otro bloqueo y la misma historia
"El inadmisible accionar referido ha dado lugar a que la Compañí­a presente una denuncia penal para que se investigue la actuación injustificada del Sindicato de Camioneros", informó Alati, en respuesta al piquete instalado frente a las oficinas administrativas en Barracas y al bloqueo simultáneo -en las plantas ubicadas en Wilde y en Zárate, dentro de la provincia de Buenos Aires, y la que se encuentra en Náschel, San Luis- montado por Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, e hijo de Hugo Moyano, lí­der de la CGT.

El bloqueo de las instalaciones por el sindicato se debe a que la empresa se negó a abonar un monto exorbitante de dinero a la entidad gremial, cifra que asciende a los $30 millones –según confirmaron desde la empresa-, en razón de no existir justificación alguna para ello, acusó el presidente de Papelera del Plata.

En relación a las manifestaciones del Sindicato de Choferes de Camiones, en las que afirma que el bloqueo de distintas plantas de Papelera del Plata S.A. se debe a "que se detectó personal del área de transporte que no está bajo el convenio colectivo que le corresponde 40/89 (camioneros), así­ como personal no registrado (en negro), e incumplimiento de ítems del convenio", la empresa reiteró que la empresa, por su actividad especí­fica, no tiene relación jurí­dica con el sindicato. Tampoco cuenta con personal que corresponda ser encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 (camioneros).

A su vez criticaron el modus operandi del sindicato alegando que en ninguna oportunidad se labró un acta reclamando la pretendida suma por parte de la empresa por el concepto que fuera. "Lo que implica que la entidad gremial no ha siquiera abierto una instancia para intentar debatir el tema, pretendiendo sólo la entrega de dinero en la forma antes indicada", se observó en el comunicado.

En la Justicia
Este caso se suma al de las cementeras Minetti y Loma Negra en donde los piquetes y la toma de fábricas también se instalaron como formas de protesta, y a una serie de sucesos en los que los sindicalistas recurrieron a comportamientos que exceden la tolerancia permitida en actos de reclamos gremiales.

Muchos de esos casos llegaron a la Justicia, de la mano de la denuncia formulada por la empresa frente al accionar sindical desmedido.

Así­, en el caso "Zavaglia, Gustavo c/ Artes Gráficas Rioplatenses SA s/ despido", la cámara laboral consideró que desapoderar a la empresa de un sector de la planta durante varios dí­as, retener mercaderí­as, materias primas y herramientas de su propiedad no configuran el ejercicio del derecho de huelga.

Sostuvo el tribunal que el ejercicio de aquella facultad constitucional no podí­a ser llevado a cabo en forma violenta ni tampoco abusiva, con medidas adicionales que avasallen los derechos de otras personas de un modo innecesario para el despliegue de la huelga.

En la causa "Calfat", la Cámara del Crimen resolvió procesar por violación de domicilio y daños a delegados gremiales de la Asociación Bancaria que, en el marco de una huelga, ingresaron en algunas sucursales de bancos imposibilitando el desarrollo de las tareas allí­ desempeñadas.

Los jueces concluyeron que la conducta desplegada por los delegados no puede considerarse amparada por el ejercicio del derecho de huelga.

Victoria Perez Zabala
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