Causa Riachuelo: nuevas pericias detectaron que se sigue contaminando

El juez encargado de controlar que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena limpiar el Riachuelo, detectó que tres curtiembres que habí­an sido sobreseí­das porque una pericia determinó que sus efluentes no eran tóxicos, en realidad continuaban contaminando la cuenca con desperdicios de cromo diez veces superior a lo consignado.

Las nuevas pericias fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, sobre sus deshechos arrojados al Riachuelo, causa por la que habí­an sido exculpadas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

Sin embargo, y a raí­z de una denuncia sobre una presunta connivencia entre un fiscal y varios estudios de abogados, el juez Armella resolvió realizar nuevos estudios para determinar si el sobreseimiento dictado anteriormente se correspondí­a con la realidad.

La página de Internet del Poder Judicial informó que a mediados de mayo y por pedido Armella, se recolectaron muestras lí­quidas y sólidas en los establecimientos y sus alrededores, a fin de realizar nuevas pericias para contrastarlas con las anteriores, que habí­an acreditado que las firmas en cuestión no contaminaban, según publicó DyN.

Esos controles determinaron que en ninguna de las pericias realizadas anteriormente figura el laboratorio donde se realizaron ni los protocolos utilizados.

Además, se confirmó que el cromo hallado en las muestras recientes supera por diez veces las cantidades encontradas en los estudios anteriores.

Las medidas dispuestas por el juez Armella a quien la Corte Suprema le delegó el seguimiento del denominado "Fallo Mendoza", que ordena a los Estados nacional, bonaerense y a la Capital Federal sanear la cuenca Matanza Riachuelo- se enmarcan en una causa penal abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para limpiarle una causa en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos.

El denunciante argumentó que tras comunicarse con los letrados, éstos le solicitaron u$s 250.000 para archivar la investigación.

El fiscal ya fue apartado de la causa y junto con los abogados está siendo sometido a investigación, pero entretanto gozan de una exención de prisión concedida por el juez Armella.