Por vencimiento del plazo, el Congreso avala dos contratos con empresas

Pasados 60 dí­as en los que el Congreso no aprobó ni rechazó en forma expresa la renegociación entre el Poder Ejecutivo y las distribuidoras de gas Centro y Cuyana, los contratos quedarán vigentes a partir de este lunes por la polémica sanción ficta, un mecanismo incluido en la ley de renegociación de contratos considerado inconstitucional por la oposición.

La ley 25.790, sancionada en 2002, estipuló que, una vez que el Ejecutivo envió al Parlamento los acuerdos con las empresas privatizadas, el Congreso tiene 60 dí­as corridos para expedirse. De no hacerlo, los contratos quedan aprobados por sanción ficta, un artilugio que, según la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, la radical mendocina Silvia Lemos, colisiona con el artí­culo 82 de la Constitución.

Así­ y todo, según informó El Cronista en su edición de hoy, el oficialismo no dio quórum en la Bicameral. La oposición emitió un dictamen en minorí­a el 2 de julio, en el que rechazó los acuerdos por contener irregularidades de forma y fondo.

Según el dictamen firmado por los diputados y senadores de la Unión Cí­vica Radical (UCR) y la Coalición Cí­vica que integran la comisión, el acuerdo no contempla mecanismos de cumplimiento de las multas que las empresas tienen que pagar ni otorga garantí­as de que Ecogas, la empresa controlante de ambas concesionarias, de capitales italianos y estadounidenses, retirará las demandas que mantienen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Los contratos renegociados estipulan un aumento de tarifas de, en promedio, 27%. Del incremento están exentos los hogares de menores consumos. Fuentes de la comisión indicaron al matutino que podrí­a suceder lo mismo con la renegociación del contrato de concesión con Coviares, la administradora de la autopista Buenos Aires-La Plata que ingresó al Congreso a principios de mes.