Cuáles serán los nuevos derechos a los que accederán las empleadas domésticas

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que busca derogar el estatuto del personal doméstico para incluir a dichas empleadas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) será tratado en la Cámara de Diputados en el corto plazo.

De convertirse en ley, las trabajadoras verán incrementados sus derechos laborales y podrán gozar del preaviso, la indemnización por despido y las vacaciones, entre otros beneficios incluidos en la Ley 20.744.

De acuerdo a los datos oficiales provistos por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hay casi un millón de empleadas domésticas, de las cuales el 90% no está registrada.

Respecto al tratamiento previsional - impositivo de dichas empleadas, la iniciativa no contempla ninguna modificación significativa. Por lo tanto, se mantiene el régimen especial de aportes y contribuciones de $85,75 mensuales destinados a las jubilaciones y a la obra social ($46,75 y $39 respectivamente).

En relación al alivio en el Impuesto a las Ganancias, los empleadores continuarán deduciendo hasta $9.000 anuales de la base imponible del tributo.

Cuadro de situación
En sus orí­genes, el trabajo doméstico era denominado como "servicio", evolucionando en un sistema jerárquico y contemplando dicha actividad como servidumbre ya que la misión de toda trabajadora doméstica era servir a sus patrones, que impartí­an un trato discriminatorio, de desigualdad y humillaciones, sin valorar su labor con salarios mí­nimos, sin ninguna protección ni derechos que ejercer.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1927 consideró la situación de los trabajadores domésticos en el Convenio 24 al promover el seguro obligatorio de enfermedad con un alcance más amplio. Más tarde, en 1934, dicho organismo internacional planteó en una conferencia la idea de hacer un instrumento especial que reglamentara algunas condiciones laborales del empleo doméstico.

Varias legislaciones trataron este tema en la Argentina, entre ellas la Ley 11.317 que regulaba el trabajo de mujeres y menores y la Ley 12.265 que diferenciaba entre servicio doméstico y trabajo con motores fijos o móviles.

El régimen actual se encuentra contemplado en el decreto 326/1956. La iniciativa, que busca derogarlo, modificarí­a determinados aspectos legales de los trabajadores. En principio, se pretende equiparar los derechos del personal doméstico con el resto de los trabajadores en cuanto al preaviso, indemnizaciones por despido y vacaciones, por citar algunos ejemplos.

Principios de la iniciativa
El proyecto denominado como "Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares", ampara al personal doméstico desde que comienza a prestar servicios sin ningún régimen mí­nimo de horas o dí­as laborales.

Los principales puntos propuestos en el proyecto de reforma son los siguientes:

•  Define al trabajo de casas particulares como toda prestación de servicio o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento y otras actividades tí­picas del hogar.
  
  
• Las personas excluidas del presente proyecto son las siguientes:
  
  a- Las contratadas por personas jurí­dicas para la realización de tareas.
  
  b- Las emparentadas con el dueño de la casa, padres, hijos, hermanos y nietos.
  
  c- Las que realicen tareas de cuidado y asistencia de enfermos o discapacitados cuando se trate de una prestación terapéutica.
  
  
• Establece como principios de interpretación y aplicación de la ley que cuando una cuestión no pueda resolverse por las normas que regulen el régimen, deberán hacerse de acuerdo a los principios de la justicia social, las generales del derecho, la equidad y la buena fe.
  
  Dichos principios surgen del artí­culo 14 bis de la Constitución Nacional en el punto en que hace referencia a la justicia social y a la propia Ley 20.744 que rigen en materia de derecho individual y derecho colectivo del trabajo.
  
  
• El artí­culo 6 del proyecto considera como presunción que se trata de un acuerdo por tiempo indeterminado y establece la libertad de formas de contratación entre las partes.
  
  
• Respecto del preaviso, el decreto 326 rige después de los 90 dí­as de comenzada la relación, con cinco dí­as de anticipación si la antigí¼edad del empleado es inferior a los 2 años y de 10 dí­as si fuese mayor. El proyecto propone que el preaviso sea de 1 mes si cuenta con menos de 5 años de antigí¼edad y de 2 meses si ese perí­odo es superado.
  
  
• En materia de indemnización por despido, la normativa vigente establece que "si el empleado tuviere una antigí¼edad mayor de 1 año, cobra medio mes del sueldo por cada año de servicio o fracción superior a 3 meses". En cambio, el proyecto fija un mes por año de antigí¼edad o fracción mayor a los 3 meses.
  
  
• En lo que se refiere a las vacaciones, el estatuto actual señala que son 10 dí­as hábiles si la antigí¼edad fuera de más de 1 año y que no exceda de 5 años; de 15 dí­as si la antigí¼edad fuere superior a 5 años y de 20 dí­as su supera los 10 años.
  El proyecto establece que será de 14 dí­as hasta cinco años de servicios, de 21 dí­as si la antigí¼edad fuese de 10 años y de 28 dí­as si la antigí¼edad es mayor a los 10 años. Asimismo, habilita la posibilidad de suplantar durante el perí­odo de vacaciones las prestaciones de habitación y manutención, cuando se hubieren convenido, por su equivalente en dinero.
  
  
• Además se establece la exigencia de una cobertura por accidentes de trabajo a cargo de las Aseguradores de Riesgo de Trabajo (ART).
  
  
• El proyecto estipula la obligación del empleador de otorgar recibos, sus requisitos formales y el contenido de los mismos. Se establece como principio general que el pago deberá realizarse en efectivo, caso contrario se efectuará mediante cheque a la orden de la empleada/o por depósito bancario, sin costo alguno para el personal.
  
  
• También dispone la prohibición de otorgar firma en blanco por parte de la empleada.

El proyecto de ley mejora las condiciones de protección del trabajo doméstico ya que intenta equiparar los derechos de éstos con los demás trabajadores que se encuentran amparados por la Ley de Contrato de Trabajo, establece igualdades y elimina -en parte- la discriminación y aislamiento de los trabajadores domésticos, porque pueden ejercer sus derechos cuando los mismos fueren afectados o violados como cualquier trabajador común.


Andrea Fabiana Mac Donald, jefa de Trabajos Prácticos de las cátedras Análisis Económico y Financiero y de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UBA y autora del libro "Mobbing: Acoso moral en el derecho del Trabajo".
Especial para iProfesional.com