Transparencia: 7 de cada 10 firmas argentinas no cumplen con normas

Por temor al espionaje de los competidores, para resguardarse del ojo de la AFIP o simplemente para ocultarle información a los accionistas minoritarios, la mayorí­a de las empresas argentinas se resisten a cumplir con códigos de transparencia mí­nima que funcionan de manera obligatoria e ineludible en paí­ses como España o los EE.UU., desde la crisis que acabó con Enron o WorldCom a fines del 2001.

En lo peor de la crisis, cuando los capitales se escapaban despavoridos de la Argentina, la Comisión Nacional de Valores implementó un decreto (677) que planteó para las empresas con capital abierto a la oferta pública un código de buenas prácticas similar al utilizado en paí­ses desarrollados.

Ese código es obligatorio en casi todos los mercados desarrollados, pero en el caso argentino, al menos en los primeros dos años de uso, pudo ser discutido por las empresas nacionales en asambleas societarias para resolver si se sumaban, o no, a la nueva corriente de "buenas prácticas".

La situación, por supuesto, generó mucho nerviosismo entre los empresarios, porque la norma demanda la necesidad de brindar información mí­nima para que las personas vinculadas con los negocios de una empresa puedan tener una idea general sobre la situación que atraviesa cada compañí­a.

Y ahora, a dos años de la implementación de la medida, puede afirmarse que son muy pocas las empresas argentinas dispuestas a brindar una información transparente. "Prefieren moverse en un pozo de sombras -afirma un experto en litigios empresarios-, porque de ese modo enfrentan mejor a la competencia, eluden las presiones impositivas y, sobre todo, disfrazan ganancias en gastos de representación que se suelen repartir los directorios."

Según el Centro para la Estabilidad Financiera (CEF), uno de los elementos clave del código de buenas prácticas es el nombramiento de personas independientes en los directorios de las empresas que deben cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo no tener participación accionaria ni relación directa con la empresa. Esos directores deben encabezar un comité de auditorí­a, que debe vigilar -si es necesario con asesores externos- el funcionamiento de las firmas.

El escaso cumplimiento del código de buenas prácticas se puede medir con dos sondeos, uno realizado por el CEF y otro que circula en la mesa de trabajo de los gerentes de inversión de las administradoras de fondos de jubilación y pensiones (AFJP) con más volumen de afiliados:

• Según el CEF, en un seguimiento a 81 empresas registradas en la Bolsa de Comercio (que cotizan habitualmente), se observó que en 32 firmas hubo aumento de directores independientes, y en diez compañí­as hubo descenso de ese tipo de director, de lo que se desprende que en sólo 22 empresas (27% de las registradas) hubo efectivo aumento en el número de directores. O sea, siete de cada diez empresas optó por no seguir el código sugerido por la CNV.
  
  
• Los números de las AFJP son todaví­a más abultados. "En la Bolsa hay anotadas unas 150 empresas, de las cuales unas 80 tienen cotización entre diaria y semanal. Sobre todo ese total de especies tenemos conocimiento, según el Boletí­n de la Bolsa, que apenas 21 empresas aprobaron efectivamente el cumplimiento del código. Ese número, si se compara con las empresas de cotización habitual, indica que sólo 26% cumple, es decir en lí­nea con el estudio del CEF.
  Pero si ese mismo número se compara con el total de empresas listadas, llegaremos a una conclusión dramática: 86 de cada 100 empresas prefiere tener a sus directorios en un verdadero cono de sombras", plantearon los gerentes de inversión de dos administradoras.

Al realizar una consulta en la misma Bolsa de Comercio, uno de sus máximos funcionarios indicó: "En este caso pasa algo similar a las multas que le aplicó el ministro de Economí­a, Roberto Lavagna, a las cementeras. Las empresas pusieron el grito en el cielo cuando las multas aparecieron, pero en realidad las compañí­as estaban en falta. Y en este caso hay una amplia legislación sobre la obligatoriedad de las empresas en la necesidad de brindar información, pero esa legislación nadie la hace cumplir y como el gato mira para otra parte, los ratones siguen bailando".

–¿Cuentan los inversores argentinos con información transparente de parte de las empresas?, le preguntó Infobae al abogado Marcelo Villegas, vicepresidente del CEF.
–La cantidad y calidad de la información pública de las empresas es bastante mala en Argentina.

–¿Por qué sucede, es culpa de la Comisión Nacional de Valores?
–La CNV podrí­a hacer bastante más de lo que hace.

–¿Por qué no lo hace?
–Porque hay una idea de que dar mayor información es generar más costo para los emisores, y eso no siempre es así­. Hay alguna información mí­nima, que confiere transparencia muy alta, con un costo muy bajo. En España, por ejemplo, los emisores de acciones tienen que entregar un informe anual y aquí­, en la Argentina, las empresas no informan ni el 10% de lo que se conoce en el mercado español.

La responsabilidad de un directorio

• Generar valor para los accionistas
  El accionista es "jefe" del directorio, éste, a su vez, lo es del management. Es por eso que el directorio deberí­a trabajar para generar valor, que redunda en beneficio del accionista.
  
  
• Relación directa
  El directorio debe tener trato más fluido con la gerencia de la empresa, que tiene a cargo el manejo cotidiano del negocio.
  
  
• Garantizar cumplimiento de normas
  Incluso en cuestiones impositivas, laborales, sociales y ambientales. De hecho, los directores son penalmente responsables por algunos actos de las sociedades que representan.
  
  
• Información actualizada
  Los directores deben estar al corriente de la situación de la empresa en relación con el mercado para poder realizar una correcta interpretación y evaluación de los estados contables y financieros.
  

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Luis Varela
dinero@infobae.com
(d) Infobae Diario