La Argentina tiene uno de los índices más bajos de la región de presencia de mujeres al frente de intendencias, que suman casi 2.300 en todo el país. Mientras el promedio de América latina se ubica en 14,6%, el de nuestro país alcanza el 11,7%. Que presente estas cifras llama la atención desde dos lugares: el país lideró los cambios de la leyes en materia de equidad de género en el mundo, y casi 30 años después se encuentra rezagada inclusive en su región.

El ritmo con el que la mujer ha podido acceder a cargos públicos es mucho más lento acá que en el resto de los países aun cuando es uno de los pocos que ya tuvo a una mujer en la presidencia desde el retorno de la democracia y de la reforma de la Constitución de 1994. En ese momento se introdujeron una serie de cláusulas para reconocer los derechos de las mujeres.

Así lo revela un informe de la Universidad Austral que indaga, justamente, sobre la participación de la mujer en las intendencias, la base desde la cual se construye cualquier carrera política. La primera cifra arroja que apenas el 11,76% de las intendencias del país son comandadas por mujeres, contra el 88,24% de los hombres.

En definitiva, apenas uno de cada 10 cargos a intendente es ocupado por una mujer en la Argentina.

Si bien se trata de un crecimiento que prácticamente se duplicó desde 1998, cuando ese nivel era de sólo 6,4%, el avance se ralentizó fuertemente en la última década cuando, de acuerdo a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se registró una participación de mujeres intendentas de 10% en 2010 hasta llegar al 11,7% en 2018. Apenas un alza de sólo 1,7% en este lapso.

Ese nivel, sin embargo, es apenas un promedio. Los extremos son todavía más curiosos: mientras en La Rioja -por estos días en el medio de la mirada democrática a raíz del plebiscito al que convocó el gobernador Sergio Casas para lograr la re reelección- cuenta con el porcentaje más alto de mujeres al frente de los municipios al totalizar un 27,7%, en tres provincias ese nivel es de 0%. Se trata de San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, aún cuando estas dos últimas son lideradas por mujeres.

Los claroscuros son impactantes. Para Verónica Toller, autora del informe que realizó la Escuela de Gobierno de la Austral, esta situación “en nuestro país es mucho más preocupante más allá de los números. Argentina fue pionera a nivel mundial en lo que que significa trabajar la equidad de género. En 1991 fue el primer país en tener la primera ley argentina del mundo, que reformaba el Código Nacional Electoral y exigía que todas las listas iban a ser recibidas si tenían un cupo de mujeres en sus listas”, recordó.

Si bien la Argentina pateó primero en esto de reconocer un derecho a la equidad en la esfera política, también significó la puesta en marcha de lo que Toller llamó “estratagemas” de parte de quienes históricamente detentaron el poder.

“Si el cupo era para legisladores y la lista era de 18 candidatos se cumplía con el cupo al poner 4 o 5 mujeres aunque en último lugar. Pero en la lista estaban. Esto se vio repetido en distintos procesos electorales. Si salían elegidos 12, sólo quedaban los hombres. Se cumplía la ley de cupos en listas pero no en el poder real. Y eso estaba manejado de forma tal que salvaba la posición legal y dejaba el poder en manos de los hombres”, amplió.

Y esto ha seguido ocurriendo, más allá de la ley de cupo. Cuando se pone la lupa sobre lo que ocurre con la representación de las mujeres el grueso de las provincias se advierte que, entre las mejor posicionadas, luego de La Rioja, se ubican San Luis, Neuquén, Chaco y Chubut, con porcentajes por encima del 17 por ciento.

En el tramo inferior, el más bajo, además del 0 que obtuvieron las provincias mencionadas se encuentran Formosa, Catamarca y la provincia de Buenos Aires, que no llegan al 3%. El informe destacó, justamente, ese último punto.

El distrito que concentra al 40% del padrón electoral tiene, sobre 135 municipios, sólo cuatro que están siendo liderados por una mujer.

“En Buenos Aires no llega al 3% el número de intendentas. Las capitales sólo tienen dos mujeres. Cuando el poder es más grande queda bajo el ala masculina, y el de las mujeres queda reservado para las pequeñas poblaciones, aldeas, municipios de segunda categoría (N. de la R.: tal la clasificación que efectúan los ministerios de Modernización y del Interior), con bajos niveles de habitantes”, amplió la autora del informe.

Por esa razón, Toller sostuvo que la situación es más grave por cuanto “la plataforma de lanzamiento para llegar al poder provincial, nacional, a los ministerios, arranca en el nivel comunal. Las carreras políticas se construyen de trabajar en el municipio, en la comuna. Si esa puerta está cerrada a las mujeres, ¿de qué carrera futura podemos estar hablando? De ninguna”, sentenció.

De las 23 ciudades capitales provinciales, sólo dos tiene a una mujer al frente, las de Santiago del Estero y de Rawson (Chubut). Ellas son Norma Fuentes y Rossana Artero, respectivamente.

A esto se suma que hay tres provincias en donde hay sólo una intendenta mujer, a saber: Celia Robles (PJ) dirige Villa Escolar, en Formosa; Norma Trigo (UCR) es la máxima autoridad en Santa Rosa, Mendoza; y Roxana Paulán (FPV) comanda Fiambalá en Catamarca.

Entre las conclusiones del informe se señala que “la presencia de intendentas, jefas de gobierno o alcaldesas electas en nuestro continente ha avanzado a un ritmo más lento (que el avance de presencia en puestos nacionales) y los resultados que se observan son limitados”, según un trabajo del Observatorio de Igualdad de Género de América latina y Caribe de la CEPAL realizado en 2017.

Y esto ocurre aún cuando, a nivel regional, y tal como se explicó anteriormente, el porcentaje de mujeres que accedió a lo máximo del Poder Ejecutivo subió de un 5,01% en el año 2000 a 14,6% en 2017.

El reporte de la Universidad Austral también destacó que la situación que se advierte con la presencia de mujeres en los más altos cargos municipales tiene como escenario de fondo su falta en otros ámbitos de decisión política, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo.

“La participación de la mujer es insuficiente en las senadurías y diputaciones del interior y no supera en promedio el 30%. En el Congreso de la Nación es de 10 a 15 más”, refirió el informe.

“Los argentinos creemos que somos más equilibrados y justos en el respeto de la paridad de género y de clases pero en la práctica no somos ni tan equilibrados ni tan justos”, alertó Toller.

Aplicar las leyes

Por esa razón, consideró que es necesario ponerse a trabajar sobre las herramientas legales existentes, que las hay.

“Herramientas legales hay, Argentina ha sido pionera. En 2017 se aprobó la ley que se va a aplicar en el siguientes elecciones donde va a haber paridad de género 50% real de mujeres en el Poder Legislativo no en las listas. Y hay 7 provincias argentinas que también tienen esa norma de paridad de género”, destacó.

Se trata de Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Salta y Chubut. Lamentablemente, esa cantidad todavía no cubre, siquiera, un 30% del total de provincias. Casi como una broma a la famosa ley de cupo femenino de 30% instaurada en 1991.

Para la docente de la Universidad Austral, el desafío para lograr la paridad pasa por aplicar estos cambios a nivel ejecutivo, porque allí es donde el poder es unipersonal.

Esos cargos no forman parte de listas colegiadas, más allá de que se trate de un intendente o un vice. “Por eso queremos herramientas que lleven a la búsqueda de la justicia y de la equidad de género pero también instamos a los legisladores a que piensen los instrumentos legales que respalden y aseguren esto”, subrayó.

El informe eleva siete propuestas. Aunque Toller admitió que resulta difícil aplicar una ley de cupo a rajatabla, razón por la que sí considera que el mayor impulso puede lograrse en órganos colegiados como los legislativos.

“Lo que necesitamos, sobre todo, es el cambio de mentalidad. Por eso propusimos un plan nacional de educación que apunte al cambio de cultura, de mirada, que tendamos a una realidad equitativa de género, que luego derive en una justicia política y que a la hora de elecciones haya equidad de género”, enfatizó.

Consideró que la manera de avanzar en estas transformaciones pasa por hablar, dialogar y tender hacia una cultura de la equidad y de la justicia.

Las propuestas apuntan a} erradicar las desigualdades en la esfera del poder y de toma de decisiones e impulsar medidas que faciliten el acceso tanto a cargos electivos como de designación.

Ellas son:

- Herramientas de paridad a partir de la alternancia.

- Herramientas de fórmulas mixtas para intendente y vice. Mujer y varón, o varón y mujer. Mencionan como ejemplo a seguir el caso de Córdoba.

- Herramienta de paridad en los gabinetes.

- Herramientas de formación a partir de un plan nacional de educación.

- Diseño de políticas de no discriminación en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

- Promover instancias de monitoreo, como si fuese un Defensor o Defensora del Pueblo en materia de equidad electiva política.