El proyecto impulsado por la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna (FPV-Entre Ríos) obligará, de aprobarse, que las empresas de más de 50 empleados realicen un Balance Social anual con información sistematizada de las condiciones de trabajo, higiene y seguridad, del costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa.

En Argentina, todas las empresas pueden hacer un balance social pero solamente están obligadas aquellas que poseen más de 300 empleados, según la ley laboral.

Según la iniciativa la presentación de ese balance por parte de las empresas "contribuirá a disminuir la diferencia entre lo que éstas informan y lo que efectivamente realizan, conciliando los elementos que componen la realidad laboral e institucionalizando tal información a fin de respetar y cumplir los preceptos constitucionales".

De acuerdo al proyecto, la documentación respaldatoria y el Balance Social deberán ser girados por la empresa a la organización sindical con personería gremial, antes del 31 de octubre de cada año calendario.  En tanto, una copia de dicha documentación quedará depositada, al mismo tiempo, en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. 

¿Qué pasa si las empresas no presentan el Balance Social?

En caso de que las empresas no presenten ese Balance Social se aplicarán sanciones o bien si se falseara la documentación o en el caso de que se obstaculice la información a los trabajadores.

La idea de balance social hace referencia al registro de las actividades de una organización vinculadas a la comunidad donde se encuentra inserta. Detalla los costes y beneficios que provoca la actividad de una empresa en una sociedad.

Proponen que empresas de más de 50 empleados realicen un Balance Social anual

Gracias a este tipo de balance es posible analizar si una compañía cumplió con su responsabilidad en un cierto período. Debe incluir tanto los resultados positivos como aquellos negativos que se desprenden de las actividades de esa empresa. 

Entre los resultados positivos que una empresa puede mencionar en ese balance social se encuentran la creación de puestos de trabajo, la generación de riqueza y las donaciones a la comunidad, por ejemplo financiando el mantenimiento de un parque o de otro espacio público. También, deben contarse en este marco aquellas medidas que colaboren con el descenso de costes sociales que generan las demás compañías, aunque se trate de un beneficio menos directo.

¿Cómo surge el concepto de Balance Social?

El origen del concepto de Balance Social surge a partir de 1966 en los Estados Unidos para mejorar la imagen pública de las instituciones. Durante la década del 70, tanto en los ámbitos empresariales como académicos europeos, se continuaron elaborando sistemas de información social más complejos, particularmente en Alemania, España, Francia, Holanda e Inglaterra. 

En Francia, se produjo la primera definición legal de Balance Social. Para la ley francesa, de 1977, el Balance Social (obligatorio para las empresas que ocupan más de 300 personas) es un instrumento de información global retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores referidos básicamente al ambiente social interno. Desde entonces, los Balances Sociales fueron evolucionando, en su profundidad y alcance. 

En la Argentina, la primera regulación a nivel nacional sobre el balance social estableció por ley que  las empresas que ocupen a más de 500 trabajadores debían elaborar anualmente un balance social que contenga información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. 

Debía incluir, como mínimo, información sobre el empleo, las remuneraciones, cargas sociales y demás elementos integrantes de la base de cálculo del costo laboral, condiciones de higiene y seguridad de la empresa o de los establecimientos, los planes referidos a la formación y capacitación. Más tarde, una ley reguló los aspectos relativos a la elaboración y contenido del balance social y redujo a 300 trabajadores la cantidad mínima para presentar dicho balance social, que rige actualmente.

El origen del concepto de Balance Social surge a partir de 1966 en los Estados Unidos para mejorar la imagen pública de las instituciones

¿Qué sostiene el proyecto?

En los fundamentos, la iniciativa establece que corresponde ampliar el universo de empresas comprendidas en la obligación de elaborar y entregar el Balance Social, abarcando a todas las empresas que ocupen a más de 50 trabajadores, "propiciando su accesibilidad a los trabajadores y a la sociedad en general, para dar mayor conocimiento sobre el manejo efectivo de las mismas".

En ese sentido, plantea que el Balance Social debe incluir inversión, la incorporación de nuevas tecnologías, formas de trabajo y organización productiva y también informar sobre la reducción de puestos de trabajo y accidentología, que permitirá a los trabajadores conocer el destino de la empresa y su futuro.

"La expansión y la recuperación de la actividad económica que impactó favorablemente en los niveles de rentabilidad empresarial y en las ventas de las Pymes y las empresas tecnológicas que generan el interés de los inversores internacionales y requieren poca cantidad de trabajadores pero altamente calificados, que cuentan con un fuerte apoyo a las actividades productivas y han multiplicado sus ingresos al ritmo de los avances tecnológicos y de las políticas nacionales de promoción y acompañamiento de la ley que promueve la economía del conocimiento en la Argentina", sostuvo Osuna. 

Para la diputada del FDT, "la creciente complejidad del contexto global y local provoca la necesidad de plantear la modificación a 50 empleados. Tal obligación de aportar un Balance Social anual por parte de las empresas contribuirá a disminuir la diferencia entre lo que éstas informan y lo que efectivamente realiza, conciliando los elementos que componen la realidad laboral e institucionalizando tal información a fin de respetar y cumplir los preceptos constitucionales".