España aprueba el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral
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El Consejo de Ministros español aprobó este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, recogiendo el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que esta medida que servirá para "modernizar" el país y aseguró que "es un día histórico", en el que "merece la pena formar parte del Gobierno de España". Afirmó que se trata de una reforma "cotidiana" que "hace que la vida real cambie", dando "esperanza a los trabajadores y mejorando la vida de la gente".
"Cumplimos con un compromiso histórico de este Gobierno con los trabajadores", señaló la vocera del Gobierno, Pilar Alegría.
Tramitación parlamentaria
El anteproyecto de ley, que tendrá que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, deberá continuar, posteriormente, con su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor, algo para lo que el Gobierno negociará "con todos los grupos parlamentarios."
La reducción de la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas hasta las 37,5 horas semanales en cómputo anual en este 2025 forma parte del acuerdo de Gobierno y fue pactada con los sindicatos, tras once meses de negociaciones en el marco del diálogo social.
Junto con la reducción de la jornada laboral, Díaz valorizó la reformulación del control horario como la "gran medida estrella" que incluye la norma, logrando que sea objetivo, fiable, accesible e interoperable. El anteproyecto de ley recoge además el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores frente al uso de los dispositivos de videovigilancia y geolocalización, sin que ello conlleve consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados. Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.
La propia ministra explicó que el anteproyecto de ley recoge íntegramente el acuerdo alcanzado con los sindicatos y, aunque aún puede sufrir "correcciones técnicas", llegará tal cual a la Cortes para su tramitación parlamentaria.
Díaz afirmó que el Gobierno "va a negociar con todas las formaciones políticas" y ha preguntado al PP si "se reconciliarán con los trabajadores, ya que sus votantes también quieren ver reducida la jornada, o cometerán el mismo error como cuando no apoyaron la reforma laboral."
Pero las primeras reacciones en el Congreso muestran la oposición del PP, que sostiene que la norma no se pactó con la patronal y calificó de "verdaderamente pobre" que se celebre como un éxito el hecho de que las dos partes del Gobierno, PSOE y Sumar, se hayan puesto de acuerdo.