¿El que calla, otorga?: se juega un nuevo round en la pelea por informar los precios

En el marco de un acto en el que anunció cambios en el Monotributo, la Presidenta Cristina Kirchner manifestaba: "Que nadie tenga miedo de decir lo que piensa. No voy a comerme a nadie si dice algo".

Y si bien muchos aplaudieron ante sus palabras, hay otros tantos argentinos que ponen un signo de pregunta a que esto sea realmente así.

Éste es el caso de diversas entidades que defienden a los consumidores que, en los últimos meses, han sido "suspendidas preventivamente".

En la actualidad, se muestran preocupadas por estas medidas y se preguntan qué puede pasar si siguen publicando informes sobre aumentos de precios que distan de las estadísticas oficiales y de los resultados de los que da cuenta el Gobierno sobre planes tales como el "congelamiento" o las mediciones de inflación, especialmente de cara a las elecciones.

Casos testigo
En este escenario, la primera señal fue una pelea con Consumidores Libres, presidida por Héctor Polino, que derivó en la suspensión de la licencia de dicha asociación que habilita a la entidad para publicar los valores de productos que se venden en los supermercados. La medida tuvo lugar en agosto de 2012.

En ese momento, Polino afirmaba que de esa forma se castigaba "al mensajero y no a quien aumenta los precios".

Unos meses más tarde -en octubre del año pasado- tras 20 años durante los cuales emitió informes sobre aumentos, la organización conocida como Acción del Consumidor (ADELCO) decidió dar un paso al costado y abandonar la publicación de sus clásicos reportes.

La explicación que dio Claudia Collado, titular de la entidad, sobre la decisión adoptada fue: "No queremos publicar de acuerdo con lo que ellos nos sugieren sino poder hacerlo a nuestro modo".

En tanto, en julio de este año, un tercer caso volvió a llamar la atención de los argentinos. En esta oportunidad, la Subsecretaria de Defensa al Consumidor Lucila "Pimpi" Colombo suspendía de forma "preventiva" a la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) tras afirmar que ésta realizaba una "defensa de los negocios" de diversas empresas.

Más allá de la veracidad o no de este argumento, lo cierto es que "la tercera" no fue "la vencida".

De hecho, a poco tiempo de que se realicen los comicios del 27 de octubre, la polémica vuelve a instalarse como así también los interrogantes. Esta vez fue el turno de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) la cual fue suspendida del registro nacional de asociaciones de consumidores.

Y si bien en esta ocasión el entorno fue más complejo, dado que su titular Sandra González había sido denunciada por la Presidenta Cristina Kirchner en febrero por una maniobra que involucraba a seis grandes bancos, nuevamente la mira estuvo puesta en este tipo de entidades. Lo curioso del caso radica en que, aun cuando la Justicia no se había pronunciado al respecto, igualmente se decidió avanzar con la aplicación de la suspensión.

En este contexto, más allá de las particularidades de cada situación y del curso que siga para cada entidad -lo cual incluye el accionar judicial-, la preocupación está instalada entre las asociaciones que informan a los consumidores porque consideran que ven afectada su autonomía y aseguran estar viviendo una situación inédita.

Para Adrián Kittner, de la firma especializada en consumo masivo eConsultora, "existe cierta veda en cuanto a la publicación de precios".

Y esto no es menor en un escenario en el cual la inflación anual estimada por consultoras privadas -del orden del 24%- dista de los cálculos oficiales y de lo que sienten las familias en sus bolsillos a la hora de las compras.

En este sentido, un reciente estudio de la consultora Kantar Worldpanel da cuenta de lo que sucede y destaca que el aumento de precios es hoy una de las mayores preocupaciones en el país, dado que siete de cada 10 argentinos afirman que se trata de un asunto importante.

Desafiando el relato
Cuando se pregunta sobre las "suspensiones preventivas" dispuestas por la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, las entidades que defienden a los argentinos en lo que respecta al consumo coinciden en que, a pesar de que los motivos puntuales de cada caso difieren, el efecto logrado es el mismo: imponen un freno para quienes "desafían" al relato oficial al publicar mediciones que muestran "otra realidad" en materia de precios.

Así lo explica a este medio Fernando Blanco Muiño, titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA): "Los argumentos que se mencionan son distintos, pero se trata siempre de frenar a entidades que están hace años y no están dispuestas a adecuar sus informes al discurso del Gobierno".

En este punto, el consultor destaca que el caso de Consumidores Libres fue una bisagra en el vínculo entre el oficialismo y las asociaciones que no comparten su postura en relación con el tema precios.

"Lo que ocurrió con ella fue un punto de quiebre para todos nosotros", enfatiza Blanco Muiño.

Y se sorprende: "Fue la primera vez que pasó algo de este estilo a veinte años de haber nacido la Ley de Defensa al consumidor".

En tanto, esa no fue la única consecuencia. Los expertos hablan de una "división" entre las entidades que están "alineadas" con el oficialismo de las que no.

Es así que "hoy existen un conjunto de asociaciones cercanas al Ejecutivo y el resto, estamos seriamente preocupadas", reconoce el titular de UCA.

En este contexto, Blanco Muiño advierte sobre la aplicación de las suspensiones preventivas y señala que, de esta forma, el Gobierno actúa previamente a que se emita el fallo de la Justicia.

Pero, además, remarca que "esta figura legal no existe en relación con las entidades de consumidores, sino aplicada a las empresas".

De hecho, el experto destaca que la medida "se suele utilizar para castigar a aquellas firmas que no cumplen con alguna disposición y no a las que se encargan de llevar a cabo un control".

Para el consultor, las "excepciones" del Gobierno tienen una clara finalidad: "El apuro por acallar a las entidades que no se adecúan al relato oficial".

La disputa por la credibilidad
Detrás de los intentos por silenciar a los organismos que tradicionalmente se ocuparon de relevar los precios de los productos, quienes están a cargo de estas asociaciones advierten sobre una cuestión que va más allá de la medida en sí: la pelea por resultar creíbles ante los argentinos.

En esta línea los expertos consideran que, pese a las sanciones de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, la "batalla" por la confianza de las personas "está ganada".

"Ocurre que nuestra credibilidad social está por encima de los organismos que dependen del Gobierno", indica Blanco Muiño.

En la misma línea, Kittner apunta que "desde el oficialismo quieren que las mediciones que se respeten sean las del INDEC". Sin embargo, la legitimidad de las mismas -especialmente en lo que respecta a la inflación- es cada vez más cuestionada por lo que, agrega, otras herramientas ganan la pulseada por la confianza de los argentinos.

Y, en este sentido, el experto sostiene: "Lo que ocurre es que el resto de los índices son un poco más realistas y la gente considera que el INDEC no refleja la realidad".

Góndolas "descongeladas"
En este contexto, se destaca una de las denuncias que las asociaciones de defensa al consumidor sostuvieron a lo largo de estos últimos siete meses, que está relacionada con las fallas que el acuerdo de precios vino evidenciando desde sus inicios y que, con el tiempo, se volvieron imposibles de ocultar.

Es así que, destaca Kittner, "si bien formalmente existe el congelamiento, éste no se ve reflejado realmente en las góndolas".

Por otra parte, los analistas señalan que, a siete meses de haberse lanzado su primera versión, la medida no corrigió ninguno de los errores que se le criticaban desde sus inicios.

Según lo describe Collado, "el freezer mantiene todas y cada una de sus falencias".

Algunas de las que mencionan los expertos consultados por este medio son las siguientes:

-Faltantes de stock.
Como lo indica Blanco Muiño, "en las grandes cadenas de retail hay faltantes del 50% de los productos que componen la lista de los 500".

El experto destaca que, en los supermercados más chicos, la situación es aún peor ya que no hay "hasta el 80% de los artículos que forman parte de esta nómina".

En tanto Kittner va más allá con su análisis y sugiere que esto no siempre es fruto de la casualidad: "El abastecimiento hoy es un gran problema y no se sabe si es un tema de mucha demanda o de poca oferta porque a los supermercados les conviene que la gente lleve opciones más caras".

-Algunos productos no llevan la etiqueta correspondiente.
Sobre este punto, el titular de UCA advierte que por este motivo "en muchos casos, la identificación de los artículos en los locales se vuelve casi imposible".

- Desinformación.
Este reclamo está presente entre las asociaciones de defensa al consumidor desde el primer día de "la lista de los 500", pero aún no se resolvió.

Según afirma Blanco Muiño, "estas nóminas están escondidas en general y sólo algunos supermercados las colocaron".

La "misteriosa" Supercard
Además de la promesa de mantener los precios de una selección de artículos de supermercados sin alteraciones, el Gobierno anunció en reiteradas ocasiones la salida de un plástico que los consumidores podrían utilizar para pagar en los supermercados y que les permitiría acceder a beneficios similares a los que ofrecen las tarjetas bancarias como, por ejemplo, tener la opción de abonar en hasta 24 cuotas.

La famosa Supercard, que tendría que estar plenamente pen circulación desde el 1° de abril, todavía no se encuentra a entera disposición de los consumidores para ser tramitada en las cadenas de retail.

Según explica Schwartz, "existieron conversaciones y numerosos anuncios, pero nunca se pudo encontrar en los supermercados por problemas operativos".

Desde las entidades que defienden a los consumidores se muestran menos sorprendidas que resignadas. "Después de varios meses de su lanzamiento, notamos que la tarjeta nunca apareció y el congelamiento de precios mantiene sus falencias", dice Collado.

Sin embargo, ésta y otras críticas similares a los planes del oficialismo van siendo acalladas, indican los especialistas.

Y si bien la propia Cristina Kirchner afirma: "Que nadie tenga miedo de decir lo que piensa. No voy a comerme a nadie si dice algo. Es bueno cuando uno piensa diferente", lo cierto es que no son pocos los que dudan sobre que esto sea, en la práctica, así.

Es por ello que la titular de ADELCO concluye: "Desde el año pasado hay una preocupación en el sector y está latente la sensación de que ya no se sabe lo que puede llegar a ocurrir".

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