Tragedia de Once: el Gobierno interviene la empresa TBA para investigar la operatividad del Sarmiento y el Mitre
A casi una semana de la tragedia de la estación de Once, el Gobierno tomó la decisión de intervenir TBA, la compañía que tiene a su cargo la explotación del ferrocarril Sarmiento, hasta el final del proceso judicial que investiga el accidente que originó 51 muertos y más de 700 heridos.
Los funcionarios Juan Pablo Schiavi y Julio De Vido anunciaron este martes al mediodía la intervención de TBA por 15 días y la presencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en este proceso.
La medida alcanza tanto al ferrocarril Sarmiento como a la línea Mitre, también operada por la controvertida TBA.
Según la Resolución 199/2012 del Ministerio de Planificación Federal, el Gobierno consideró necesario "actuar de forma inmediata" y aclaró que se trata de "una medida cautelar provisoria, por el plazo de 15 días o hasta tanto se sustancie el proceso penal".
Después de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner el lunes en Rosario, donde pidió celeridad al juez de la causa, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, comunicaron la decisión de auditar a la concesionaria del Sarmiento.
Entre los argumentos esgrimidos, desde el oficialismo se comunicó que el movimiento apunta a "garantizar la seguridad de los usuarios".
Al mismo tiempo, el Gobierno oficializó la designación de Raúl Barido como interventor temporal de TBA hasta que concluya la investigación judicial que busca esclarecer los hechos que motivaron la tragedia.
Según se informó, Barido contará con la asistencia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Respecto de estos anuncios, De Vido sostuvo que la intervención de TBA apunta a dar "objetividad y transparencia al análisis de lo ocurrido" y agregó que se va a "respetar la decisión de la Justicia".
Lo ocurrido el último jueves, a los ojos del funcionario, fue "una tragedia que nos conmueve permanentemente y la resolución que firmé, sigue precisas instrucciones de la señora presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), con la que estuvimos trabajando todo este fin de semana para formalizar la intervención".
Por su parte, Schiavi afirmó que la intervención de las líneas que opera la empresa TBA "no es contra" los 4.520 trabajadores de esa compañía sino para "trabajar con ellos".
Remarcó que la responsabilidad del Estado es que los trenes sigan funcionando, respetando no sólo la continuidad del servicio sino también la seguridad de los usuarios.
En ese sentido, señaló: "Quizás funcionen algunos trenes menos, quizás vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales y esto no debería provocar situaciones de zozobra".
Al mismo tiempo, manifestó que se va a disponer de todas las alternativas posibles para poder transportar a los pasajeros en otro medio de transporte hasta que finalice todo lo que la intervención tenga que auditar y comprobar.
Por último, agradeció a todas las personas que se movilizaron por el hecho y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.
Comienzan las pericias al tren
En tanto, se conoció que las pericias a la formación del ferrocarril Sarmiento siniestrada comenzarán "entre mañana y pasado", al tiempo que se confirmó que de los estudios participarán expertos oficiales y aquellos profesionales que fueron designados "peritos de parte".
Los puntos de pericia "tienen que ver con el estado general de la unidad, mantenimiento y calidad de los materiales con que se ha reparado", indicaron a Télam fuentes allegadas a la investigación, quienes señalaron que los trabajos estarán a cargo de dos expertos designados por la Universidad de Buenos Aires y un tercer profesional integrante del cuerpo de peritos de la Corte Suprema.
Participarán, además, los "peritos de parte" designados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la empresa TBA, la Secretaría de Transporte y por la defensa del motorman Marco Antonio Córdoba, conductor de la unidad de la ex línea Sarmiento, quien protagonizara el siniestro el miércoles pasado.
El lunes la Presidenta reclamó que las pericias establezcan por qué ocurrió el accidente y las responsabilidades "directas e indirectas" en "no más de 15 días".
No obstante, la mandataria señaló: "No le estoy poniendo plazo a nadie, es que los 40 millones de argentinos y los familiares de las víctimas deben saber qué paso y quiénes son los responsables".
Respecto a la investigación, el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la pesquisa, tomará declaración testimonial a sobrevivientes de la tragedia, aunque esos dichos fueron relativizados en su "contundencia probatoria" ya que "estos casos de shock postraumático pueden generar confusiones en detalles que pueden, o no, ser relevantes", explicaron las fuentes.
Pese a la reserva del expediente impuesta por el magistrado, los voceros judiciales añadieron que Bonadio también avanzará en la investigación respecto de la "cadena de responsabilidades en el nivel de toma de decisiones para establecer autorías mediatas o participación necesaria en el delito de estrago".
Por otra parte, y en cuanto a los informes que indicaban que el motorman Córdoba tenía 13.0 mg/dl de alcohol en sangre, las fuentes explicaron que "eso, técnicamente, significa que no tenía concentración de alcohol" ya que hasta ese umbral los estudios no tienen sensibilidad, según el método FPIA que fue el utilizado.
Según ese método, cuando el porcentaje es menor a 50 se presenta "sin signos químicos", de 50 a 150 demuestra "euforia, excitación", de 150 a 250 "vértigo y agresividad" y más de 250 "coma alcohólico".
Los estudios se realizaron en la Clínica Médica Integral Fitz Roy, donde Córdoba ingresó "sin déficit neurológico, clínicamente estable, orientado en tiempo y persona, angustiado y con policontusiones", según el informe con que cuentan los investigadores.
Qué sucede con los subsidios
Por último, y mientras se intentan determinar las causas del accidente ferroviario de Once, la Justicia comenzó a investigar el destino que la empresa TBA, concesionaria de la línea Sarmiento, le da a los millones de pesos que recibe de subsidios de parte del Estado nacional.
"La fiscalía sugiere al tribunal que obtenga la documentación pertinente a efectos de determinar con la ayuda de peritos contadores, el dinero ingresado a la concesionaria del servicio y la aplicación real de ese dinero", sostuvo el fiscal de la causa, Federico Delgado.
En un escrito de cuatro carillas presentado ante el juez federal Claudio Bonadío, Delgado recordó que informes de "la Auditoría General de la Nación resaltan la existencia de significativas irregularidades que deberían haber sido subsanadas por el concesionario".
"Para complementar esos estudios, el señor juez instructor podría requerir los servicios de la Asociación de Personal de Organismos de Control para obtener otra opinión sobre la materia", añadió el fiscal Delgado.
El fiscal también pidió que se interrogue a personal de TBA para que explique "las condiciones en que se brinda el servicio".
Además, sostuvo que "es público y notorio el estado del servicio de ferrocarril" y dijo que "las condiciones en que se despliega la prestación" es "la fuente potencial de este tipo de hechos".
En una de las medidas solicitadas al juez, Delgado pidió que se escoja "al azar a maquinistas, mecánicos y otros empleados que van a explicar de propia mano" cómo funciona.
"Dado que algunos trabajadores podrían verse apremiados moralmente por el temor que generalmente suscita la condición de empleados frente al empleador, el juzgado podría interrogar a los dirigentes gremiales que cuentan con inmunidad al respecto", sostuvo Delgado.
Si bien el magistrado estimó que "no es momento de hablar de calificaciones legales porque lo impide el estado incipiente de la causa", sí adelantó que "es imprescindible tener presente la figura del estrago".
En ese sentido, comparó lo investigado por la tragedia del 30 de diciembre de 2004 en "República de Cromañón", el boliche ubicado a sólo unos metros de la estación de Once, "sobre todo, porque allí lo que nosotros hemos llamado´condiciones´ jugaron un rol decisivo a la hora de atribuir comportamientos delictivos a los imputados".
Por último, Delgado basó su pedido en averiguar las condiciones de funcionamiento en una causa en la que él pidió la elevación a juicio y que tenía como imputados a los responsables de la empresa "Trenes Metropolitanos General Roca SA" Juan Carlos Loustau Bidaut y Sergio Taselli, por el funcionamiento y mala administración de los intereses del Estado.
"Si bien es verdad que, desde nuestra perspectiva, es de dudosa eficacia trasladar criterios generales a hechos diferentes, ya que cada uno tiene sus matices propios, en este caso en particular es evidente que hay, en principio, algunos puntos de contacto entre aquellos eventos y los ocurridos el 22 de febrero en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento", concluyó el fiscal.
Declaró el guarda
Paralelamente, en las últimas horas prestó declaración testimonial Miguel Ángel Jerónimo, el guarda que se desempeñó en la formación siniestrada en Once, quien aseguró que el "viaje fue absolutamente normal".
Gerónimo contó que él no sintió nada raro durante el trayecto, aunque explicó que estaba situado en el último vagón de la formación. Esto, a raíz que los más perjudicados por el siniestro fueron los dos primeros.
Asimismo, Bonadío aún no imputó a nadie en particular, tal como dejaron trascender versiones periodísticas, y el conductor del tren, Antonio Córdoba, que permanece internado y con custodia será interrogado una vez que se reponga.
El perfil de los dueños
Los hermanos Mario y Claudio Cirigliano, dueños de la ahora cuestionada TBA, constituyen uno de los grupos empresariales más poderosos del país.
Dueños del Grupo Plaza que integra, a su vez, el holding Cometrans, comenzaron a ampliar su fortuna en los noventa y ganaron mayor espacio a lo largo de todo este tiempo.
La "empresa de empresas", como se autodefine el grupo societario en cuestión, comenzó con un colectivo. Fue adquirido por Nicola Cirigliano, padre de Mario y Claudio.
De acuerdo a Desafío Económico, uno de sus primeros trabajos en la Argentina fue en la municipalidad porteña, donde se desempeñó como conductor de camiones.
Su olfato para los negocios y el conocimiento del rubro automotriz lo llevó a comprar el interno 16 de la línea 295. Transcurría el año 1959.
Con el correr del tiempo, los Cirigliano adquirieron las líneas 61 y 62. La empresa familiar creció más hasta que, en 1975, Nicola cedió la gestión a sus hijos.
"Desde ese entonces comenzaron a tejer relaciones estratégicas con el poder. El gran salto llegó en la década del ‘90, cuando los hermanos ganaron la concesión ferroviaria con TBA", detalla la publicación mencionada.
En 1991, la todavía llamada Transporte Automotor Plaza participó en el armado del holding Cometrans que, en 1994, ganó el proceso licitatorio de Trenes de Buenos Aires (TBA).
Con estas dos líneas (ex Mitre y Sarmiento) la familia poderosa del sector transportista logró concentrar el 40% del movimiento de pasajeros de los trenes metropolitanos.
En paralelo, Cometrans obtuvo la concesión del Metro de Río de Janeiro, explotación que mantuvo hasta mayo de 2007.
Además, a través del mencionado holding, los Cirigliano lograron hacerse de la operación del servicio de Metrovías desde 1994 al 2000.
Crecimiento del "imperio"
Antes, en 1993, el grupo accionario se había quedado con la licitación de la Fábrica Militar General San Martín, predio que utilizaron para instalar sus plantas industriales.
Una de ellas era Emprendimientos Ferroviarios SA (EMFER), destinada a la reparación y mantenimiento de carrocerías de trenes. La otra, denominada Tecnología Avanzada en Transporte SA (TATSA), estaba orientada al armado y refacción de vehículos para el transporte público de pasajeros.
La publicación mencionada destaca que una "muestra de lo que significaron los lazos con el menemismo en el crecimiento del imperio Cirigliano fue la cantidad de líneas adquiridas por Grupo Plaza en ese período: en 1993 compraron el paquete accionario de la Línea 143.
Ese mismo año adquirieron las líneas 141 y 36. En el 1994 ganaron las licitaciones de las 140, 142 y 133.
En 1998 sumaron las 124 y 114. Por aquel entonces se hicieron, además, del paquete accionario de la empresa de transportes que operaba la línea 104.
El conglomerado de los Cirigliano ya se tornaba imparable.
Grupo Plaza hoy
Actualmente, Grupo Plaza opera un total de 40 líneas urbanas: 20 en la Ciudad de Buenos Aires, 12 en Bahía Blanca y 8 en Santa Rosa, La Pampa.
Además, tiene en su haber una larga lista de empresas de transportes urbanos, de media y larga distancia:
- Transporte Automotor Plaza
- Transporte Automotor Mayo
- Transporte Mariano Moreno
- Transporte 104
- Ecotrans, firma que reúne a las líneas provinciales 253, 321, 322, 317, 503 y 635, además de Dumas Cat, Plus Ultra, Mercobus y El Rápido Argentino.
También controla la empresa de viajes Pasajes Express, la compañía de servicios de tecnología informática, gerenciamiento y desarrollo de proyectos de software y tecnológicos Sig SA y la dedicada a publicidad callejera Transmedios.
Una empresa del Grupo Plaza, Ticketrans, se constituyó en el mismo momento en que el Gobierno lanzara el boleto único (SUBE) para solucionar el problema de la falta de monedas en Capital Federal.
Por último, resta decir que Cometrans integra el consorcio New Tronic, uno de los grandes beneficiarios del plan oficial para expandir la televisión digital.
Precisamente New Tronic fue elegido para fabricar las primeras tandas de conversores "nacionales" que ya se ven en mucho hogares del interior.
Fuera de la General Paz, la polémica también alcanza al grupo Cirigliano en la provincia de Buenos Aires.
Un caso específico: en Bahía Blanca, y ante las quejas de los usuarios y las reiteradas denuncias por el mal servicio, el municipio acaba de rescindirle el contrato a Grupo Plaza.
De esta forma, los Cirigliano perdieron el manejo del 75% del transporte urbano de pasajeros de esa ciudad.