La "batalla" del 7D: el Gobierno ahora estableció que se podrán licitar bienes de medios

El Gobierno publicó el martes en el Boletín Oficial dos resoluciones que no sólo cambian el régimen de adecuación voluntaria de licencias a la ley de medios y las transferencias de oficio, sino que también establecen que el Estado puede quedarse con los bienes imprescindibles para la explotación de los medios que incumplan, sin necesidad de expropiación ni pago de indemnización alguna. Ésta es una disposición que hasta ahora se desconocía.

Por un lado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) publicó en el Boletín Oficial la resolución 2206/2012, que introdujo cambios en los procedimientos de adecuación, un tema que ya había trascendido a los medios porque había sido cambiado de la página web del organismo.

Según la resolución 297 de 2010, el licenciatario que no se adecuara a las limitaciones establecidas por las ley de medios a la fecha de vencimiento del plazo para hacerlo debía ser intimado para que lo hiciera en 30 días.

Es decir, daba un plazo adicional para cumplir con la norma. Pero el martes esa medida fue sustituida formalmente por la mencionada resolución 2206.

A esto se sumó un dato político más: Marcelo Stubrin, director de la Afsca por la oposición, afirmó que el directorio de ese organismo habría protocolizado esa resolución como si hubiera sido adoptada el 22 de noviembre, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner aceptó la designación del propio Stubrin.

Por eso, Stubrin no habría podido participar de la reunión de directorio donde se habrían aprobado los reglamentos de "Gestión y tramitación de propuesta de adecuación" y de "Transferencia de oficio".

En una carta dirigida a Martín Sabbatella, titular de la Afsca, Stubrin objetó "el vicio de registración y protocolización" de los cambios en los procedimientos para el 7-D y señaló que "la transparencia no se declama, se practica".

Pero, más allá de esas supuestas irregularidades en su origen, las dos resoluciones incorporan algunas llamativas novedades:

El artículo 1 de la resolución 2206 establece que "serán objeto de tasación las licencias y los bienes imprescindibles afectados a ellas", cuando el licenciatario no reúna los requisitos previstos para continuar con la licencia.

"Este régimen es confiscatorio", dijo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, "porque le permite al Estado quedarse con los bienes (antenas, cables, equipos, etcétera), sin necesidad de respetar el procedimiento de expropiación que fija la Constitución nacional". Es decir, el Estado podría tomar la posesión de los bienes sin pago de indemnización previa.

A su vez, el artículo 7 de la resolución 2205, también publicada ayer, dispone que si un licenciatario se adecua a la ley, pero la Afsca rechaza total o parcialmente la adecuación, sus licencias serán transferidas de oficio.
Es decir, el intento de someterse a la ley puede derivar, por una decisión de la Afsca, en el mismo resultado que obtendría quien no intenta adecuarse.

El Grupo Clarín, en un comunicado, rechazó las novedades que fueron publicadas en el Boletín Oficial.

"A sólo tres días del 7-D, el Gobierno sigue cambiando las reglas de adecuación. Ahora no sólo puede quedarse de oficio con las licencias, sino también con los bienes del licenciatario. Una lisa y llana confiscación, prohibida por la Constitución nacional. Y eliminó sin justificación los 30 días que existían en la resolución anterior", informó la empresa, según detalla La Nación.

En otro párrafo del texto, el holding argumentó: "Se busca alterar la división de poderes, esencia de la democracia. Por eso, pese a las amenazas, el Grupo Clarín seguirá defendiendo su derecho en todas las instancias, como marca la Constitución".