Hoy será un día sumamente importante en el historial legislativo de la era K: se aprobará la ley que regula el mercado de las telecomunicaciones.

El hecho debería ser motivo de festejo para el Gobierno: según explicaron los funcionarios que la redactaron, tendrá el objetivo explícito de democratizar a este sector, romper con los oligopolios existentes y adecuar la obsoleta legislación -que data de los años '70- a las necesidades de hoy.Sin embargo, todo indica que, esta vez, la aprobación de la normativa no tendrá el componente "épico" de otros hitos kirchneristas, como la ley de medios, la reestatización del sistema jubilatorio o la nacionalización de YPF.

Ocurre que el nuevo marco generó controversias internas en el propio oficialismo, al punto que hubo legisladores que manifestaron abiertamente su percepción de que la iniciativa estaba pensada para beneficiar a las "telcos" en contra de las pequeñas empresas regionales de TV por cable.

De manera que el texto que hoy será ley es el fruto de un intenso "lobby" en el cual, más que reeditarse "la madre de todas las batallas" entre el Gobierno y el grupo Clarín, lo que se presenció fue una pulseada entre dos grandes "corpos": las telefónicas y el multimedios -que es dueño de Cablevisión y Fibertel-.

En definitiva, lo que los expertos señalan es que, tras los cambios sufridos por el texto del proyecto, hay una alta probabilidad que esta ley, lejos de revolucionar el mercado de las telecomunicaciones, termine consolidando el "statu quo".Ningún analista cree que, en el corto plazo, haya cambios visibles ni en el campo de la telefonía, ni en el de Internet ni en el de la TV paga: los actuales jugadores seguirán en sus trincheras.

La ley permite el desembarco de las telefónicas en el negocio de la televisión. Sin embargo, para beneficiar a la "mimada" del Ejecutivo, DirectTv, se decidió suprimir la posibilidad de que las operadoras ofrezcan el servicio de manera satelital, de modo que el único camino que les queda es hacerlo a través de Internet, lo que las obligaría a tener que realizar fuertes inversiones.  

No obstante, hay un terreno en el que sí habrá una modificación sustancial: aumentará el poder regulatorio del Gobierno, su discrecionalidad para señalar ganadores y perdedores y dejará abierta la puerta para el ingreso de un "player" estatal en el negocio. 

Es que el texto le otorga al Ejecutivo mayores herramientas de control sobre actores como Cablevisión, del Grupo Clarín, además de dejarle en sus manos una caja ya existente y superior a los $2.300 millones para el potencial relanzamiento de Arsat como proveedor oficial de contenidos.

Todo esto, como consecuencia de la creación del ente de aplicación que, desde ahora, regulará los destinos del negocio: la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

De acuerdo al artículo 87 del marco, AFTIC pasará a tener dominio sobre la Secretaría de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones, Argentina Soluciones Satelitales (Arsat), Correo Oficial, Comisión Nacional de Actividades Espaciales y plan Argentina Conectada.

Arsat contó este año con un presupuesto de casi $5.500 millones. La firma en cuestión es la encargada de desarrollar, fabricar, lanzar y operar tres satélites geoestacionarios de comunicaciones.

Ya puso en órbita el Arsat-1 hace dos meses. Paralelamente, tiene a su cargo la construcción de la plataforma de Televisión Digital Terrestre, con 115 estaciones transmisoras y la distribución gratuita de dos millones de decodificadores.

Asimismo, Arsat lleva adelante el plan Argentina Conectada, que construye y opera la Red Federal de Fibra Óptica. El Correo Argentino también maneja cifras de relevancia: su presupuesto para este año se ubica por encima de los $4.500 millones.

Pero eso no es todo: bajo la figura de AFTIC, como ya adelantara iProfesional, el oficialismo controlará el dinero que ingrese al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), conformado a partir de los aportes que, desde hace años, realizan las empresas de telefonía, que deben destinar el 1% de su facturación mensual.

Esta caja fue creada en tiempos del gobierno de Fernando de la Rúa y comenzó a recibir transferencias a partir del 2010. En la actualidad cuenta con $2.300 millones y "va por más", ya que sigue creciendo como un "taxímetro" que aporta a razón de $70 millones cada mes que transcurre, de la mano de los fondos que destinan las compañías.

Esta suma acumulada hasta hoy nunca fue ejecutada por el kirchnerismo, pese a que debería haberse volcado a la expansión de las comunicaciones en zonas descartadas por las telefónicas por no ser rentables.

La futura influencia del FFSU aparece como el aspecto más relevante del marco.

Para Enrique Carrier, titular de la consultora Carrier & Asociados, "de hacer uso de estos fondos del servicio universal, que se engrosan mes a mes, se estaría en condiciones de reflotar a Arsat como proveedor de contenidos. La ley establece que esa suma, hoy depositada en un banco, pasará a ser propiedad del Estado".

En este sentido, emerge un dato clave: "El marco también fija que las autoridades que se designen para AFTIC se deberán quedar por cuatro años. Es decir, quien sea designado bajo esta gestión  operará incluso con el próximo Gobierno, sea cual fuere", apunta Carrier. 

Y agrega: "En ese escenario, se podría con tranquilidad poner a funcionar a Arsat como operador, con la ventaja de poder conectarse a las redes ya existentes, e incluso con posibilidad también de actuar en el negocio de la telefonía 4G. Después de todo, no se le asignó nada a Arlink, la empresa de Vila-Manzano que quería incursionar en este ámbito".

La batalla que no será

Mientras cobran cada vez más fuerza las versiones de que el camporista Norberto Berner, actual secretario de Comunicaciones, quedará al frente de AFTIC, en el sector reconocen que la batalla entre Clarín y las "telcos" por la provisión de contenidos audiovisuales podría enfriarse levemente. 

En definitiva, la flamante ley no hará más que mantener el "status quo", dado que el Gobierno decidió suprimir la posibilidad de que las telefónicas ofrezcan televisión satelital.

"Con el veto de este permiso, ya no se puede hablar de un proyecto a favor de las telefónicas. Si quieren dar televisión, las operadoras tendrán que desembolsar mucho dinero para establecer una red. Por eso, lo más probable es que, de hacerlo, implementen la tv sólo en las zonas que les resulten más rentables", comenta Carrier.

"Para dar televisión por Internet (IPTV), las telefónicas tienen que asegurar un ancho de banda, como mínimo, de 12 megas. Hoy el estándar está en 6, aunque en la práctica el rango se mueve incluso por debajo de ese nivel. Esto significa que, para poder brindar un buen servicio, las compañías que quieran desembarcar en este negocio deberán desembolsar varios millones de dólares", agrega.

Por otro lado, las empresas de telefonía también deberán hacer pie en un mercado en donde el cable ya tiene un importante market share, con un negocio consolidado desde hace años y con usuarios insertos en una cultura de consumo de ese servicio muy atado a esa tecnología.

"Para poder dar televisión, las operadoras deberían implementar una estrategia por demás agresiva, porque la torta ya está distribuida. La única opción que les queda es salir a ´comer porciones´ de un negocio que ya controlan otros jugadores", sostiene Carrier.

Otro elemento que juega en contra de la capacidad financiera de las proveedoras de telefonía está en la licitación para dar servicios de 4G.

Recientemente se conoció que, para desembarcar en el nuevo mercado, Claro aportó más de u$s280 millones, mientras que Movistar destinará casi u$s210 millones a las arcas del Estado.

Todo esto atenta contra la maniobrabilidad económica de las "telcos".

"Desde el punto de vista del usuario, el servicio no cambiará en este aspecto. Donde sí habrá novedades es en la mayor influencia del Gobierno, al tomar las riendas del ente de control y ejercer influencia sobre oferta, calidad y precios", anticipa el analista consultado.

¿Cómo podrá influir el Gobierno?

Martín Becerra, especialista en medios e investigador del Conicet, critica el marco alegando que la ley "le otorga a la autoridad de aplicación una altísima discrecionalidad para interpretar y gestionar como se le antoje". 

"Otro problema es la noción de ‘posición significativa de mercado' -que destaca la norma-, que autoriza a una intervención más robusta del Estado, por ejemplo, exigiendo la separación funcional de un operador", declara.

Esto es leído por los especialistas como un punto tendiente a marcarle la cancha a Cablevisión.

"La ley habla de regulación asimétrica, es decir, que no se regulará por igual la actividad de todos los actores sino según el tamaño de cada uno", precisa Carrier.

Becerra también señala que la norma "sostiene que las redes de transporte de comunicaciones serán compartidas y que será obligatoria la interconexión, sin especificar si se trata de los ductos, los postes u otras infraestructuras".

"Está bien que grupos como Telefónica, Telecom, Telmex o Clarín abran sus redes a terceros, que estén obligados a alquilarlas a un precio que no sea abusivo, pero no debería pesar la misma obligación sobre cooperativas y Pymes. Lo propuesto en la ley no sería justo y producirá mayor concentración de mercado", advierte el analista.

DirecTV, monopólica y gran beneficiada por el Gobierno

La nueva ley declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La iniciativa del Poder Ejecutivo también introduce cambios en el régimen del servicio universal que deben prestar las "telcos"; elimina la larga distancia nacional -que implica mayores costos de llamadas- y prevé velocidades mínimas de las conexiones.

En tanto, la telefonía fija seguirá siendo un "servicio público" y su tarifa continuará regulada bajo el sistema de audiencias (públicas).

El marco incorpora la prohibición de brindar el servicio de televisión satelital para las empresas telefónicas, sistema que ya utiliza en el país DirectTV. Por cierto, esta empresa es la gran beneficiada y es la que más disfruta del nuevo marco de ley.Curiosamente, está amparada por los beneficios "exclusivos" que le da el Gobierno, siendo que es una firma de capitales extranjeros que es señalada por dañar a cientos de pequeñas y medianas empresas de cableros nacionales.

DirectTV, ajena a las controversias, mantendrá el "monopolio aéreo", sin tener que dar mayores explicaciones sobre las tarifas que cobra o del tipo de servicios que ofrece. 

Mientras DirectTV crece sin restricciones por aire, el resto de las empresas tendrán que pelearse para tener un punto más de share o ganar un usuario por tierra.