Provincia: no habrá cláusula de ajuste a proveedores en licitaciones

Las Pyme proveedoras de bienes y servicios no podrán ajustar el monto de las licitaciones y contrataciones, de acuerdo con los ajustes salariales que realicen En una resolución adoptada en las últimas horas, el gobierno bonaerense, encabezado por Felipe Solá, rechazó el pedido de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado bonaerense (Femape) que reclaman la incorporación de una cláusula de ajuste salarial, que incremente el valor de bienes y servicios en las licitaciones públicas y privadas, ante posibles aumentos en haberes de sus empleados.

Como habí­a anticipado Infobae, la Femape exigió una cumbre con Solá para solicitar la incorporación de una cláusula "gatillo" de ajuste salarial, pero el Ministerio de Economí­a bonaerense no cree posible esa medida porque "ya con los aumentos que debe encarar el Estado por los incrementos salariales es imposible para las finanzas actuales", explicaron a este medio cerca del ministro de Economí­a, Gerardo Otero.

El pedido de la cláusula fue adelantado hace meses por el presidente de la Femape, Daniel Amato, quien expresó que "el problema de las licitaciones en la provincia es que cuando se produce una conquista salarial por parte de un sector gremial, los costos son absorbidos por las empresas proveedoras, pero dentro del monto inicial que fue fijado en la licitación".

En consecuencia, según narró el dirigente empresario, las 1 .500 firmas proveedoras de bienes y servicios deben afrontar los hipotéticos aumentos para sus respectivos empleados, pero "sin la oportunidad de elevar el costo del trabajo que se realiza al Estado".

Precisamente, en un año convulsionado por la conflictividad laboral, la Femape pretende reunirse con el gobernador para que el Ejecutivo permita un eventual encarecimiento en los servicios de proveedores, si se concreta un incremento en los costos laborales, como derivación de la suba salarial.

• íreas conflictivas
  De acuerdo con un relevamiento de la entidad, el Ministerio de Salud, encabezado por Ismael Passaglia, es una de las áreas más problemáticas por la puja salarial que lideran los gremios que nuclean a trabajadores de limpieza, seguridad privada e insumos hospitalarios.
  Dentro del universo de las 1.500 firmas proveedoras del Estado, aquellas que se adjudican licitaciones en las carteras de Salud y Educación son las que en este momento enfrentarí­an un panorama muy complejo.
  
  "í‰sta es una lucha histórica; hay que encontrar soluciones para que el empresario no absorba permanentemente los aumentos en los costos laborales, y al mismo tiempo, fije precios que deben mantenerse durante un año", explicó Amato.
  
  El temor de los empresarios también se funda en el hecho de que, como anticipó Infobae, comenzó una etapa normalizada de la economí­a provincial, donde las contrataciones directas dejaron el terreno progresivamente en favor de las licitaciones públicas y privadas.
  Hasta el año pasado, las contrataciones directas eran el mecanismo más utilizado por el estado provincial, pero Solá bajó claras directivas, decretos mediante, para la limitación de las contrataciones directas, hasta $40.000 como señala la Ley de Contabilidad, por considerar finalizada la emergencia.
  
  "Desde principios de septiembre, comenzaron a reemplazarse muchas contrataciones directas por las licitaciones públicas, como marca la Ley de Contabilidad, y esto define un precio de oferta al Estado que no se puede sostener durante un año ante la presión gremial por más aumentos salariales", dijo el titular de la Femape.
  
  A su vez, de acuerdo con una resolución de la Contadurí­a General de la Provincia, el organismo favoreció el proceso licitatorio por encima el de las contrataciones directas, por considerar –en función de los decretos de Solá– que "no hay razón alguna para adquirir bienes o servicios en forma continua, y por plazos de tres meses, por ejemplo, cuando una licitación asegura la relación laboral por un año".
  
  Amato puntualizó que la medida oficial de priorizar las licitaciones privadas y públicas da un "horizonte de previsibilidad mayor ya que las licitaciones aseguran el trabajo de las Pyme por un año, y no con contratos directos de tres meses, que se renuevan constantemente ante la incertidumbre del empresario".
  
  Solamente se permitirán contrataciones directas mayores a $40.000, cuando se trate de una compra de "emergencia".
  Respecto de la aplicación de las Pyme a las futuras licitaciones públicas, Amato señaló que no habrá mayores dificultades para integrarse a las compras ya que "quedó atrás la crisis más severa cuando los empresarios no podí­an presupuestar su trabajo a un año y debí­an esperar seis meses para la orden de compra".
  
  De acuerdo con la Ley de Contabilidad, existe el tercer instrumento de las licitaciones privadas, que deben oscilar entre montos de 40 mil a 400 mil pesos, y que también reemplazarán a las contrataciones excesivas, emergentes de la crisis económica.
  
  
• Reacción
  Según diversas consultas efectuadas por este medio, proveedores de diferentes ministerios están analizando la posibilidad de abandonar ciertos servicios porque el notable incremento en los costos laborales les impide obtener un razonable margen de rentabilidad en los servicios que actualmente prestan en el estado bonaerense.
  
  No obstante, desde la Femape argumentaron que "no hay punto de comparación entre la actual situación y la vivida durante los últimos años cuando directamente el Estado nos postergó en los pagos, ante las prioridades que emanaban del pago en término a los empleados públicos, y encima con patacones".

FRANCISCO MARTIRENA
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